PAÍS
A los escándalos por maltrato laboral, se suma una grave denuncia por extorsión, realizada por exfuncionarios del Gore de Coquimbo, que acusan a la suspendida gobernadora de desviar fondos para financiar su campaña. Había que “pagar en efectivo para que no quedara evidencia”, dice uno de ellos.
Luego de cargar su equipaje y el de Krist Naranjo en el automóvil fiscal, tras regresar de una cumbre latinoamericana de gobiernos regionales realizada en Argentina, Leonardo Pastén se subió al vehículo y se acomodó a un costado del chofer.
–¿A dónde vas, Leo? –le preguntó Naranjo.
–A La Serena, gobernadora –respondió el periodista.
Lo que pasó a continuación fue tan inesperado, asegura Pastén, que lo dejó sin palabras.
–No puedes ocupar este auto, es exclusivo mío. Tienes que bajarte –le dijo la ahora suspendida gobernadora de la Región de Coquimbo.
Pastén recuerda haber cruzado miradas con el chofer, quien solo habría atinado a encogerse de hombros. No le quedó otra opción que bajarse del vehículo y quedarse toda la noche dando vueltas en el aeropuerto de Santiago. Allí intentó dimensionar los hechos y analizar el origen del desaire.
–Me preocupé de los protocolos, las relaciones internacionales, las hice de camarógrafo, fotógrafo, hasta chaperón –dice hoy, recordando cómo llegó a cuestionarse incluso su propio desempeño.
Así pasó toda la noche, sin encontrar una explicación coherente. Cuando amaneció, tomó locomoción hasta el terminal de buses y compró un pasaje de vuelta a La Serena. Fue el domingo 6 de noviembre del año 2022. Diez días más tarde, la gobernadora volvería al extranjero. Esta vez a Egipto, a la COP27.
Krist Naranjo Peñaloza llegó a la papeleta de la segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales, a mediados de mayo de 2021, pasando de ser una candidata desconocida a transformarse en una carta con reales posibilidades de triunfo.
Afiche de campaña de Krist Naranjo.
Sus credenciales: ser ceramista, arquitecta, monitora de yoga, artista visual, independiente, feminista y ecologista. Una trayectoria alejada de los partidos políticos tradicionales, que sintonizó con las demandas sociales posestallido y una ciudadanía decepcionada por el fraude de $9.800 millones en la Intendencia Regional, conocido como el “Papaya-Gate”.
Naranjo fue finalmente elegida gobernadora regional, como independiente en cupo del Partido Ecologista Verde (PEV), ganando en primera vuelta a Ricardo Cifuentes (DC) y en segunda a Marcos Sulantay (UDI), ambos actuales diputados por la misma región.
La hasta entonces desconocida encargada de Gestión Ambiental en el municipio de Monte Patria había sido compañera en la Universidad del Bío-Bío del diputado Félix González, en ese tiempo presidente del PEV, quien le garantizó un cupo, convirtiéndose en la única mujer candidata de la elección.
–Nosotros, de buena fe, abrimos cupos para que independientes, con una visión verde, pudieran presentarse a la elección. Y eso es un riesgo, porque algunos llegan a cargos públicos sin tener experiencia política y a veces decepcionan. Otra cosa es con guitarra –comentó el parlamentario.
Leonardo Pastén conoció a Krist Naranjo en esa época, antes de ser convocado por ella a trabajar en el Gobierno Regional. Recuerda que estaban en plena pandemia y que la ayudó a gestionar la campaña de redes sociales, coordinando reuniones telemáticas con grupos de vecinos. En una ocasión, en un encuentro virtual con un movimiento territorial constituyente, la presentó a una asamblea con más de 50 personas conectadas.
–Ingresé a la reunión, leí un poco de su biografía y le di el pase. Pasaron como 40 segundos y no decía nada. Yo pensé que estaba muteada o se había pegado la imagen. Después, cuando se pone a hablar, comenta frente a todos que yo había comprometido el apoyo de toda la asamblea. Me dejó como el forro. Ahí entendí que tenía problemas graves de comunicación –recuerda.
Krist Naranjo fue apoyada en segunda vuelta por los alcaldes independientes de la región: Alí Manouchehri, de Coquimbo; Carmen Olivares, de Río Hurtado; y Cristian Herrera, de Monte Patria. La candidata obtuvo un total de 65.550 votos, ganando con más del 60% de los sufragios, transformándose en la primera gobernadora electa en la Región de Coquimbo.
Apenas asumió en el Gobierno Regional, el 14 de julio de 2021, Krist Naranjo mostró un estilo avasallador. En menos de una semana destituyó a su jefa de gabinete, Claudia Valenzuela, militante del Partido Ecologista Verde, a quien ella misma había convocado para asumir el cargo.
Su desvinculación, según le comunicó la propia Naranjo, se debía a que era militante de un partido y que sus vínculos políticos podían afectar su imagen de “independiente”.
–Eso es lo que más me sorprende, porque ella me conoce, anduvimos juntas en campaña y me ofreció el cargo. Sabía perfectamente quién soy, no puedo borrar mi historial político –comentó en la oportunidad Valenzuela.
El expresidente del Partido Ecologista Verde en La Serena, Tirso González, cuenta que también trabajó en la campaña de Naranjo, trasladándola en su auto a distintas localidades de la región y que, una vez electa –al otro día–, dejó de contestarle el teléfono. Su suerte, en verdad, fue otra.
–Cuando ganó la elección, la gente de Santiago nos preguntaba si íbamos a ser parte del Gobierno. Pero nada, nos bloqueó totalmente –dice.
A pesar del breve paso de Valenzuela por el cargo, hubo otra persona que duró menos que la exjefa de gabinete. Fue un “enlace” asignado por la PDI, Paulina Davis, que fue desestimada por la gobernadora, pues consideró que para esas funciones requería un hombre. La mujer duró menos de 24 horas en el puesto, decisión que llamó la atención en los círculos feministas de la región.
Eso no fue todo. Durante su campaña, Naranjo aseguró que era arquitecta y que tenía estudios de permacultura en Argentina. Cada vez que le preguntaban por su profesión respondía con evasivas, al punto que el Colegio de Arquitectos solicitó públicamente su título. Tras la primera asignación de sueldo, en el Portal de Transparencia, quedó en evidencia que solo tenía estudios en el área.
Los altos gastos en la remodelación de la vivienda fiscal asignada a la autoridad, ubicada en La Serena, también generaron controversia, considerando el alto sueldo de la gobernadora –casi 9 millones de pesos– y el discurso previo a asumir, respecto de la “optimización de recursos”. En total, el Gobierno Regional gastó alrededor de 25 millones de pesos en la reparación del inmueble.
Los conflictos recién comenzaban. En abril de 2022, el chofer de la gobernadora, Eduardo Torres, entregó un informe a la unidad administrativa del Gobierno Regional, indicando que Naranjo habría hecho uso del vehículo fiscal con fines particulares, como ir de compras a un mall, acudir a una cita médica y trasladar a su hijo a la universidad.
Cuando el conductor decidió encarar a Naranjo por hacerlo trabajar en su día libre, la gobernadora le contestó: “Eduardo, vamos a tener que analizar su situación, porque yo requiero un chofer disponible a mi cargo. Y se le paga viáticos. Si no, no me sirve”, relató el funcionario en el informe.
A medida que la gestión avanzaba, las denuncias por abuso, acoso y maltrato comenzaron a aumentar. Hasta mayo del año pasado existían al menos siete demandas por vulneración de derechos, interpuestas por diversos jefes de área, como Alejandra Casanova, jefa de la División de Planificación; Boris Muñoz, jefe jurídico; Marcela Torres, jefa del Departamento de Proyectos; y Gabriela Calderón, jefa de la División de Inversiones y Presupuesto, entre otros.
–Ella tiene un carácter difícil, empecé a notarle personalismos muy poco aconsejables, que daban la impresión de que el triunfo era solo de ella. Entonces no aceptaba interpretaciones sobre determinados hechos o acontecimientos, siempre se quedaba con su propia y única idea –dice el exjefe jurídico Boris Muñoz, hoy candidato a concejal por el Partido Comunista.
Los maltratos se traducían, además, en despidos injustificados, que suman a la fecha alrededor de 18 personas, en su mayoría funcionarios de confianza llevados por la misma gobernadora. También existen denuncias de traslados de funcionarios a secciones donde tenían nula competencia.
–Sabemos que es una facultad que tiene ella, eso nunca lo hemos puesto en duda, pero la medida genera conflictos porque, aparte de trasladar a un funcionario a un lugar donde nunca ha trabajado, tampoco lo reemplazan, recargando laboralmente a los que se quedan –explica Manuel Barraza, presidente del sindicato Nueva Asociación de Funcionarios Gobierno Regional.
Al margen de la serie de maltratos denunciados, hubo situaciones cotidianas que bien podrían calificar de hostigamiento, presiones diarias que lindaban –aseguran varias fuentes– en una suerte de “control patológico”. Una funcionaria cuenta que una vez llegó a su escritorio una hoja de Excel con horario de entrada y salida del baño.
–Tenía que detallar la hora que entraba y salía del servicio higiénico. O sea, intentaban controlar cuánto me demoraba en hacer pipí. Yo pregunté si era un chiste o una broma, pero no, era verdad –cuenta una profesional a la que trasladaron a una oficina totalmente ajena a su especialidad y que estuvo con licencia médica varios meses.
En otra ocasión, la administradora regional, Karina Aguirre, envió un correo electrónico a los funcionarios advirtiendo que estaba prohibida la salida del edificio del Gobierno Regional “después de marcar la entrada a sus puestos de trabajo”.
“Se ve muy feo para la comunidad el paseo que existe y el tiempo que se demoran sin importar que es un tiempo valioso para nuestro trabajo, del día a día”, escribió en un mail al que tuvo acceso El Mostrador.
Los conflictos se expandieron a las reuniones con los consejeros regionales (Cores), donde Naranjo llegó incluso a silenciar sus micrófonos, disputa que terminó en tribunales, después que el total de los miembros del consejo presentara una querella contra la gobernadora por malversación de caudales públicos –por viajes a Egipto, México y Argentina– y haber pagado $30 millones en multas, con dinero del Gobierno Regional, a trabajadores que la denunciaron por acoso laboral.
En paralelo, todos los Cores –desde el Partido Comunista a Republicanos– solicitaron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) remover de su cargo a la gobernadora regional por “notable abandono de deberes”, debido al cuestionamiento por los viajes, el pago de indemnizaciones y el uso indebido de vehículo fiscal.
Respecto de esta última falta, la Corte Suprema decidió suspender por dos meses de su cargo a Krist Naranjo, ratificando una decisión anterior de la Contraloría General de la República. La sentencia, decretada a fines de junio, determinó reducir su salario en un 50% y todavía la mantiene fuera del Gobierno Regional.
No son estas denuncias, sin embargo, las que tienen entre las cuerdas a la suspendida autoridad. Dos exfuncionarios acusan haber sido obligados a devolver parte de los dineros entregados por funciones críticas, fondos que serían utilizados para la campaña de reelección de la gobernadora, denuncia que está siendo investigada por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de La Serena, Carlos Vidal, y la nueva Unidad Anticorrupción del OS-7 Carabineros.
“¿Cómo se financia una campaña política?”, fue la pregunta que Krist Naranjo formuló a varios de sus colaboradores más cercanos. La mayoría le respondió que ahora existía una ley de financiamiento de campañas y que era común hacer una “vaquita” entre las personas más cercanas. Un asunto de voluntarismo, recalcaron.
En agosto del año pasado, la gobernadora citó a su equipo a una reunión en su despacho, incluyendo a varios jefes de unidad. Naranjo les dijo que había decidido ir a la reelección y luego, sin el más mínimo pudor, añadió que necesitaba que “la ayudaran con plata”. Todos se miraron, inquietos, intentando descifrar el alcance de la propuesta.
–He estado pensando que podrían aportar con parte del bono de asignación de función crítica –dijo.
La Asignación de Funciones Críticas, AFC, es un beneficio utilizado en la administración pública para evitar la “fuga” de funcionarios hacia el sector privado. Es adicional al suelo y se utiliza particularmente en cargos directivos. Una suerte de sobresueldo, regulado por la Ley 19.863, cuya asignación es discrecional. Y, en el caso del Gobierno Regional de Coquimbo, depende exclusivamente de la gobernadora.
–¿Cuánto creen ustedes que pueden aportar? –insistió Naranjo.
Uno de los presentes en la reunión recuerda que todos miraban el techo, incómodos, sin saber qué responder.
–Estaba pensando en 500 mil pesos mensuales –volvió a la carga.
El monto, en rigor, era la mitad de lo que el beneficiado debería recibir mensualmente. El plan, continuó la gobernadora, era rotar mensualmente el dinero entre cuatro personas. Al que le tocaba la asignación entregaba lo acordado y el que no, debía aportar con un mínimo de 50 mil pesos.
La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a la denuncia realizada por dos exfuncionarios, donde dan cuenta de que a los jefes de unidad –gabinete, prensa, desarrollo social, planificación y presupuesto– se sumaron el encargado de redes sociales, la jefatura de oficina de agua, el jefe jurídico, el jefe de infraestructura y el de fomento e innovación.
Fue la propia gobernadora quien designó como recaudadora a la administradora regional, Karina Aguirre, quien se encargó de “recolectar los dineros por mano, para luego entregárselo en efectivo a la gobernadora, tanto en la casa fiscal que utiliza como en su oficina en el Gore”, según dice el documento.
La declaración de uno de los denunciantes apunta que “la exigencia era pagarle en efectivo para que no quedara evidencia”, pero que hubo ocasiones en que se realizaron transferencias bancarias a la administradora regional. El Mostrador pudo acceder a uno de estos depósitos, que da cuenta de un pago de 500 mil pesos a Karina Aguirre, realizado el 29 de agosto de 2023.
Depósito realizado a Karina Aguirre, administradora regional.
Uno de los funcionarios declaró que se sentían obligados a “acatar” la propuesta de la gobernadora, pues “ella evaluaba y veía los grados de confianza en base al monto del dinero que recibía”.
Si alguien se negaba a pagar la cuota, implicaba una rebaja sustancial en su sueldo, como fue el caso de algunos trabajadores a honorarios. “El exjefe de gabinete fue sacado del cargo a un rango muy inferior y finalmente no se le renovó contrato tras obstaculizar sus funciones. En tanto, a la encargada de protocolo, se le vulneran a diario todos sus derechos como ser humano y funcionaria”, añade el documento.
Para el diputado José Manuel Fuenzalida (UDI) –quien recibió las denuncias y luego las derivó al Ministerio Público–, se trataría “no solo de un delito de alta connotación pública, sino también un acto de corrupción, toda vez que implica apropiarse de fondos que están establecidos en la Ley de Presupuestos para, a través de un tercero, apropiarse de ellos”.
Según estimaciones de los denunciantes, hasta diciembre del año pasado, la gobernadora habría recaudado alrededor de 10 millones de pesos. Tras el escándalo, Krist Naranjo decidió no participar en las elecciones del 27 de octubre próximo. En su última intervención pública aseguró que su candidatura, patrocinada por el partido Federación Regionalista Verde Social, había sido “bajada directamente desde el Gobierno Central”, culpando nada menos que al Presidente Boric.
El Mostrador intentó comunicarse infructuosamente con la suspendida gobernadora regional, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos ninguna respuesta de parte de ella o de su entorno.
