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Abordó temas como crimen organizado, la situación en La Araucanía y los crímenes del Estado durante la dictadura militar y el estallido social. Además alertó del peligro de adoptar un enfoque excesivamente celoso que haga hincapié en la seguridad a expensas de los derechos humanos.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló que en Chile “existe una justicia para ricos y otra para pobres”.
La profesional emitió un informe con sus observaciones preliminares respecto al sistema judicial de Chile, tras una visita oficial en que conversó con varios actores de la sociedad. La relatora fue nombrada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por un periodo de tres años, ante el alza en la frecuencia de los ataques contra la independencia de jueces, abogados y funcionarios judiciales.
Satterthwaite es una académica y profesional de derechos humanos, a nivel internacional, con décadas de experiencia en el área. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global, y se desempeña como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.
“La urgencia de reformar el sistema de nombramientos judiciales ha quedado patente en recientes investigaciones periodísticas. Estas revelaron mensajes que apuntaban a tráfico de influencias en el nombramiento de jueces y otros cargos de designación judicial”, dice en el documento que emitió, que se puede consultar en línea.
En esa línea, añade que “escuché de muchos sectores que es valiosa la participación de los tres poderes en los nombramientos judiciales; si se mantiene esa participación, deben eliminarse los espacios para influencias indebidas”.
Asimismo, la relatora expresa su preocupación al “conocer sobre orientaciones dadas a los fiscales para solicitar la prisión preventiva cuando los agresores pertenecen a determinadas categorías sociales”.
También dio cuenta de una diferencia en el acceso a la justicia: “Mis interlocutores, entre ellos varios jueces, también me han señalado que existe una justicia para ricos y otra para pobres, y que las experiencias de los usuarios de la justicia dependen de sus medios económicos, su clase social y sus conexiones”.
Además, “los jueces me indicaron que gozan de un encomiable nivel de independencia en su labor diaria, con una mínima interferencia política“.
En el Centro de Justicia, la relatora pudo comprobar “los cuantiosos recursos que Chile ha invertido en la modernización de su infraestructura judicial penal“.
“He oído que el sistema judicial de Chile se ha digitalizado, con un portal web que brinda acceso a información y a los procedimientos, además de permitir procedimientos virtuales en zonas remotas. Me impresionó la labor profesional realizada por la Defensoría Penal Pública y el compromiso de los defensores. También descubrí que Chile tiene un recurso eficaz en su Academia Judicial, que permite a los candidatos judiciales meritorios dedicarse a prepararse a tiempo completo para esta importante carrera”.
También se manifestó “muy impresionada” por los esfuerzos adoptados por la Secretaria Técnica Igualdad de Género y no Discriminación del Poder Judicial de Chile para mejorar la representación de genero entre la judicatura.
“Hay que celebrar estos éxitos que se deben en gran medida al trabajo que ha realizado Chile para superar el legado de la dictadura militar estableciendo un sólido marco institucional y jurídico”.
Sin embargo, a continuación la relatora se pregunta “si estas sólidas instituciones chilenas ofrecen justicia a todos en igualdad de condiciones“.
“Durante mi visita, conversé con grupos en situaciones de vulnerabilidad y con organizaciones que trabajan con ellos, como los pobladores que habitan en viviendas inseguras, los ancianos, las personas LGBT, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. Me informaron de que estos grupos experimentan importantes dificultades para acceder a la justicia para la resolución de problemas comunes, como buscar protección frente a la violencia familiar, acceder a servicios para niños, niñas y adolescentes con discapacidades y obtener una vivienda segura“.
“Para algunos grupos, los problemas son graves: los inmigrantes se enfrentan a la separación familiar cuando no pueden pagar u obtener asistencia jurídica, y las víctimas de la dictadura soportan largos procesos judiciales para obtener recursos básicos”.
Por otro lado, expresó que “los pueblos indígenas de Chile carecen de reconocimiento en la Constitución y se enfrentan a retos fundamentales en relación con sus tierras y territorios; muchos no ven la forma de hacer valer sus derechos humanos básicos a través del sistema legal“.
Además, citó que las investigaciones demuestran que la “clase media empobrecida” también presenta dificultades para obtener asistencia jurídica, “ya que no reúne los requisitos para recibir asistencia jurídica gratuita y a menudo no puede permitirse el elevado costo de un abogado privado”..
“Me dijeron que los ricos se benefician de un sistema judicial eficaz que permite la tramitación acelerada de sus causas hasta evitar de penas de cárcel, mientras que los menos afortunados se ven atrapados en largos procedimientos y reciben penas más duras. Esta experiencia diferenciada se agrava cuando las dificultades económicas se entrecruzan con la discriminación, y los perfiles raciales obstaculizan el trato justo a las comunidades de pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes” afirmó.
La relatora además apuntó a la Corte Suprema y su sistema jurídico, que “ha captado especialmente la atención pública a la luz de las acusaciones de tráfico de influencias en los nombramientos para la Corte Suprema y la Fiscalía General“.
“A medida que han ido apareciendo detalles de estas acusaciones, se ha intensificado el escepticismo público y se ha trazado un panorama inquietante de un Poder Judicial en el que las consideraciones políticas o personales pueden eclipsar los nombramientos basados en el mérito”.
La relatora cree que estos problemas pueden resolverse, ya que “las instituciones chilenas son sólidas, el país cuenta con abundantes recursos y los chilenos quieren encontrar formas de avanzar”.
“Observé un amplio acuerdo sobre la necesidad de una reforma que refuerce el sistema judicial. Se necesita de una acción audaz y una auténtica voluntad política para abordar los problemas sobre los que todos están de acuerdo, y para aplicar los cambios antes de que el público se rinda ante un sistema que actualmente considera defectuoso pero redimible”.
Incluso en la Corte Suprema existe “un fuerte consenso -desde abajo hacia arriba- sobre la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de las que es responsable la Corte Suprema”.
“En la actualidad, la Corte Suprema se sitúa en la cúspide de un sistema jerárquico en el que revisa las decisiones de los jueces de los tribunales inferiores, emite directrices, proporciona supervisión económica y supervisa la disciplina y la evaluación de esos mismos jueces. Además de contribuir a la sobrecarga de la Corte Suprema, esta jerarquía impide la independencia interna de los jueces. La propia Corte Suprema apoya los cambios exigidos, que también se incluyeron en ambos proyectos constitucionales”.
Por estos motivos, la relatora instó a Chile a adoptar las enmiendas constitucionales necesarias para eliminar las responsabilidades administrativas y de supervisión de la Corte Suprema de manera expedita.
“La urgencia de reformar el sistema de nombramientos judiciales ha quedado patente en recientes investigaciones periodísticas. Estas revelaron mensajes que apuntaban a tráfico de influencias en el nombramiento de jueces y otros cargos de designación judicial. Aunque este tipo de improcedencias han sido motivo de preocupación en el pasado, han dominado el debate nacional desde la publicación de los mensajes. Acojo con satisfacción la apertura de investigaciones sobre estas acusaciones, e insto a la Corte Suprema a que concluya en breve su trabajo sobre este asunto, adoptando medidas concretas para garantizar la transparencia, el comportamiento ético y la integridad del poder judicial“.
Las propuestas de reforma han abordado “la participación de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones en el nombramiento, la evaluación y la disciplina de los jueces de primera instancia y de los tribunales de garantía”.
“Como indiqué anteriormente, concuerdo en que estas competencias deben recaer en un órgano ajeno a la jerarquía judicial. Escuché de muchos sectores que es valiosa la participación de los tres poderes en los nombramientos judiciales; si se mantiene esa participación, deben eliminarse los espacios para influencias indebidas. Dado que las enmiendas constitucionales pueden llevar tiempo, animo a que se adopten procedimientos transitorios para cualquier nombramiento judicial”.
Estos procedimientos “deben ser transparentes, basarse en criterios preestablecidos y basados en los méritos, y contar con la participación activa de la sociedad civil para eliminar influencias indebidas. Además, recomiendo que los decretos sobre decisiones de nombramiento reflejen claramente los motivos de cada nombramiento”, afirmó, junto con tomar nota de “las preocupaciones sobre la posibilidad de que los consejos de la judicatura se politicen”.
“Recomiendo que Chile lleve a cabo debates francos sobre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades”.
La relatora también destacó el trabajo de los operadores de justicia y la preocupación por la seguridad.
“Si bien es cierto que Chile se enfrenta a nuevos y complejos desafíos, las respuestas al crimen organizado y a los fenómenos delictivos relacionados deben basarse en pruebas y no ser reactivas“, advirtió.
“Los jueces y fiscales amenazados deben recibir protección inmediata. Sin embargo, me preocupa que quienes configuran la política de justicia penal estén favoreciendo un enfoque punitivo frente a otro basado en los derechos humanos, lo que supone una mayor presión sobre el sistema judicial“.
A la relatora le preocupó conocer sobre orientaciones dadas a los fiscales para solicitar la prisión preventiva cuando los agresores pertenecen a determinadas categorías sociales.
“Junto con la creación de nuevos delitos y el establecimiento de penas obligatorias, estas políticas han provocado, al parecer, el hacinamiento en las cárceles y el aumento de la vulnerabilidad de ciertos grupos, como los migrantes y los pueblos indígenas”.
También alertó que en virtud de la cobertura periodística “en la que se presume la culpabilidad de los presuntos autores o no se explican las normas jurídicas aplicables”.
“En el contexto de una mayor preocupación pública por la seguridad, dicha cobertura puede ejercer una presión indebida sobre jueces y fiscales y posiblemente debilitar la confianza pública en la administración de justicia”.
Por otro lado, a la relatora le inquietaron especialmente las amenazas y los comentarios abusivos contra los fiscales que piden responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza en el estallido social.
“Las normas internacionales establecen que los operadores de justicia no deben ser atacados ni amenazados por ejercer sus funciones“, insistió.
“Me consternó oír que muchos casos pendientes de graves violaciones de derechos humanos, como torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de la época de Pinochet, siguen en curso. Las víctimas siguen esperando reparaciones, las familias siguen buscando a sus seres queridos y la sociedad espera la verdad”, dijo.
“Me preocupó especialmente oír que, debido a que estos casos se tramitan bajo el anterior Código de Procedimiento Penal de Chile, el secretismo y la oscuridad de los procedimientos complican las cosas. Las víctimas han esperado mucho tiempo a que se haga justicia y, si no se toman pronto medidas más decisivas, la avanzada edad de las víctimas de la dictadura puede desembocar en la impunidad”.
En ese sentido, le animó saber que la Corte de Apelaciones de Santiago se ha fijado el objetivo de estudiar 400 casos al mes para hacer frente al retraso y fomentar nuevas medidas en este sentido.
Asimismo, “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social es especialmente preocupante si se compara con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados“.
“Me preocupa especialmente oír que, en muchos casos, los presuntos delitos prescribirán en octubre de 2024, lo que aumenta la frustración de quienes soportan prolongadas esperas de justicia”.
La relatora también se manifestó preocupada por la situación en Araucanía. “La violencia y el conflicto no son motivos para dejar de lado las garantías procesales que sustentan el derecho a un juicio justo mediante una legislación especial”, dijo.
Además pidió el levantamiento del estado de excepción en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bíobío en la región del Bíobío. “Lamento el asesinato de los tres carabineros en abril de 2024 y los casos de incendios intencionales y violencia armada. Pero me disgustó oír denuncias de periodos de prisión preventiva excesivamente largos, sentencias duras y discriminación en la aplicación de la ley y en los procedimientos. Me preocupé aún más cuando me enteré de que los imputados llegaban al juicio con chalecos amarillos y esposados de manos y pies, una práctica que parece carecer de base legal“.
También le alarmó oír que numerosos detenidos mapuches recurrían a huelgas de hambre, “ya que acciones tan drásticas deberían ser poco frecuentes en un sistema jurídico bien desarrollado y con capacidad para tratar a todos por igual“.
“Al parecer, algunas de estas huelgas estaban relacionadas con solicitudes de beneficios durante la detención a las que las personas ya podían tener derecho. Aunque los informes indican que la legislación antiterrorista ya no se utiliza contra los mapuches, me angustió oír que las mismas prácticas continúan bajo una legislación diferente. Además, el encuadre de la situación bajo el estado de excepción en el debate legislativo y en los medios de comunicación puede distorsionar la percepción de la situación de seguridad, poniendo aún más presión sobre los jueces que trabajan en la región. Examinaré más detenidamente estas alegaciones para mi informe”, indicó.
En los comentarios finales del reporte, la relatora se manifestó “profundamente impresionada por los notables esfuerzos y la valentía de la sociedad chilena para restaurar la democracia tras la dictadura”.
“Chile ha vuelto con fuerza a la gobernanza democrática, como demuestran sus dos recientes procesos de reforma constitucional. El progreso hacia la construcción de una sociedad democrática ha dado lugar a una sociedad civil vibrante y robusta”.
No obstante, agregó que es “es vital reconocer que es necesario abordar las desigualdades sociales persistentes para cumplir la promesa de una democracia justa e inclusiva”.
“Estos debates se están produciendo en medio de desafíos sin precedentes para Chile, incluidos los impactos de un clima cambiante, la creciente influencia de las industrias extractivas y las nuevas preocupaciones de seguridad que parecen dominar otros debates nacionales. Sin embargo, advierto del peligro de adoptar un enfoque excesivamente celoso que haga hincapié en la seguridad a expensas de los derechos humanos. Me alienta la genuina determinación de diversos sectores de la sociedad para hacer frente a estos desafíos, lo que refleja el inquebrantable compromiso del pueblo chileno con la democracia”, concluyó.
