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El primer hecho quedó al descubierto en Arica, el segundo en Calama y el tercero, la semana pasada, en Santiago, donde la hipótesis central que se indaga es que los explosivos hallados en un auto iban a ser usados para permitir la fuga de miembros de “Los Trinitarios” desde Colina 1.
Las primeras informaciones sobre lo que sucedía en el sector sur de Rancagua pasado el mediodía del viernes pasado, cuando varios automóviles comenzaron a arder en distintas arterias, causaron de inmediato preocupación en la cárcel de dicha ciudad, que alberga –entre otros– al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, a varios miembros importantes del Tren de Aragua y “Los Gallegos”, así como a otros presos de relevancia, incluyendo a Eduardo Macaya Zentilli.
La tensión duró varios minutos, hasta que Carabineros confirmó que todos esos incendios estaban relacionados con el robo de las bodegas de Brink’s, ubicadas en la calle Río Loco, hecho que fue frustrado por la policía uniformada, que en una veloz reacción logró detener a 16 sujetos directamente implicados en el hecho, dos de los cuales resultaron baleados al oponerse a la acción policial.
A ellos se suman otras dos personas que fueron arrestadas posteriormente, ambas de la misma empresa y que se estima que son quienes proporcionaron la información necesaria para el robo, el que, si se hubiera concretado completamente, habría sido el mayor asalto de la historia de Chile, dado que en el momento del delito se estima que había a lo menos 25 mil millones de pesos en las bodegas, es decir, más de 25 millones de dólares.
Aunque el recinto de Gendarmería se encuentra en el sector norte de la ciudad, fuentes penitenciarias dijeron a El Mostrador que al interior de la institución existe mucho nerviosismo, dado que en los últimos seis meses se han detectado al menos tres planes de organizaciones criminales transnacionales destinados a generar fugas desde distintas unidades penales utilizando explosivos, lo que se suma al motín organizado por el Tren de Aragua al interior del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), que duró 11 días y que, para muchos expertos, es un punto de inflexión en la historia carcelaria chilena. De hecho, los amotinados fueron objeto de una querella por Ley de Seguridad del Estado y serán formalizados el próximo 22 de octubre.
Por cierto, no es primera vez que se detectan intentos de uso de explosivos para derribar muros de cárceles chilenas. A inicios de 2020, la inteligencia de Gendarmería detectó un plan organizado por internos –en su mayoría pertenecientes a bandas de narcotraficantes de la zona sur de Santiago– que habían organizado una fuga masiva desde el penal Santiago 1, con la cual esperaban “liberar” a más de 2 mil reos. Para ello, contaban con una grúa que derribaría el muro desde el exterior y con numerosas armas y también explosivos C4, como dan cuenta las escuchas telefónicas realizadas por la institución, las mismas que –como publicó El Mercurio en su momento– dejaron en claro que uno de los implicados le decía a otro que, si lograban escapar de la “disco” (como designaban en las conversaciones a la cárcel), “vamo’ a quedar en la historia, hermano”.
Por supuesto, no lo consiguieron, pues antes de efectuar la fuga los líderes de la misma fueron trasladados, y Carabineros y la PDI montaron un fuerte operativo en las afueras de calle Pedro Montt, mientras Gendarmería hacía lo propio al interior, debido a que el plan consideraba también un motín (con la correspondiente quema de elementos combustibles), como distractivo, el cual fue repelido en una verdadera lucha cuerpo a cuerpo, en la cual vencieron los gendarmes.
El estallido social y la pandemia alejaron un poco el fantasma de las fugas con explosivos desde las cárceles chilenas, pero este –como informó en exclusiva El Mostrador– reapareció con fuerza en diciembre del año pasado, cuando personal de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería recibió una información inquietante, en Valparaíso. Según dichos antecedentes, un reo originario de esa zona, identificado como Francisco Angelo González Mena, que se encontraba interno en la cárcel de Arica, recibiría por medio de contrabando 9 o 10 kilos de dinamita, cuyo objetivo era destruir uno de los muros del penal de Acha, para permitir la fuga de los miembros del clan “Los Gallegos” que allí se encuentran internos.
Poco antes, González Mena había estado cumpliendo su condena en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Valparaíso, donde Gendarmería determinó que se hizo amigo de uno de los máximos líderes del Tren de Aragua en Chile, Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”. “Los Gallegos”, por su parte, ya tenían antecedentes de planificar fugas, pues en agosto de 2022, a uno de sus cabecillas, Yoneiker Paredes Fagúndez (más conocido como “El Enano”), Gendarmería le encontró una sierra metálica, destinada a cortar barrotes. Este año, a otro de sus miembros, Daniel Márquez Meléndez, en tanto, le fue decomisada una llave de esposas.
El 21 de diciembre del año pasado, Gendarmería allanó la celda 56 del módulo 3 del penal de Acha, donde residía en ese momento González Mena, descubriendo dos teléfonos celulares y un arma blanca artesanal, pero nada de explosivos. De todos modos, se aplicó una sanción interna y, en abril de este año, la Fiscalía de Arica lo formalizó por el delito de tenencia de teléfonos celulares en recintos penales.
Tras los hechos, González Mena fue enviado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago, pero posteriormente fue redestinado a la cárcel de Rancagua.
El segundo incidente de esta naturaleza, en el cual sí se encontraron los explosivos que se querían utilizar para destruir el muro de una cárcel (la de Calama, en este caso), se produjo como consecuencia de una investigación del OS-7 de Carabineros. Según la denuncia formulada al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad por parte del jefe de la cárcel local, el 9 de mayo del año pasado la policía uniformada detectó un plan de fuga que había sido ideado por tres presos que están acusados de un violento robo con homicidio, secuestro con homicidio y otros delitos.
Se trata de los venezolanos Julio César Yegre Torrealba, Edgardo Lavado Solano y Antonio José Ocanto Carmona. Este último, conocido como “Caracas”, “Bryan” o “Douglas”, es un exdetective de homicidios (según lo que él dice) que fue detenido en marzo de 2023 por la PDI, después que en enero del mismo año, junto a sus lugartenientes, asaltaran y asesinaran al ciudadano boliviano Juan Carlos Taquichiri Mamani, quien viajaba junto a su esposa en un camión repartidor de gas licuado.
Este crimen dio lugar a una serie de protestas en la ciudad, azotada por una ola de homicidios, que llegaron a su punto más alto el 19 de abril, cuando el delincuente chileno Víctor Hugo Campillay –uno de los principales traficantes de cobre robado de la zona– las emprendió a tiros contra una comisaría de Calama (hiriendo de gravedad a una persona que hacía trámites al interior), luego de lo cual se dirigió al terminal de Turbus, donde disparó contra un grupo de venezolanos que se encontraba en las afueras, matando a uno de ellos, miembro de la célula que dirigía Ocanto. Tras ello, huyó en un vehículo que fue interceptado por Carabineros, que le dio muerte en medio de un intenso tiroteo.
Ambos ataques por parte de Campillay tenían que ver con sus hijos, que a su vez se dedicaban al robo de automóviles, los que posteriormente vendían en Bolivia, rubro al cual también se dedicaba el grupo del “Caracas”. El mayor de los jóvenes, de 21 años, se encontraba detenido en la comisaría que fue atacada esa noche por Campillay, pues Carabineros lo había sorprendido manejando un auto robado.
El cadáver de su hijo menor, de 18 años, había sido encontrado el 24 de febrero de ese mismo año en el sector desértico de Limón Verde. A corta distancia del cuerpo la policía halló a otra persona sin vida, ambos asesinados a disparos y con evidencia de haber sido previamente torturados.
Cinco meses más tarde, la Fiscalía de Calama formalizó a Ocanto por el secuestro con homicidio de las primeras dos víctimas, así como por el secuestro calificado de un joven de 18 años que logró salvar con vida (aunque con una puñalada en el cuello), sobrino de Campillay.
Además de esos y otros delitos, ahora hay otros de Ocanto asociados, vinculados a otro hecho de mucha gravedad, pues –de acuerdo al parte de Gendarmería– los venezolanos habían comisionado a otros dos connacionales suyos para que volaran un muro de la cárcel de Calama utilizando cinco cartuchos de explosivos Emulnor 3000.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la carpeta judicial del caso, el OS-7 se encontraba investigando una causa por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cuando captó conversaciones entre dos venezolanos: una mujer identificada como Yinne Medina y un reo que estaba interno en Calama, Edward Alexander Lameda Escalona. En los diálogos, los investigadores se dieron cuenta de que hablaban acerca de drogas, armas y explosivos, con los cuales pretendían sacar a Lameda y a los demás miembros de la célula de la cárcel. Además, en las llamadas aparecían reiteradas menciones a un sujeto de nacionalidad dominicana, sin que se determinara qué participación tenía en el hecho.
Ante ello, se georreferenciaron las llamadas y se estableció la dirección donde estaba ubicada Yinne Medina, a quien los policías siguieron cuando, portando un bolso, se subió a un Hyundai Getz que manejaba otro sujeto, el también venezolano José Fuentes Marcano, en cuya casa el OS-7 encontró una bolsa que contenía los cinco cartuchos del explosivo. En la casa de la mujer, en tanto, se encontraron drogas. Ambos fueron formalizados por almacenamiento de explosivos, pero ella, además, fue acusada de infracción a la Ley de Armas y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
En contra de Yinne Medina la Fiscalía está pidiendo 7 años y medio por el almacenamiento de los explosivos, 818 días por la tenencia ilegal de armas y otros 818 días por el microtráfico de drogas.
En el caso de todos los implicados, partiendo por Ocampo, la Fiscalía no ha dicho públicamente si pertenecen o no al Tren de Aragua, pero al menos Medina comparte el mismo abogado que todos los detenidos importantes de ese grupo (el penalista Claudio Cofré) y, además, se encuentra en el mismo módulo, en la cárcel de San Miguel, con una de las mujeres más importantes del TDA, Karialex González, la pareja de Hernán Landaeta Garlotti, “Satanás”, el líder del motín del Repas.
Ambas, junto a otras dos mujeres, fueron denunciadas este año por otra interna, una chilena de 46 años, que es sordomuda, como las autoras de una golpiza que la dejó con lesiones menos graves, algo que tanto Medina como González negaron taxativamente, diciendo que la víctima se había autolesionado.
El último caso en que se cree que hubo un posible intento por parte de una organización criminal transnacional de derribar los muros de una cárcel para permitir una fuga, quedó al descubierto el lunes pasado, cuando la PDI allanó un Hyundai Grand i10, que había sido robado, y que fue encontrado casi en la esquina de Santa Rosa con Coquimbo, en el sector sur del centro de Santiago.
Dicho vehículo, como explicó el prefecto Marcos Ramírez, jefe de Robos y Focos Delictuales de la PDI, quien se constituyó en el lugar junto al Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, estaba siendo investigado por delitos relacionados con la Ley de Armas y, aunque ninguna de las autoridades presentes lo dijo –aludiendo a que se trata de una investigación secreta– en el interior del mismo se encontraron municiones, armas y una cantidad de explosivos cercana a los 5 kilos.
La hipótesis más firme al respecto dice relación con un nuevo plan de fuga, pero esta vez destinado a rescatar desde la cárcel de Colina 1 a varios miembros importantes de “Los Trinitarios”, la organización criminal transnacional que –al igual que el Tren de Aragua– nació al interior de una cárcel (aunque en Estados Unidos) y que, a inicios de año, fue desbaratada por la misma Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI, luego de una serie de allanamientos efectuados en la toma “Nuevo Amanecer” en Cerrillos, donde se habían logrado imponer a sangre y fuego por sobre los grupos de narcotraficantes locales e, incluso, por sobre el Tren de Aragua, una de cuyas células habían subcontratado para actuar como sicarios.
“Los Trinitarios” ejercían un control depredatorio de la toma, cobrando arriendo y proveyendo de servicios básicos a las personas que vivían en ella, dedicándose además al tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Hasta el momento no existen detenidos por este caso, pero en fuentes de Gendarmería no tienen ninguna duda de que el objetivo era efectivamente Colina 1, por lo cual –como dijo un funcionario que conversó con este medio al respecto y que pidió reserva de su identidad– “es solo cosa de tiempo para que a alguno de estos grupos le resulte una fuga con uso de explosivos en alguna parte del país”.
