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Foto: AgenciaUNO
El cierre del programa Red Calle Niños de la ACHNU está previsto para fin de año, por orden de la Dipres. Para la Defensoría de la Niñez, es fundamental su permanencia, “aun cuando en el intertanto se realicen los diseños de programas y modificaciones normativas que permitan su readecuación”.
La Defensoría de la Niñez reafirmó su total preocupación por la niñez y adolescencia en situación de calle, dadas sus múltiples vulnerabilidades. Por eso, el organismo liderado por el abogado Anuar Quesille hizo recomendaciones al Estado de Chile para la adopción de medidas pertinentes.
Tras la contingencia de hace unas semanas, cuando se conoció el cierre del programa Red Calle Niños por decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Defensoría elaboró un nuevo informe que contiene 11 recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo, que buscan “garantizar la calidad y disponibilidad de respuestas adecuadas para prevenir y actuar frente a esta problemática”.
Las recomendaciones, ya enviadas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia —encabezado por la ministra Javiera Toro—, apuntan tanto a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle acompañadas de sus familias, como también a los que están solos o en grupo.
Para su elaboración, la Defensoría de la Niñez tuvo en cuenta antecedentes cuantitativos recopilados por su Observatorio de Derechos, recomendaciones previas emitidas por la institución, resultados de una misión de observación realizada en dispositivos de pernoctación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y un taller de discusión con nueve organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los puntos más relevantes dentro de las recomendaciones es la importancia de dar continuidad a los servicios hoy existentes del Programa Red Calle Niños. “Como lo hemos dicho antes, es fundamental la permanencia y estabilidad del programa Red Calle Niños, aun cuando en el intertanto se realicen los diseños de programas y modificaciones normativas que permitan su readecuación en el contexto del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia”, dijo el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Recordemos que la Dipres cuestionó que se realice un “doble pago” por la atención de los niños en la calle, al atribuir la responsabilidad legal de la atención al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia –Mejor Niñez–. Pero, a juicio de Juan Carlos Rauld—coordinador regional metropolitano del programa—”basta prestar atención a las extensas cifras de adolescentes que se escapan de las residencias para advertir que la infancia institucionalizada profundiza la vida de la niñez en la calle”.
Esta situación motivó la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile por parte de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (AChNU). Francis Valverde, directora ejecutiva de la ACHNU, dijo a este medio que el programa “es caro”, pero “esencial para que estos niños y niñas puedan tener una esperanza positiva de vida”.
La Defensoría de la Niñez también instó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia formular una “estrategia para la prevención y protección de la situación de calle de niños, niñas y adolescentes” en sus diferentes expresiones, la cual contenga líneas de acción con objetivos y metas intersectoriales, plazos y responsables claramente definidos. Esta estrategia debería contar con la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes.
En el contexto de las instancias de coordinación del Sistema de Garantías, la Defensoría de la Niñez advirtió la importancia de crear un marco intersectorial para la prevención y actuación ante esta problemática. En ese sentido, propuso fortalecer las metodologías de registro y caracterización de la situación de calle de niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a la legislación, se le recomendó a la Subsecretaría de la Niñez y al Congreso una serie de modificaciones que permitan ordenar y dar marco a las políticas estatales, con miras a la prevención y actuación frente a la situación de estos niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la prevención, se recomendó a la misma subsecretaría incluir indicadores de factores de riesgo en el seguimiento y acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, relacionados a factores de riesgo inmediatos tales como seguridad de la tenencia de la vivienda, situaciones de violencia, explotación sexual y abandonos de centros residenciales, entre otros.
En relación a otras carteras ministeriales, se instó a Salud, Educación y SENDA fortalecer el acceso a la cobertura de sus programas de atención, tratamiento y reinserción socioeducativa, “con criterios de acceso preferente y siempre según el mismo estándar que los niños, niñas y adolescentes de protección especializada”.
La Defensoría de la Niñez propuso también el fortalecimiento y la regularización de los albergues temporales, las residencias familiares, así como la formulación de una política pública general de viviendas compartidas como política pública de juventudes, que permita dar cuenta de la necesidad de este dispositivo a diferentes grupos de especial protección.
