PAÍS
Créditos: Agencia Uno.
El oficialismo teme que el Gobierno entregue espacio a que el fortalecimiento de Fonasa se enfoque en una idea heredada del Gobierno de Piñera y deje de lado la reestructuración profunda del sistema. Además, la oposición busca un seguro inter ISAPRES ante la eliminación de las preexistencias.
A comienzos de este año, el Ministerio de Salud y la ministra Ximena Aguilera resistían los embates de la crisis de las Isapres, las amenazas de insolvencia y con ello el colapso del sistema de salud completo. El 24 de mayo se publicó la ley corta de Isapres que le dio aire al ecosistema sanitario, pero también a la ministra por haber logrado sortear una crisis que escondía desde su comienzo, rumores de cambio de gabinete. Aguilera salió fortalecida y hoy atraviesa las polémicas por los tratamientos hormonales de adolescencias trans. Sin embargo, un desafío que se avecina es la reforma al sistema de salud que se espera para octubre.
Uno de los puntos que se trató durante el trámite de la ley Corta de Isapres fue que el proyecto se enfocaba en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para que las aseguradoras pudiesen pagar los cobros en exceso sin que estas quebraran en el intento. Ahí, sobretodo los senadores de la Comisión de Salud, advertían que se desaprovechaba una oportunidad para hacer cambios sustantivos al sistema. Sin embargo, el Gobierno siempre optó por mantener ambos trámites separados.
Producto de eso, los senadores de la Comisión de Salud del Senado y el Ejecutivo dejaron en papel el compromiso de tramitar la reforma a la salud este año. Específicamente, en el artículo 10 transitorio de la ley corta: “Dentro del período legislativo del Congreso Nacional correspondiente al año 2024, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud en su conjunto, a fin de profundizar los principios de seguridad social en salud y fortalecer las competencias del Fondo Nacional de Salud y de la Superintendencia de Salud”.
A eso, se le agrega que “antes del 1 de octubre de 2024, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley destinados a eliminar las preexistencias (…) así como a eliminar las discriminaciones por edad y sexo, y los mecanismos que permitan su viabilidad, tanto para la afiliación a las Instituciones de Salud Previsional como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud”.
En concreto, entonces, la reforma a la salud que ya está en etapa de redacción y entraría al senado en el mes de octubre, apuntaría a tres aspectos principales: Fortalecimiento de Fonasa, entregarle más atribuciones a la Superintendencia de Salud, eliminar la discriminación entre los planes entre hombres y mujeres y eliminar la declaración de salud (lo que de pasó elimina las prexistencias). Sobre estas materias, en general, hay un amplio acuerdo. Sin embargo, en un aspecto de la eliminación de las preexistencias está el debate.
El senador Sergio Gahona (UDI) es miembro de la comisión y está por empujar estas medidas. Para las preexistencias en particular, comenta que es necesario “crear un fondo inter Isapre para solventar las diferencias de aseguramiento en las que incurran las empresas de salud”. Fuentes del Minsal, sin embargo, advirtieron que este mecanismo no es del todo aceptado por el Ejecutivo.
Según las fuentes de El Mostrador, este mecanismo de fondo de contención de costos por las preexistencias no puede operar netamente en mundo privado. Es más, buscarán que sea un fondo en donde participe el sistema de salud público y privado. Según la perspectiva del ministerio, este fondo debería aportar a la estabilización de todo el sistema de salud, pues los riesgos se presentan en ambos sistemas y es por ello que los mecanismos de contención también deberían ser compartidos.
El senador Juan Luis Castro (PS), quien fue presidente de la comisión de salud durante la mayoría del trámite de la ley corta, comentó a El Mostrador que es clave “evaluar muy bien cómo van a ser esos mecanismos”. Desde su perspectiva, que apuesta a un Fondo Universal de Salud, “obviamente pensamos que aquí tiene que haber una solidaridad del conjunto del sistema, pero también es cierto que ya basta de tener esta letra chica en el sistema de Isapre por más de 40 años que ha provocado odiosas discriminaciones”.
Castro apunta que el objetivo principal es “terminar con esa declaración de ingreso tan odiosa que simplemente por tener una determinada enfermedad, automáticamente la gente tiene otro precio y de eso se ha abusado” y en esa línea, el senador sostiene que “todo lo que implica tener un Plan Estandarizado Único de Salud y un mecanismo de compensación de riesgo está abierto a la discusión”.
La otra controversia que envuelve a la reforma de salud es el fortalecimiento de Fonasa, en donde ha operado una comisión experta -así como en la ley corta- que convocó el presidente de la comisión Javier Macaya para trabajar en propuestas técnicas y ponerlas sobre la mesa.
Entre los integrantes de esta comisión está el exdiputado, médico y PPD, Marco Núñez, el exsubsecretario de Redes Asistenciales de este Gobierno Fernando Araos, la directora Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Lorena Rodríguez y el director de Fonasa y exministro de Salud de Bachelet, Álvaro Erazo. Del otro lado político, particularmente desde los Gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, se encuentra el exministro de Salud, Emilio Santelices y la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ambos hoy académicos de la UDD. Además, integran esta comisión el economista de la salud Ricardo Bitrán y Carolina Velasco, economista y directora de Estudios del Instituto de Política Públicas en Salud de la USS (Ipsuss).
Quienes conocen el contenido de las negociaciones advierten a El Mostrador que no hay mucho acuerdo hasta el momento y que, incluso, ahora existe un aire más pesimista en cuanto a los avances de esta comisión. El problema se encapsula en que se estaría barajando una idea que pretende reflotar una política similar a Mejor Fonasa, plan de salud universal propuesto por el expresidente Sebastián Piñera, que cumple con la lógica de contención de costos en tanto se fijarían los precios de las prestaciones más comunes.
Por un lado, desde el oficialismo hay resistencia a esta idea. Incluso, según reveló La Tercera, durante los últimos días han circulado minutas entre parlamentarios oficialistas que pretenden hacerle frente a este avance e insistir en la necesidad de reestructurar el sistema como, versa el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Quedan más de 40 días para que el Ejecutivo ingrese esta reforma al Senado según lo que se comprometió en la ley corta. Hay quienes piensan que en realidad no es una reforma muy grande y que el trámite no debería ser complejo. Pero como están las cosas hay otros que esperan que el Ejecutivo sea más ambicioso con esta reforma, cosa que está lejos de ser.
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