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Foto: AgenciaUNO
Con 138 votos a favor y dos en contra se aprobó el veto presidencial y se despachó el proyecto a ley. La iniciativa, que también regula la propaganda digital, elimina la Ley Seca, y declara el domingo como feriado irrenunciable, se remitió al Ejecutivo para su promulgación.
Después de un intenso proceso legislativo, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el veto presidencial que permitirá la realización de las próximas elecciones regionales y municipales en un periodo de dos días, el 26 y 27 de octubre.
Entre las principales modificaciones, se destaca la reposición de la multa por incumplimiento del voto obligatorio, que asciende a aproximadamente $33 mil para todos los electores. También se reguló la propaganda electoral en plataformas digitales, se estableció que el día domingo sea feriado irrenunciable y se eliminó la Ley Seca. Además, se redujo el reembolso por voto válidamente emitido.
También quedó establecido el lápiz pasta azul como el bolígrafo que se deberá usar de forma oficial para la votación.
Con 138 votos a favor y dos en contra —de Jaime Araya (IND-PPD) y Félix González (IND-FA)— el proyecto se remitió al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
Así, la iniciativa de ley que “perfecciona” el sistema electoral, según informó la Cámara, se despachó del Congreso.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, detalló que la eliminación de la prohibición de vender alcohol en horarios cercanos al inicio de las votaciones y durante las votaciones será de forma permanente para cualquier elección.
El secretario de Estado reiteró que el comercio tendrá un feriado irrenunciable el día domingo, solo para este caso de las elecciones de octubre. De esa forma, “los establecimientos no funcionarán el día de la votación del 27 de octubre”.
Por otro lado, la sanción para quienes no voten, que baja desde el monto establecido anteriormente, será solo para esta elección de octubre y se volverá a debatir a futuro. Esto, “cumpliendo con el mandato constitucional de la obligatoriedad del voto y estableciendo un ajuste a la baja del aporte que se realiza a las campañas con un aporte adicional a las candidatas mujeres tanto a nivel nacional como local”, agregó Elizalde.
Durante la discusión en la Cámara, parlamentarios oficialistas sostuvieron que con el veto se busca fortalecer la democracia, al enmendar falencias como la restitución de las multas para quienes no voten, o la reposición del feriado irrenunciable para los trabajadores.
En la oposición, en tanto, se señaló que, si bien el veto busca respetar la voluntad popular, no se hace cargo completamente de una eventual “manipulación electoral”. Lo anterior porque, a su juicio, entre otros aspectos, resulta insuficiente fijar la multa en su rango mínimo, pues ello desincentivaría la participación ciudadana.
Las observaciones correspondieron a un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. A través de ellos, se cambia, eliminan y agregan aspectos considerados claves para la correcta aplicación de la norma.
Si bien el respaldo a la iniciativa fue transversal, el debate estuvo marcado por la eventual conveniencia electoral que podría tener la norma.
La primera observación (sustitutiva) establece que los partidos políticos, pactos electorales, candidatos o los cinco ciudadanos patrocinantes de una candidatura independiente, tendrán hasta 72 horas tras el plazo de declaración de las candidaturas, para incorporar la documentación y antecedentes en la plataforma electrónica del Servicio Electoral.
La segunda y tercera aluden a la regulación de las redes sociales y se hacen cargo de la forma especial en cómo se calcula la tarifa en redes sociales y plataformas digitales. Particularmente, determina que no se puede cobrar de manera diferenciada de acuerdo al partido político, amistad o cercanía del candidato, en relación al dueño del medio respectivo. Por el contrario, mandata que se cobre a todos lo mismo y que se transparente el criterio por el cual se fijó la tarifa.
El cuarto veto suprime la derogación del feriado irrenunciable; en tanto que el quinto hace una corrección de forma.
Finalmente, la sexta observación suprime la realización de la votación en dos días, pues en la séptima se repone que, además de establecer la votación en dos días, habrá una sanción de 0,5 UTM por no sufragar (33 mil pesos). Asimismo, realiza un ajuste al aporte en las campañas y establece que sólo el domingo sería feriado irrenunciable.
El diputado Luis Cuello (PC) criticó la postura de la oposición, señalando que “es profundamente incoherente intentar expulsar a los extranjeros y, al mismo tiempo, obligarlos a votar”. Cuello también valoró el esfuerzo del Gobierno por restituir el feriado irrenunciable, destacando que se había cometido una injusticia al eliminar este derecho.
Por otro lado, Vlado Mirosevic (PL) defendió la sanción de $33 mil, considerándola “razonable” y aseguró que en ningún momento se propuso volver al voto voluntario.
Una postura más crítica manifestó el socialista Daniel Manouchehri. “¿Es razonable que las autoridades que definen las políticas de Estado sean elegidas por extranjeros? ¿Es conveniente que la política de frontera, de tratados comerciales y la propiedad de nuestros recursos naturales, sean tomadas por autoridades elegidas por personas que son ciudadanos chilenos?”, cuestionó. “Nosotros creemos que no”, respondió el diputado e informó que con pares del PS presentaron un proyecto de ley para eliminar el derecho a voto de las personas extranjeras.
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN) acusó al Gobierno de buscar “vulnerar la Constitución para efectos de lograr un fin electoral (…) con el objetivo de que votara la menor cantidad de gente posible, eliminando la multa o que los extranjeros no estuvieran obligados a votar”.
Francisco Undurraga (Evopoli) dijo que si bien “se recupera en parte la obligatoriedad que es fundamental para fortalecer la democracia, no obstante es insuficiente la multa”.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, defendió el veto presidencial, explicando que la norma vigente no contemplaba medidas efectivas para hacer aplicable el voto obligatorio. Según Elizalde, el proyecto de ley presentado por el Presidente Gabriel Boric busca corregir estas deficiencias y asegurar la participación ciudadana en las próximas elecciones.
