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El nombramiento del director regional subrogante del servicio en Coquimbo, quien según Antrap tiene “récord en prácticas poco probas”, motivó duras críticas hacia la actual jefa (s) de Mejor Niñez, Victoria Becerra. La posible reactivación de un sumario en la Defensoría complica aún más su gestión.
Espacios comunes, sala de estudios, zona de recreación, comedor, cuarto de estar, piscina y amplias habitaciones –algunas con vista al mar– en una superficie construida de 450 m², sobre un terreno de 750 metros cuadrados. No, este no es el anuncio de una gran inmobiliaria. Se trata de la residencia de alto estándar para mujeres adolescentes, Caleta Río Seco, la primera administrada directamente por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la Región de Tarapacá.
La residencia, que albergará a 12 jóvenes, fue inaugurada en Iquique el 1 de agosto por la directora nacional subrogante del organismo también conocido como Mejor Niñez, Victoria Becerra, quien destacó que dicho proyecto se logra gracias a una inversión sectorial de más de 554 millones de pesos. Esta es una de las prometedoras noticias que entregó en el último mes el servicio que ha sido cuestionado –desde su puesta en marcha el 1 de octubre de 2021 e incluso antes–, precisamente por la administración de las residencias destinadas a la restitución de derechos de infancias vulneradas.
Junto a la Defensoría de la Niñez, la Asociación Nacional de Trabajadores del servicio (Antrap) ha estado entre las más críticas, y no son pocos los funcionarios de distintas regiones que afirman que los desafíos que hoy enfrenta Mejor Niñez, como el hacinamiento en residencias detectado por un informe del Poder Judicial, las listas de espera y el mal manejo de platas públicas, son incluso más preocupantes que los que tenía el estigmatizado Servicio Nacional de Menores (Sename).
En la interna de Mejor Niñez –un nombre del cual hoy buscan distanciarse– reconocen que, ante la problemática de las residencias, lo ideal sería tener más familias de acogida. De hecho, a fines de julio se lanzó una campaña para incentivar este programa del Servicio de Protección. Afirman que hay más de 600 niños y niñas menores de tres años que podrían evitar la institucionalización con esta alternativa. También destacan el programa de adopción, el cual se busca asimismo potenciar en los próximos meses.
Sin embargo, las críticas están lejos de amainar y las miradas están puestas en la Dirección Nacional, hoy encabezada por Victoria Becerra, quien –elegida por Alta Dirección Pública (ADP)– subroga el cargo tras la salida de Gabriela Muñoz en abril del año pasado. El paso al costado de Muñoz estuvo marcado por el proceso de invalidación de un proceso de licitación de Programas de Reparación de Maltrato (PRM) a nivel nacional, que tuvo al borde de una acusación constitucional al exministro Giorgio Jackson.
Una de las últimas crisis que debió enfrentar Becerra fue el caso de la mala utilización de las gift cards destinadas a necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, e implementadas en las residencias administradas por Mejor Niñez como una medida de rediseño de las lentas compras públicas que hacía Sename. Según informó en su momento El Mostrador, a raíz de este caso, se abrieron varios sumarios y se investiga el destino de $2 mil millones.
“Siempre he sido muy cuidadosa de los fondos públicos y mi intención como directora nacional subrogante es poder aclarar hasta el último peso de lo que se compró y para eso tenemos varias acciones que en el futuro queremos ir desplegando”, dijo Victoria Becerra en junio pasado a este medio.
Un nuevo flanco se le abrió a la directora nacional (s) del Servicio de Protección en julio. Las diputadas RN Carla Morales, Camila Flores y Sofía Cid oficiaron a Victoria Becerra después que un reportaje de TVN expusiera la compleja situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes abandonados en hospitales, a la espera de un cupo en alguna residencia del referido organismo. En el documento, que también fue remitido al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, las parlamentarias solicitaron transparentar la cantidad de menores de edad en tal situación.
Ese no fue el único emplazamiento dirigido a la Dirección Nacional de Mejor Niñez en el séptimo mes del año. El 30 de julio se denunció una situación que la involucra directamente. La Antrap manifestó su absoluto rechazo a la decisión tomada por Victoria Becerra, quien –critican– “nuevamente da palos de ciego”. Esto a raíz del nombramiento, en la subrogancia de la Dirección Regional de Coquimbo, de Cristian Flores Valdivia, director regional de O’Higgins, “como premio al maltrato a trabajadores”.
El mes anterior, el presidente regional de Antrap en Coquimbo, Sebastián Cousiño, levantó serias acusaciones sobre un ambiente laboral deteriorado y prácticas cuestionables bajo la dirección de Julia Sandes Pérez. Tras la denuncia, la diputada por la región, Nathalie Castillo (PC), pidió una sesión especial en la Cámara para abordar la implementación y ejecución de Mejor Niñez en todo el país, la que todavía no reúne la firmas necesarias para su ejecución.
Los funcionarios fueron informados de la salida de Sandes el 24 de julio.
“Las conductas del señor Flores no se alejan de lo realizado por la exdirectora regional saliente en Coquimbo, Julia Sandes”, sentencian desde Antrap, y es que advierten que el actual director regional subrogante tiene a su haber un importante “récord en prácticas poco probas”. Un comunicado del directorio nacional de la asociación nacional de funcionarios enumera:
“Lamentablemente, la señora Victoria Becerra nuevamente toma decisiones equivocadas, que demuestran su incompetencia al no informarse sobre el modo en que este cuestionado director regional ha llevado el ejercicio de su función pública en la Región de O’Higgins, muy por debajo de los estándares técnicos que su cargo inviste, con un desempeño nulamente respetuoso de los derechos de los trabajadores que tiene a su cargo”, denuncia el comunicado de Antrap.
Y agrega: “No está de más mencionar que las conflictivas relaciones al interior de la Dirección Regional de O’Higgins han propiciado y mantenido un clima organizacional que se encuentra muy deteriorado. Asimismo, el Sr. Cristian Flores Valdivia, con su desafortunada gestión, fomenta de manera permanente la existencia de bandos internos y ocultamiento de información, cuyo principal objetivo es la mantención de las vulneraciones de derechos hacia los NNA atendidos en distintas residencias que se encuentran en crisis en la región, y que estas no sean de conocimiento público ni de la Dirección Nacional del Servicio, para no tener que dar una respuesta proteccional que hasta la fecha con su gestión ha sido incapaz de realizar”.
Pese a la categórica acusación de Antrap, ese mismo día de julio, un grupo de funcionarios del servicio en la Región de O’Higgins manifestó su rechazo a los argumentos que –a su juicio– buscan “deslegitimar” la gestión de Cristian Flores. Consideran “inapropiado” que la directiva nacional de la asociación “intente atribuirse el conocimiento cabal de la realidad existente en nuestra dirección regional e intente imputarle a Cristian Flores el ejercicio de prácticas misóginas y de maltrato sistemático al equipo regional, acusaciones que son falsas”.
Los 34 funcionarios de O’Higgins aseguran que Flores “ha dado todas las garantías para el desarrollo de las investigaciones sumarias, tanto aquellas en su contra como en otras que denuncian e involucran a funcionarios y funcionarias”. A su vez, sostienen que “ha propendido a la instauración de un buen clima laboral”. También defienden su gestión para la puesta en marcha de la residencia de administración directa en O’Higgins y confían en su materialización a “corto plazo”.
Esta versión de los hechos, según señalan fuentes cercanas a la dirección regional de Antrap en O’Higgins, es suscrita por “gente cercana” a Flores, quien –aseguran– además ha instado a realizar acciones de celebración donde algunos funcionarios han debido hacer aportes personales para solventar la propuesta. Las mismas fuentes también tienen una visión crítica de la Dirección Nacional, por falta de respuestas claras y rápidas ante diversas solicitudes.
Por otro lado, en Coquimbo, tras enterarse de la salida de Julia Sandes, los funcionarios ya llevan una semana trabajando bajo el mando de Cristian Flores, quien se mantendrá en el cargo por aproximadamente un mes hasta que concluya el nuevo concurso ADP.
La dirigenta Alejandra Aguilera, a nombre del directorio regional de Antrap en La Serena, señala que el cuestionado y defendido director subrogante ha tomado decisiones puntuales y ha mantenido un bajo perfil hasta ahora. Eso sí, siguen atentos a cualquier situación, considerando su historial de antecedentes.
Aguilera también expresa preocupación por la decisión tomada en la Dirección Nacional encabezada por Victoria Becerra. Pese a la férrea defensa de su círculo cercano en O’Higgins, el nombramiento de Flores les parece incomprensible, sobre todo considerando la reciente entrada en vigencia de la Ley Karin, que busca garantizar espacios laborales seguros y libres de acoso.
Desde el Servicio de Protección explicaron a El Mostrador que el nombramiento de Cristian Flores se enmarca dentro de las medidas que habitualmente se toman y que es parte de las prerrogativas que tiene la Dirección Nacional en estos casos.
Cuando Victoria Becerra dijo que siempre ha sido cuidadosa con los fondos públicos, es porque tiene experiencia en el sector. Ingeniera comercial por la Universidad de Chile y máster en Ciencia Política por la Université Jean Moulin Lyon, viene de ser directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio Público y previamente fue jefa del Departamento de Estudios y de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia.
Su más reciente cargo, previo a su llegada como subdirectora nacional del Servicio de Protección, el 2 de octubre de 2023, fue el de coordinadora ejecutiva en la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, un sumario inconcluso en este organismo –hoy liderado por el abogado Anuar Quesille– podría traerle consecuencias a su presente. El 28 de julio de 2023, la entonces defensora subrogante Giannina Mondino –en el cargo luego que Patricia Muñoz concluyera su periodo como defensora el 31 de mayo– ordenó instruir una investigación sumaria sobre la entonces coordinadora ejecutiva.
De acuerdo con un oficio con fecha 14 de agosto de 2023, el sumario quedó pendiente de gestión, porque la persona inicialmente designada como fiscal, Pamela Meléndez Madariaga, directora de la Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría, declinó asumir el rol, debido a que la funcionaria a investigar tenía un rango superior al de ella, y a que mantenían una relación de amistad.
Ante ello, se solicitó a la Contraloría el nombramiento de un nuevo fiscal que cumpla con los requisitos legales para llevar a cabo el sumario. El resultado de esta solicitud, o si se ha nombrado un nuevo fiscal, no se detalla en el oficio, por lo que el estado final del sumario no está especificado.
Fuentes cercanas a la Defensoría de la Niñez recuerdan que, en el mismo periodo en que se abordó el sumario, funcionarios hicieron circular internamente una carta de apoyo a la gestión de la excoordinadora ejecutiva.
Si bien Victoria Becerra ya no es parte de la Defensoría de la Niñez, este sumario podría ser reactivado. Según explicó a El Mostrador el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central y exjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic, una vez que concluya la investigación, una eventual sanción podría manchar su hoja de vida como funcionaria pública. Dicha sanción puede ir desde su grado mínimo –la censura– hasta su grado máximo –la destitución–, en cuyo caso, a pesar de ya no ser coordinadora ejecutiva de la Defensoría, implicaría la inhabilidad para reingresar a la administración del Estado durante 5 años.
El jueves 8 de agosto, en un solemne acto celebrado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, el Presidente Gabriel Boric presentó la nueva Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032. Durante la ceremonia, el Mandatario hizo un enfático llamado a los jóvenes del país, pidiéndoles que mantengan una actitud crítica frente al poder.
“Yo les pido, chicos y chicas, niños, niñas y adolescentes, compañeros y compañeras, no sean complacientes con nosotros. Los queremos con rebeldía. Y cuando nos equivoquemos, dígannos también. Los necesitamos organizados. Los necesitamos haciendo valer sus demandas. El poder, y hoy día me toca estar como Presidente de la República en una situación de poder, requiere ser interpelado permanentemente para ir ajustando la brújula”.
El evento contó con la presencia de varios ministros, incluyendo a Camila Vallejo (Segegob), Javiera Toro (Mideso), Álvaro Elizalde (Segpres), Mario Marcel (Hacienda), Ximena Aguilera (Salud) y Antonia Orellana (Mujer), quienes junto al Presidente firmaron el decreto supremo que ratifica esta política para los próximos ocho años. Tras la firma, Boric enfatizó que el compromiso de su Gobierno con esta política no se quedará en meras palabras: “Cada uno de los ministros y subsecretarios va a tener una pega concreta por la cual ser evaluados y juzgados por ustedes”.
La nueva política tiene como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, en un país donde los casos de suicidio juvenil son una preocupación creciente. “La meta es que no haya más niños que se vean forzados a tomar esa decisión”, declaró Boric, mostrando la gravedad de la situación y la importancia de actuar con determinación.
Entre los diez objetivos estratégicos de la política, se destacan la promoción de hábitos de vida saludable, la mejora en las condiciones medioambientales y de vivienda, el fortalecimiento de trayectorias educativas, y la disminución de la pobreza y la violencia contra los menores. Además, se busca aumentar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en todo el país, asegurando que sus voces sean escuchadas en la construcción de políticas públicas.
En cuanto a los puntos clave de la medida, se subraya la obligación de las instituciones del sistema de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo sus derechos y previniendo vulneraciones. La política se elaboró con una amplia participación de los menores, cuyas opiniones y propuestas fueron fundamentales para definir el rumbo de la misma.
El Jefe de Estado concluyó su discurso con un mensaje esperanzador para las futuras generaciones, recordando su propio pasado como dirigente estudiantil y aconsejando a los jóvenes que mantengan su idealismo: “Las convicciones no tienen edad”, expresó Boric, destacando la importancia de que los líderes del mañana sigan conectándose con las nuevas generaciones.
Finalmente, el Primer Mandatario aseguró que mantendrá el documento en su escritorio para monitorear su progreso y espera pasarlo a su sucesor, con el compromiso de revisar regularmente cómo se avanza en la implementación de la política.
