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Foto: AgenciaUNO
Unos 25 mil clientes siguen sin luz, y Enel enfrenta un ultimátum del Gobierno. El titular de Energía propuso una participación estatal en la distribución eléctrica mediante una empresa pública. Sin embargo, desde el MOP, Interior, Segegob y Economía se distanciaron y matizaron la propuesta.
Desde el pasado viernes 2 de agosto, la Región Metropolitana ha enfrentado una grave crisis eléctrica tras un intenso sistema frontal, que ha dejado a miles de hogares sin suministro. La compañía Enel, de capitales italianos, ha tenido serias dificultades para restablecer el servicio. Se registran hogares afectados, principalmente en comunas como Conchalí, Lampa, Quilicura y Pudahuel. En total, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), unos 25 mil clientes están sin luz a nivel nacional, con la Región Metropolitana a la cabeza.
El descontento en Conchalí escaló hoy cuando vecinos, liderados por el alcalde René de la Vega, se manifestaron frente a las oficinas de Enel en Santiago—aunque la nueva sede de la compañía está ubicada en el Mercado Urbano Tobalaba de Las Condes—. Los residentes, en su mayoría adultos mayores, protestaron con pancartas y silbatos por la falta de respuesta de la empresa. Según la SEC, Conchalí tiene 333 hogares sin suministro, mientras que otras comunas superan las mil viviendas afectadas.
El malestar por los cortes prolongados y el aumento de tarifas ha generado una intensa preocupación en La Moneda, el Congreso, el empresariado y en la propia industria eléctrica. De hecho, tal como adelantó El Mostrador Semanal, se abrió una puerta que parecía cerrada. Y es que la crisis tiene al Gobierno considerando quitarle la concesión a una de las empresas cuestionadas, Enel, y al ministro de Energía, Diego Pardow, hablando abiertamente de meter al Estado en el negocio de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal.
Pardow expresó a La Tercera que “creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”. Sin embargo, la idea generó resistencia, incluso al interior del propio Gobierno.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, desestimó la idea de su par de Energía, argumentando que el Estado no tiene los recursos para realizar las inversiones necesarias en infraestructura eléctrica y que el modelo actual de alianza público-privada es más viable.
En conversación con Radio Duna, la titular del MOP aseguró: “El Estado tiene recursos limitados. Cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica (…) uno dice ‘¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas esas inversiones?'”.
“Yo lo veo complicado”, añadió la ministra López. Por eso, dijo, “se ha recurrido en nuestro país al sistema de alianza público privada, porque con los presupuestos anuales del Estado no da el espacio para invertir todo lo que tenemos que invertir en infraestructura en nuestro país”. Aseveró, asimismo, que “pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una ‘volá’, no hay posibilidad”.
Eso sí, la idea del ministro Pardow fue apoyada con matices por la ministra del Interior, Carolina Tohá. En una actividad del plan Calles sin Violencia, Tohá se mostró a favor de la apertura de la idea de una empresa eléctrica estatal, pero recalcó “que se pueden discutir muchos modelos, pero en este momento lo que hay que hacer es que el modelo que tenemos opere”.
La ministra vocera, Camila Vallejo, coincidió en que la prioridad es resolver la crisis inmediata y no la creación de una nueva empresa estatal en este momento. “El Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor que hoy día las distribuidoras eléctricas hacen”, declaró.
La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) agregó que el foco y los esfuerzos del Gobierno están puestos en la reposición del suministro a todas las familias, en tanto hay “otro ámbito que es de una discusión más de mediano y largo plazo, que es cómo nuestro país va a enfrentarse a situaciones eventuales de este mismo tipo, y eso implica no solamente discutir cómo podemos mejorar el marco regulatorio, sino que incluso discutir si es que es necesario alguna participación complementaria del Estado en materia de distribución eléctrica, como hay otras experiencias en el mundo”.
Ahora bien, Vallejo señaló que eso “no es una solución que sea imponible o que se pueda imponer, sino que es una discusión democrática que hay que dar con la política, con el Parlamento y también con los expertos y las expertas en esta área”.
Desde el Ministerio de Economía, el jefe de la cartera, Nicolás Grau, aseguró que “cuando uno tiene un resultado de esta naturaleza, que termina afectando de una forma tan dramática a los chilenos, por supuesto que tiene que estudiar alternativas“.
“Acá lo que importa es que las personas reciban un servicio que es el adecuado. Eso no ha ocurrido porque las empresas no lo han hecho bien. Y no lo han hecho bien de forma sistemática“, aseguró el secretario de Estado en CNN Chile. Grau recalcó que “eso implica conversar y discutir distintos modelos. Lo importante es que esa conversación siempre sea lo más pragmática posible y no olvide que, lo que uno busca, es que las y los chilenos tengan un buen servicio“.
Desde la Sofofa, su presidenta Rosario Navarro, consideró que es fundamental abordar este tema con la seriedad y profundidad que requiere. “La distribución eléctrica es una industria esencial, altamente regulada por el Estado. Enfocar el debate en la estatización de esta industria puede ser precipitado y no aborda el real problema de fondo sobre la necesidad de modernizar la regulación de la distribución eléctrica, porque en manos privadas o estatales, este es un sector regulado y por lo tanto son las deficiencias en esa regulación las que deben concentrar nuestra atención”, comentó Navarro, según consignó el medio Ex-Ante.
Por su parte, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes también se mostró en contra de la idea. “El Estado chileno y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza”, dijo a La Tercera.
Desde el Congreso, el diputado Andrés Celis (RN), miembro de la comisión de Minería y Energía, dijo en STGO TV “que (el Estado) sea dueño de una parte de la empresa o que sea dueño de la empresa que preste el suministro eléctrico, no me convence”. En esa misma línea, en radio Pauta, el senador UDI, Juan Antonio Coloma dijo que la idea el ministro Pardow es “ideologizada, equivocada y que tiende a evitar hacerse cargo de la responsabilidad que tiene en este escenario”.
