Medioambiente
Luego que la Contraloría detectara irregularidades de Sernapesca y de la SSFFAA por no fiscalizar más de una centena de concesiones salmoneras que estaban caducas, el gremio de los salmoneros no acusó recibo y dirigió sus dardos contra la Subsecretaría de las FFAA.
En una reciente visita por la Región de Los Lagos, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quiso entrar al permanente debate sobre el cultivo de salmones con el argumento de que «las actuales autoridades están destruyendo la industria salmonicultora», tal como recogió El Llanquihue.
Aun cuando su intención fue marcar el punto político, Matthei no hizo ninguna mención a la nueva polémica que enfrenta esta industria y que hace referencia a una reciente resolución de la Contraloría General de la República (CGR), en la que detectó irregularidades en la fiscalización a concesiones acuícolas.
¿Qué se detectó? En concreto, falta de control por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) respecto de 170 centros de cultivo de salmones y la no aplicación de las causales para caducar concesiones establecidas en la ley.
De acuerdo con el informe de la CGR, Sernapesca no cumplió con su deber de fiscalizar los centros de cultivo de salmón que, según el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), estuvieron en estado de «sin operación» por más de 24 meses. Estos centros no fueron revisados para determinar si se configuraba la causal de caducidad de sus concesiones, ni se informó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que debía evaluar si correspondía la declaración de dicha caducidad.
Otro de los hallazgos determinó que la Subsecretaría para las FF.AA. mantiene pendientes, desde 2016, 79 procesos vinculados a centros de cultivo, informados por Sernapesca, que eventualmente también incurrirían en una causal de caducidad por no operación. La Contraloría ordenó a ambos servicios instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Tras dicha resolución –que partió por una denuncia que realizó la ONG Terram–, todos los actores han salido a responder, en un intento por mostrar proactividad en hechos que daban cuenta, precisamente, de la ausencia de ello. Así fue como la subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, Mónica Rojas, indicó que “a raíz del proceso de auditoría, Sernapesca inició acciones para subsanar con rapidez las detecciones, modificando el procedimiento de análisis de caducidades y asignando un equipo de dedicación exclusiva”.
Desde la asociación de trabajadores de Sernapesca, en tanto, también salieron a responder por su trabajo, asegurando que el informe de Contraloría evidencia «la falta de presupuesto para la institución que fiscaliza uno de los ámbitos económicos y de seguridad alimentaria más importante para el país”.
Una de las instituciones que no mostró proactividad sino más bien indignación fue SalmonChile, uno de los gremios más grandes que agrupa a los industriales de la salmonicultura. Aunque las consultas fueron enviadas a Arturo Clement, presidente del gremio, SalmonChile optó por remitir una respuesta institucional, en la que criticó con vehemencia a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
«Como SalmonChile estimamos que sus conclusiones son una prueba más del impacto de la negligencia de un organismo del Estado y sus efectos en la salmonicultura, generando una causal de caducidad por el atraso de una responsabilidad de ese organismo», me señaló por escrito.
De acuerdo con el punto de vista que SalmonChile, «las causales de caducidad se generan por el atraso en la responsabilidad de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas en emitir un certificado de regularización de estas concesiones, generando este escenario de incumplimiento frente a Sernapesca».
«La ley permite que el titular de una concesión paralice por dos años su operación, plazo que puede extenderse por dos años más con un certificado de la SubFFAA. Como ese permiso se demora en emitirse, Sernapesca y Subpesca consideran que la concesión está en causal de caducidad, prohibiendo cualquier otro trámite en esa concesión, lo que –obviamente– afecta la normal operación de este sector productivo».
Paralelamente a esta resolución de Contraloría, una nueva publicación internacional se suma a la de The Washington Post, que recomendó no comer salmón chileno, debido a su huella ambiental. Ahora fue el turno de The New York Times, que en un completo reportaje de hace una semana publicó: En Chile, el salmón es fuente de polémica y oposición.
