PAÍS
Investigación de la Brigada de Trata de Personas determinó la identidad de 358 de las víctimas, de las cuales más del 50% era menor de edad. El prefecto José Contreras, jefe de la unidad especializada, valoró el fallo que condenó a elevadas penas a la banda liderada por Maxene Faustin.
Preocupado suena el prefecto José Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la Región Metropolitana, perteneciente a la PDI. Aunque recientemente terminó con importantes sentencias condenatorias la operación “Frontera Norte”, uno de los mayores casos que le ha correspondido sustanciar a dicha unidad (por el volumen de personas traficadas), expone que el problema es más que importante y que una evidencia de ello es la cantidad de personas que, por distintas circunstancias, han perdido la vida en los pasos clandestinos de la macrozona norte: un total de 36, entre 2020 y 2023.
Otro antecedente al respecto son las cantidades de personas que traficó la organización criminal transnacional que encabezaba el haitiano Maxene Faustin. Al respecto, el oficial indica que “claramente, dentro de las asociaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes, debe ser una de las organizaciones con mayor volumen de inmigrantes, especialmente en aquella temporada en donde estaban cerrados los cruces de frontera, porque esto originalmente surge a partir de épocas de pandemia”.
En dicho sentido, detalla que se trata de una organización que operó esencialmente entre 2021 y 2022, en época de pandemia, y que “nosotros tuvimos 358 encargos a través de Interpol, difusiones azules, que son alertas respecto de personas desaparecidas, que es la coordinación que se hace a nivel internacional, el trabajo colaborativo a través de las redes de Interpol, en las cuales la PDI es miembro”.
Sin embargo, puntualiza que esa es la cifra de personas identificadas que fueron traficadas por el grupo, pero “los investigadores de caso estiman que en total fueron sobre 2 mil personas solo las que salieron del país en esas fechas”.
Quizá más escalofriante que todo ello es que, de esas 358 difusiones azules, más de 200 eran respecto de niños, todos los cuales fueron conducidos por esta mafia –cuyas cabezas se estima que se encontraban en Estados Unidos– por medio de las “trochas”, como llaman a los pasos clandestinos, incluyendo el paso por la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, un lugar donde –como informó ayer El Mostrador– varios niños quedaron abandonados, a merced de bandas de asaltantes, enfermedades, tormentas, animales salvajes y cauces de ríos y mar caudalosos, que es necesario cruzar para llegar a Panamá y, desde allí, seguir viaje a Estados Unidos.
A juicio del prefecto, uno de los aspectos más valiosos del fallo emitido por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago es que “el tribunal, cuando recoge la sentencia, de fondo releva no tan solo el ingreso, sino que también la salida de personas. La salida de personas del territorio nacional en Chile no es una figura de delito, y creemos que ese un tema relevante, porque es parte del plan criminal de la asociación, tanto ingresar personas al territorio nacional como también sacar personas del territorio nacional”.
Ese aspecto, señala, “debe ser un tema de preocupación, porque Chile se podría transformar en el futuro en un país de tránsito del tráfico ilícito migrante, especialmente para estructuras criminales que se den cuenta de que es uno de los pocos países en Latinoamérica que aún no sanciona el tráfico ilícito de salida”, agrega.
Otro aspecto que comenta del fallo es que en este queda en evidencia que Maxene Faustin, “aprovechando su condición de haitiano y viendo el estado de necesidad y la vulnerabilidad de conciudadanos suyos, sacaba a personas del territorio nacional que iban con la legítima aspiración o anhelo de llegar a Estados Unidos”.
El prefecto José Contreras, jefe de la Britrap.
Asimismo, destaca que el tribunal también tuvo en consideración “una de las situaciones agravantes del tipo penal del tráfico ilícito inmigrante, que tiene que ver con el riesgo a la vida” que significaban los lugares por donde transitaban los migrantes.
Al respecto, explica que en la investigación se estableció que “para estos efectos la organización ocupaba la salida del territorio nacional por Arica, en el sector de Chacalluta, principalmente entre el hito 1 y el hito 5, que es lo más próximo a la orilla de la playa, por donde está el aeropuerto de Chacalluta, y luego la línea del tren, y también desde el hito 10 al hito 14, que son lugares más inhóspitos, más desérticos, en donde hay quebradas que se utilizaban tanto para el ingreso como para la salida de personas”.
Asimismo, se determinó que para movilizar a las personas en época de pandemia obtenían certificados de PCR con información ideológicamente falsa, y que contaban “con gente que participaba en la logística, tanto en el transporte como la acogida de personas, dado que contaban con casas de seguridad que eran utilizadas como una especie de hostales, en donde albergaban a personas que iban tanto transitando de Santiago hacia Arica, con la finalidad de salir del territorio nacional de forma irregular, como también a las personas que se estableció que ingresaban desde el límite de Perú con Chile”.
Una vez en dichos lugares –continúa el prefecto Contreras–, se conseguían la documentación falsa que requerían para que los migrantes pudieran llegar a su destino final (generalmente Santiago, en el caso de quienes ingresaban).
Todo ello –detalla– lo cumplía “una organización compuesta por alrededor de 10 personas, algunas de ellas que cumplían la función de captar clientes, utilizando redes sociales para publicitar o promover el trabajo de esta organización, dándole ciertos tintes de licitud, como si fuera casi una agencia de viajes, aunque con mucha precariedad y riesgo”.
Según precisa el jefe de la Britrap, la mayoría de las personas que han perdido la vida en las zonas fronterizas del norte del país se concentran en los alrededores del paso entre Colchane y Pisiga (Bolivia), aunque también hay una serie de riesgos en Chacalluta, recordando los desplazamientos de tierra que se generan en las zonas más altas (entre los hitos 10 y 15) y la reciente explosión de una mina antitanques, que costó la vida de dos personas que iban en un vehículo menor, hecho llamativo, dado que se supone que ese tipo de explosivos solo operan cuando la presión sobre el detonador es superior a las cinco toneladas de peso.
