PAÍS
Cristian Ascencio
Se ubican en los extremos norte y sur. En Sierra Gorda, Región de Antofagasta, aparecieron inscritos en el nuevo padrón políticos y funcionarios vinculados a la senadora Paulina Núñez. Un asesor de ella es candidato a alcalde allí.
Un total de 19 comunas en Chile registran más electores que habitantes, según el último padrón dado a conocer por el Servicio Electoral (Servel). En 17 de ellas el problema se viene arrastrando desde elecciones anteriores, pero en este nuevo padrón se suman dos a la lista: Tortel (en la Región de Aysén) y San Gregorio (en la Región de Magallanes).
Varias de estas comunas registran en el actual proceso aumentos de votantes fuera de lógica. Un ejemplo es Ollagüe, un villorrio de menos de 300 habitantes, pero que hoy tiene más de 100 nuevos inscritos, con un total de 1.419 votantes. Algo similar ocurre en Sierra Gorda, también en la Región de Antofagasta, donde el padrón creció desde 1.935 electores en 2023, a 2.632 en 2024. Sierra Gorda, por cierto, tiene solo 1.800 habitantes.
Los aumentos de padrón en ambas comunas habrían incluso sido más pronunciados si el Servel no hubiera objetado otros 221 cambios de domicilio hacia Sierra Gorda y 301 hacia Ollagüe. De hecho, el organismo anunció que enviará los antecedentes a Fiscalía, por las irregularidades detectadas en cinco comunas del país: Putre, General Lagos, Camarones, y las ya nombradas (Ollagüe y Sierra Gorda). Entre estos cinco poblados suman 1.844 cambios de domicilio electoral anulados.
Todas estas comunas se caracterizan por sus altos recursos. Por ejemplo, San Gregorio, donde se anunció un millonario proyecto de hidrógeno verde, tiene un presupuesto municipal de $4.435 millones para una población de 651 habitantes. En el nuevo padrón electoral tiene 752 inscritos.
En el caso de Sierra Gorda, en el último padrón aparecieron inscritos una serie de nuevos vecinos, entre ellos, la secretaria de la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez (Katherin Garmendia); un exseremi durante el Gobierno de Sebastián Piñera (Omar Farías); un exsubdirector del Servicio de Salud de Antofagasta (Rodrigo Sánchez); y una dirigente de los ramaderos de Antofagasta y excontratista del Hospital Regional de esa ciudad (Yasna Collao). Ninguno de ellos fue objetado por el Servel.
Coincidentemente, el asesor legislativo de la senadora RN Paulina Núñez, Diego Fernández, es actualmente candidato a alcalde en Sierra Gorda. En marzo de este año, circuló un audio en Antofagasta en el que una supuesta trabajadora de la campaña de Fernández intentaba convencer a una dirigenta de Antofagasta para que se cambiara a votar a Sierra Gorda (a una hora de distancia por carretera). Fernández presentó una querella contra Manuel Ramírez, vecino de Sierra Gorda a quien acusa de haber difundido el audio. Uno de los testigos de Fernández en la acción judicial es Rodrigo Sánchez, el exsubdirector del Servicio de Salud que ahora figura en el padrón de Sierra Gorda.
Sánchez, por su parte, además de su cargo en Salud, fue candidato a alcalde de Mejillones en la elección municipal pasada, aunque no fue elegido. Fue denunciado en Contraloría por presunto uso de recursos públicos en su campaña a la alcaldía mejillonina y despedido del Servicio de Salud en 2022.
Otro político que figura en el nuevo padrón de Sierra Gorda es Omar Farías Castillo, exseremi de Bienes Nacionales durante el Gobierno de Sebastián Piñera, aunque debió renunciar en agosto de 2019, porque fue acusado por Carabineros de conducir bajo los efectos del alcohol.
El Mostrador preguntó por los cambios de domicilio a Omar Farías, Rodrigo Sánchez, Diego Fernández y a la senadora Paulina Núñez. Sánchez respondió vía WhatsApp que “no tengo opinión que entregar al respecto y las elecciones son en octubre”.
Desde la oficina de la senadora Núñez, en tanto, explicaron que debería ser el candidato Diego Fernández quien se pronuncie sobre el tema, y que este, por su misma campaña, dejaría su puesto de asesor. Hasta el cierre de esta nota, Fernández no había contestado a los requerimientos de este medio.
Manuel Ramírez, el vecino de Sierra Gorda que fue querellado por Diego Fernández, explicó que junto a otros pobladores decidieron –luego de la publicación del nuevo padrón– presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue un posible delito de acarreo electoral.
“Yo firmo el escrito, pero somos varios vecinos los que estamos preocupados por esta situación que no es nueva, se viene repitiendo de elección a elección. Los otros no firman por temor a represalias”, afirmó.
Aunque en procesos anteriores se ha formalizado a electores que cambiaron su lugar de votación, para Ramírez es fundamental que ahora las investigaciones de la Fiscalía se centren en los “acarreadores”. “Obviamente, las personas que se cambian a otra comuna para votar, sin trabajar o vivir o en esa comuna, es porque alguien los está llevando a cambio de algún favor. Y esos políticos son los que hay que perseguir”, dijo.
Ollagüe, una comuna ubicada en la frontera con Bolivia y a 200 kilómetros de Calama, tiene menos población cada año, según el INE, que estima que este 2024 sus habitantes serán 269 personas. Pese a ello, su padrón llegó a 1.298, para la elección del Consejo Constitucional de 2023, y hoy es de 1.419. Por cierto, como se indica al inicio de esta nota, el Servel no permitió otros 301 cambios de domicilio hacia ese poblado, por lo que el aumento habría sido aún más pronunciado, de haberse admitido.
Víctor Nina, vecino de Ollagüe y excandidato a alcalde en esa localidad, explica que en cada elección suben decenas de buses con votantes desde Calama, por lo que los habitantes de ese poblado “nunca hemos podido elegir a un alcalde que sea realmente ollagüino”.
En la elección municipal de 2021, el actual alcalde, Humberto Flores (independiente), obtuvo 290 votos. En la anterior, en 2016, el ganador fue Carlos Reygadas (UDI) con 523 votos. Es decir, en ambas ocasiones los ganadores obtuvieron más sufragios que la población existente en la comuna.
La Fiscalía de Antofagasta anunció que abrirá una investigación de oficio por estos aumentos en el padrón. La jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Tamara Farren Llantén, sostuvo que la investigación tiene como objetivo “establecer o descartar la existencia de hechos que puedan revestir características de delito. Las indagatorias estarán en manos de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, quienes trabajarán en conjunto con el equipo de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja”.
Farren además recalcó que la normativa sanciona a quienes “soliciten votos por paga, dádiva o promesa, como también a aquellos que proporcionen datos falsos al solicitar un domicilio o bien a aquellos que inciten u organicen a electores para proporcionar datos falsos al solicitar cambio de domicilio electoral”.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, explicó que, entre las irregularidades detectadas en el norte de Chile, había inscripciones en domicilios sin numeración en calles que sí la tienen, numeraciones inexistentes y domicilios con cantidades de personas injustificables. “En Putre existen 95 solicitudes de cambios de domicilio electoral a una dirección sin número, siendo que la calle sí tiene numeración, y 26 hacia una dirección que corresponde a un negocio de abarrotes”.
Las comunas con más votantes que habitantes:
