PAÍS
Lo que comenzó siendo un plan criminal de gran escala, terminó manchando a la PDI y Carabineros, y mostró una vez más la gran movilidad que tienen las armas de fuego en el país, especialmente entre las zonas sur y norte.
Después de la espectacularidad de las imágenes relativas al robo de 12 mil millones de pesos desde las bodegas de Brink’s en el sur de Rancagua y de la conmoción que generó la gran cantidad de delincuentes implicados (hasta el momento van 18 detenidos), la atención relativa al hecho delictivo comenzó a tomar otros matices.
Lo anterior, después que a partir de la formalización de los imputados (entre ellos, dos funcionarios de la empresa) se conocieran tres hechos casi en forma consecutiva: que una de las pistolas usadas en el asalto a su vez había sido utilizada en el ataque que sufrió la exministra del Interior Izkia Siches, en Temucuicui; que un oficial de la PDI tuvo información previa sobre un asalto de características semejantes; y que –según una informante cuya identidad se mantiene bajo reserva– habría personal de Carabineros implicado en el hecho.
Lo acontecido en la PDI significó el inmediato llamado a retiro del hasta ayer prefecto de Cachapoal, Alex Zúñiga, quien fue acusado de no haber ponderado bien los antecedentes que se le expusieron y no solo eso: la Fiscalía inició una investigación de oficio por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación y, ayer en la tarde, personal del OS-9 de Carabineros se constituyó en dependencias de la Policía de Investigaciones, para tomar declaraciones a los involucrados.
En el caso de Carabineros, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, informó ayer que no existía sumario respecto de los dichos de la informante, pero indicó que se actuaría en caso de que surgieran antecedentes sólidos que permitan presumir la actuación de funcionarios de la policía uniformada en el delito.
La pistola Glock, efectivamente, como lo demuestra la evidencia balística, es una de las armas que percutó disparos en contra de la comitiva de la exministra del Interior el 1 de julio de 2022, y también existe certeza en orden a que fue utilizada en un atentado contra el fundo de la familia Urban, en Ercilla. Aunque en algunos medios se indicó que la misma Glock habría participado en otros ataques en dicha zona, fuentes del Ministerio Público indicaron que ello no está probado.
Sin embargo, la presencia de un arma utilizada en ataques ocurridos en esas latitudes hace recordar lo sucedido con la subametralladora hallada el 6 de julio pasado en las instalaciones de la Radio Villa Francia, junto a otras 17 armas, sobre la cual Carabineros estableció que había sido, a su vez, usada en un atentado ocurrido en la Región de Los Ríos y que, además, correspondía a las confeccionadas por un armero que mantenía una fábrica de armas artesanal en la localidad de Liquiñe, en la precordillera de Valdivia.
A ese respecto, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro Un virus entre sombras, dijo a El Mostrador que esas armas, en la jerga delictual, son llamadas “armas sucias”.
Al respecto, explicó que “ese es un modelo que se da bastante en los países que están en proceso de criminalización, donde es frecuente que las armas que tienen un historial oscuro o que están vinculadas a hechos de violencia de alta repercusión, como es el dispararle a la comitiva de la ministra del Interior, se venden o se arriendan a un costo menor de lo que costaría una arma ‘limpia’ o no trackeada, como se denomina a aquellas armas que no están incorporadas en la base de datos balística unificada que hoy existe en Chile, que es lo que permite hacer estos matches entre evidencias balísticas presentes en distintas zonas”.
Desde ese punto de vista detalló que, por ende, el hecho de que una pistola sea usada en eventos de naturaleza tan distinta no significa necesariamente que los autores de ambos hechos sean los mismos o estén relacionados.
Si bien no es posible descartarlo, precisó que “hoy día existe un mercado criminal muy atractivo, que es el arriendo y la oferta temporal de armas de alto calibre para grupos y estructuras criminales y necesariamente debe haber operadores intermedios, que son los que mueven esas armas entre una y otra zona, vendiéndolas o arrendándolas”.
A su vez, el exfiscal de crimen organizado Emiliano Arias, que en mayo pasado terminó su periodo constitucional como Fiscal Regional de O’Higgins, coincide al respecto y señala que “como lo sabemos quienes alguna vez investigamos grupos radicales en la zona sur, años atrás estos eran muy herméticos, muy cerrados, por lo cual era muy difícil que un arma usada en delitos reivindicatorios apareciera luego en delitos comunes. Era muy improbable, pero ahora lo que se puede observar en la zona es que el discurso reivindicatorio está quedando en un segundo plano y muchas organizaciones se dedican derechamente a la comisión de delitos comunes y ahí entran en lógicas en las cuales las armas se venden, se arriendan, se mueven de un lado para otro, y hay varios casos ya en los que se han ido encontrando armas que participan en varios hechos delictuales en distintas zonas del país. Lo positivo es que ahora el banco de datos en relación a las armas se encuentra unificado y eso ayuda mucho en las investigaciones”.
Otro hecho que llamó mucho la atención fue que en los últimos años se ha producido una serie de hechos delictivos de gran connotación en Rancagua y sus alrededores, pues además del túnel que fue descubierto en febrero –que se dirigía a las bodegas de Prosegur–, a fines del año pasado se produjo el secuestro de un empresario y luego, en febrero de este año también, el doble homicidio de agricultores en Malloa, hecho que desató la primera crisis política de 2024 por el tema de la seguridad, que desde entonces no ha salido de la agenda. Estos dos últimos crímenes (el secuestro y el doble homicidio) fueron cometidos por “Los piratas de Aragua”.
Al respecto, Arias indica que una explicación posible para la existencia de una criminalidad de mayor relevancia en Rancagua es que, si se mira a los otros grandes asaltos cometidos en Chile, todos tuvieron lugar antes en el aeropuerto (a él le correspondió investigar dos, cuando era fiscal jefe de Pudahuel) o en Santiago, pero hoy “replicar esos robos es más difícil. Hay más medidas de seguridad y en el último intento asesinaron a un funcionario de seguridad aeronáutica. Santiago, además, está lleno de cámaras y a ello hay que sumar otro hecho: que en los últimos años los fiscales de la zona Centro Norte, junto a la Bipe de la PDI, especialmente, han hecho un fuerte trabajo en detectar las casas de seguridad que organizaciones criminales transnacionales tenían en Santiago, Independencia, Recoleta, etc., y eso genera un efecto globo, un efecto de desplazamiento y, por ende, estas organizaciones comenzaron a asentarse en las zonas cercanas a Santiago, y así fue como se empezaron a detectar casas de seguridad, muchas veces utilizadas para secuestros, en las regiones de Valparaíso y O’Higgins”.
Muchas de estas viviendas, además, puntualiza el exfiscal, se encuentran en zonas rurales por la poca o nula existencia de cámaras y la necesidad de que estén aisladas, para que los vecinos no escuchen disparos, gritos o cualquier cosa que les llame la atención.
“Por ello es que buscan lugares rurales y por eso es que se han detectado casas de este tipo en comunas como Talagante o Melipilla, también. En otras palabras, en la medida que el aparato de persecución penal ejerce presión en las grandes zonas urbanas, lo que por supuesto es lo que hay que hacer, se genera un desplazamiento y fortalecimiento de organizaciones criminales en zonas rurales, pues, además, son lugares que por lo general cuentan con personal policial e incluso fiscales que no están preparados para esos fenómenos”.
Zeballos, por su parte, apunta también a otro aspecto que dice relación con la discusión que se ha generado en torno a la instalación de una nueva cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt, a un costado de los recintos penitenciarios que ya existen. Al respecto, comenta que “hay que considerar la importancia que está teniendo Rancagua como plaza criminal de diferentes estructuras y debemos preguntarnos si ese fenómeno tiene que ver con que, desde un tiempo a la fecha, la principal cárcel de máxima seguridad que teníamos en el país estaba en Rancagua, pues hasta antes de la inauguración del Repas, a inicios de este año, el lugar que reunía mayores condiciones de seguridad era ese”.
Independientemente de ello, Zeballos, quien fue oficial de inteligencia de Carabineros, indica que lo que sucedió en Rancagua el viernes pasado “muestra una evolución criminal interesante, que guarda semejanza con modelos que uno ha visto en otros países. El Primer Comando de la Capital (PCC) partió de la misma forma y hoy día controla puertos y controla ciudades”.
Arias también señala la presencia de una cárcel de esas características como un factor, a lo que suma la “corrupción policial y una fuerte corrupción municipal”, agregando que ese factor, el de funcionarios públicos que son sobornados por criminales, ha sido constante en la Región de O’Higgins.
Sin perjuicio de todo lo anterior, Zeballos dice que hay otros fenómenos mucho más inmediatos y que no deberían perderse de vista frente a lo ocurrido en la Región de O’Higgins, como el intento de fuga que “Los Trinitarios” planeaban desde el penal de Colina 1, que se frustró el lunes pasado, cuando la PDI encontró en pleno centro un auto cargado con explosivos que, se cree, iban a ser utilizados para derribar un muro de dicho penal.
