El desborde del sistema penitenciario chileno: la crisis más allá de la cárcel de máxima seguridad

“Estamos al borde de la crisis penitenciaria”, fue la advertencia del ministro de Justicia, Luis Cordero, al responder sobre la posibilidad de reevaluar la decisión del Ejecutivo de instalar una cárcel de máxima seguridad en Santiago. 

Las palabras del secretario de Estado apuntan, no solo a la urgencia de un sistema de máxima seguridad para administrar el aumento de la población penal ligada al crimen organizado, sino que, principalmente, al desborde generalizado que sufre el ecosistema penitenciario en Chile. 

Más allá del debate político respecto a la ubicación de la nueva cárcel de máxima seguridad y la resistencia a que este recinto se instale en el complejo penitenciario de Pedro Montt, lo cierto es que los altos niveles de hacinamiento y sobrepoblación en los penales del país son una bomba de tiempo en materia de seguridad y gestión carcelaria. 

Así lo confirma el último informe del investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Mauricio Salgado, quien advierte que estamos frente a “un sistema penitenciario desbordado en su capacidad física y organizacional, cuya solución requerirá de una transformación profunda de sus fundamentos”. 

En esa línea, el estudio constata que “todos estos problemas se traducen en serios riesgos para la seguridad del país, pues generan las condiciones para que bandas criminales tomen el control de las cárceles, corrompan la institucionalidad y se haga imposible la función del sistema penitenciario de minimizar la reincidencia delictual mediante la reinserción social de las personas privadas de libertad. La gravedad de la situación es manifiesta, pues ya hay indicios de que estos riesgos se están concretando”. 

“En algunas regiones la tasa de sobrepoblamiento llega de hecho a la de hacinamiento cercana al 200%, como en la Región del Maule, o por sobre el 200%, en el caso de la Región de Atacama. Entonces, en términos físicos, el estrés del sistema en la actualidad es muy grande”, afirma Salgado. 

El investigador agrega que actualmente también persiste “un estrés organizacional de la gestión carcelaria, la que es extremadamente importante para individualizar, clasificar y segregar a la población penal, separando a los de alto compromiso delictual con los de bajo compromiso delictual. Es importante, porque evita que la cárcel se transforme en un refugio para bandas de crimen organizado, a veces transnacional, incluso como ha ocurrido en algunos penales en Chile. Entonces el desborde no es solo físico, sino que también de las capacidades organizacionales”. 

En ese sentido, expertos coinciden en que, si bien la construcción de un nuevo sistema de máxima seguridad es una señal importante para garantizar que el Estado tiene control de las cárceles que concentran a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, se trata del “último eslabón de la cadena”. Medida que no resuelve la crisis estructural del sistema penitenciario chileno. 

Así lo afirma la directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Catalina Droppelmann, quien señala que “el hacinamiento y el alto uso de la cárcel también tiene que ir acompañado de otras medidas, más allá de la construcción de un penal”. En el recinto de máxima seguridad, pensado para Santiago, “se quieren construir 500 plazas y la sobrepoblación que tenemos en este minuto es muchísimo más alta que 500 plazas, entonces, esto no va a solucionar los problemas que tenemos hoy en día”.

“Los países que han logrado disminuir su población privada de libertad han generado también modificaciones legales en cierto tipo de delitos, han hecho elecciones respecto de los delitos que se persiguen. La cárcel hoy día está en su 70 % –especialmente la de mujeres– con delitos menores, que no generan gran daño para la sociedad. Utilizan cupos de 5 a 10 años. Eso también hace que obviamente se vaya perdiendo el control de la cárcel, por lo que es súper difícil poder contestar a la penetración del crimen organizado y de la corrupción al interior de los recintos. Porque tenemos cárceles hacinadas, pero principalmente por hechos que generan un daño muy mínimo a la sociedad en comparación con el daño que genera el crimen organizado”, advierte Droppelmann.

Revisión de los fundamentos del sistema penitenciario, más allá de la cárcel 

El boletín del CEP Un sistema desbordado: radiografía al sistema penitenciario, indica que el crecimiento neto de la capacidad física del sistema ha permanecido estancado, mientras la población recluida se ha incrementado fuertemente. Tendencias contradictorias que, según Mauricio Salgado, muestran que el sistema penitenciario chileno está desbordado en su capacidad física, casi al borde del colapso.

De acuerdo con la investigación, el aumento de la población penal se debe al mayor uso de la prisión preventiva y una estadía más prolongada al interior de la cárcel, donde la extensión promedio de la pena por condenado en las prisiones chilenas aumentó desde 123 meses (promedio para el período 2016-2019) a 141 meses el año 2022. 

Salgado explica que estos factores, que gatillan el aumento de personas privadas de libertad, han llevado al límite las capacidades físicas, tecnológicas, normativas, incluso profesionales de Gendarmería, las que lamentablemente no están a la altura del desafío, para gestionar adecuadamente la población penal.

El investigador también enfatiza que el objetivo principal debe ser “minimizar la reincidencia”. “Esto es extremadamente importante y la discusión pública tiende a olvidarlo. El sistema penitenciario no es solo un espacio de reclusión, es también una herramienta de la política criminal y de seguridad del país. En la actualidad es así en todos los países. Entonces, necesitamos un sistema penitenciario que esté a la altura de la sociedad del siglo XXI”.

A lo anterior, se suman los cambios en el perfil criminológico de las personas privadas de libertad y el aumento de la violencia al interior de los recintos, como consecuencia de las dinámicas del crimen organizado. Lo anterior, es parte de una larga lista junto a otros elementos estratégicos a la hora de pensar una reforma penitenciaria en Chile. 

En ese sentido, Catalina Droppelmann afirma que repensar el sistema implica mirar y analizar las razones que explican estos mayores niveles de hacinamiento, el mayor uso de la cárcel, “el uso más irracional de la prisión preventiva”, para así establecer cambios en los mecanismos de ingreso y egreso de los recintos.

“Por ejemplo, la libertad condicional ha disminuido significativamente. Antes, una proporción de las personas salía con libertad condicional, nunca fue muy alta, pero eso descongestionaba las cárceles. Siempre hay que tener a la vista que las cárceles son sistemas donde tiene que entrar y salir gente”, precisa la investigadora UC. 

Asimismo, Droppelmann advierte que “si entra más gente y sale de manera mucho más lenta y menos progresiva, obviamente la cárcel se va a congestionar. Entonces ese mecanismo hay que mirarlo”. En esa línea, comenta que “hay países como Alemania, que hace décadas solucionó su crisis carcelaria, también descriminalizando comportamientos. Se dieron cuenta, por ejemplo, de que tenían gran parte de los cupos de las cárceles utilizados con personas que estaban cumpliendo condenas por delitos de ley de tránsito. Modificaron la ley de tránsito y con eso descongestionaron las cárceles. Es decir, hay elementos mucho más estratégicos que hay que mirar y hay que pensar para una reforma penitenciaria en el largo plazo”. 

Modernización de Gendarmería y un nuevo modelo de reinserción

En palabras del ministro Luis Cordero, la necesidad de avanzar hacia un sistema de máxima seguridad en Chile implica, entre otras cosas, una reforma a Gendarmería que permita la instalación de un equipo especializado y con formación diferenciada para enfrentar los complejos perfiles del crimen organizado. Iniciativas legales que apuntan, por ejemplo, a crear una nueva fuerza especial de la institución.

Sin embargo, desde los distintos órganos de representación de gendarmes han solicitado al Gobierno abordar la problemática de fondo, subrayando que el sistema requiere de una discusión más amplia. 

“La autoridad debe centrar sus esfuerzos en resolver el problema de sobrepoblación o hacinamiento de la población común y no del interno que deba cumplir condenas o prisiones preventivas en recintos especiales, los cuales cuentan con capacidad actualmente. De esta forma, queda de manifiesto que el problema se centra en una deficiente administración del sistema penitenciario, el cual no ha logrado satisfacer, de forma integral, los actuales desafíos de seguridad”, aseguró en un comunicado la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes.

Respecto a este punto, el investigador del CEP señala que, si bien los anuncios del Gobierno van en la dirección correcta, ya que los niveles de hacinamiento y la penetración del crimen organizado obligan a habilitar más espacios de máxima seguridad, es urgente “avanzar en la profesionalización de Gendarmería, probablemente en coordinar  la institucionalidad con las Fuerzas de Orden y Seguridad del país, es decir, relevarlas a esa condición, lo que sin duda va a implicar una reorganización interna”.

“Entiendo que el proyecto de ley de este sistema de máxima seguridad involucra que, quien esté a cargo de ese penal, no pueda ser parte de las asociaciones de funcionarios, de alguna manera para proteger la autonomía de esa gestión. Y esto se debe generalizar, no solamente a quienes estén a cargo de estos penales, sino que a todos los uniformados de Gendarmería de Chile. Es una discusión que yo creo que tenemos que dar”, afirma Salgado. 

En esa línea, también agrega que “las licencias médicas de los funcionarios de Gendarmería se han incrementado exponencialmente, junto con el estrés físico del sistema. Es decir, los uniformados también sufren en su propia salud el desborde físico y organizacional del sistema penitenciario”.

Además de mejor formación y una mayor inversión en implementación tecnológica, el sociólogo apunta a los procesos de reinserción en las cárceles chilenas, etapa que también está a cargo de Gendarmería. 

“Una de las ideas es separar las funciones de control de los recintos penitenciarios –que es la tarea que asociamos más fuertemente con la institución– de los planes y programas de reinserción social. Son dos actividades extremadamente complejas. Una opción es sacar directamente esta función de Gendarmería y crear otra institucionalidad. Otra posibilidad es darle la fuerza que necesita para que sea realmente autónoma, independiente, no obstante que siga estando alojada en Gendarmería”, puntualiza Salgado. 

Al respecto, añade que después de todo “es una institución uniformada, muy jerárquica, probablemente las tareas de reinserción social requieren una estructura más flexible, que esté experimentando con políticas, que esté más abierta a la sociedad civil, para que participen fundaciones, que hay muchas de ellas ya participando”.

Por otra parte, para Catalina Droppelmann, descongestionar las cárceles también implica revisar “la proporcionalidad que existe entre las diferentes penas probables que tienen los delitos, porque la cárcel se debe utilizar para la población más reincidente y compleja de intervenir”. El resto de la ocupación “se explica más bien por conductas que criminalizamos, que no necesariamente generan tanto daño y que podrían salir por otras vías”. Y es ahí donde la rehabilitación y la reinserción cumplen un papel fundamental. 

“Es súper importante, pensando no solo en el riesgo de reincidencia, sino también la realidad de los barrios donde las personas vuelven. Barrios con penetración del crimen organizado, con muy baja cohesión social, con ausencia total del Estado. Entonces, en el fondo, se necesita una respuesta mucho más sistémica”, afirma la investigadora UC. 

En ese sentido, Droppelmann señala que “la reinserción no debería estar a cargo de Gendarmería, es necesario tener un Servicio Nacional de Reinserción. Porque Gendarmería siempre va a privilegiar el tema de la seguridad por sobre la reinserción. Entonces, necesitamos otra institución que genere un contrapeso. Y eso debiese estar instalado a nivel del Ministerio de Justicia, ser un organismo aparte, con su propio presupuesto para contrabalancear y para que los presupuestos no estén siempre compitiendo”, sostiene.