PAÍS
Víctor Huenante/AgenciaUno
Tras el aplazamiento de la formalización en el denominado caso Audios el día de ayer, la Fiscalía vivirá hoy una jornada clave, pues deberá demostrar que el origen de los dineros investigados corresponde efectivamente a maniobras de lavado de activos.
Las primeras palabras pronunciadas ayer por la jefa de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, no dieron cabida a segundas lecturas. Al comienzo de la audiencia de la formalización por el caso Hermosilla o Audios, indicó que las abultadas cifras de dinero recibidas por Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos –acusados de cohecho, soborno, lavado de activos e ilícitos de carácter tributario– provenían directamente de “actividades ilícitas”.
Para intentar hilvanar mejor la puntada, la fiscal Parra mencionó el vínculo del caso Hermosilla con la investigación de Factop, donde los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como Rodrigo Topelberg, entre otros, son indagados por estafa, delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero, debido a las maniobras realizadas en sus empresas, el factoring Factop y la corredora de bolsa STF.
El puntapié inicial, en rigor, resumió la tesis planteada por la Fiscalía durante la investigación. Parra sostuvo que Hermosilla y Villalobos tenían “pleno conocimiento” de las operaciones relacionadas con Factop y que los fondos obtenidos a partir de estas maniobras “fueron usados con ánimo de lucro, girando cheques a fecha sin justificación, simulando ser productos de operaciones comerciales, para solventar así sus altos costos de vida”.
Por cierto, como quedó en evidencia en la formalización por el caso Factop, en abril pasado, buena parte de los fondos de dicha empresa provenían de dineros que distintas personas, incluyendo a familiares de los Sauer y Topelberg, les entregaron a modo de inversión, sin que se les devolvieran.
La fiscal agregó que las actividades ilícitas fueron realizadas durante más de una década, entre los años 2012 y 2023, y permitieron a los imputados recibir abultadas sumas de dinero “desde las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, quienes constituyeron en su favor sendas líneas de créditos a modo de financiamiento permanente”.
Esta suerte de “bicicleta” habría permitido solventar un estilo de vida ostentosa de altos costos, tanto a nivel personal como familiar, que permitieron a los involucrados realizar millonarias inversiones y costear “gastos derivados del ejercicio de sus actividades profesionales, lo que no hubiese sido posible sin esta modalidad de financiamiento”, precisó Parra.
Todo este análisis, en el fondo, fue el preámbulo de un corolario que buscada poner la guinda de la torta a la tesis argumentativa. Los dineros recibidos por el exasesor del Ministerio del Interior en el Gobierno de Piñera, provenientes de las empresas controladas por los hermanos Sauer y que fueron abonados a su cuenta corriente del banco BCI, sumaban en total $5.515.265.899, es decir, más de 5 millones de dólares.
La historia en torno a los dineros recibidos por Luis Hermosilla se ha ido contando en capítulos. El primero aconteció el 20 de febrero de este año, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió un informe reservado al Ministerio Público sobre el “perfil socioeconómico” del abogado.
En el documento se detalla que el primer Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre Luis Hermosilla fue registrado en la cuenta del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, apenas un mes antes de que se destapara el caso Audios.
El reporte de 18 páginas daba cuenta de que Hermosilla, a lo largo del tiempo mencionado, recibió más de $4.300 millones en abonos y otros $3.802 millones en calidad de cargos. La UAF fue enfática en señalar que los movimientos bancarios no contienen “antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los fondos transados” y que en ellos se advertían “eventuales maniobras de lavados de activos”.
Respecto de esto último, el informe señalaba que las sociedades Factop SpA y Comercial Textil Ziko Ltda., ambas relacionadas con la familia Sauer, eran las empresas que más transacciones habían realizado a favor del abogado, cuyas operaciones fueron catalogadas por la entidad fiscalizadora como “carentes de justificación financiera”.
El documento reportó que Factop depositó a la cuenta del abogado alrededor de $1.300 millones y detectó 20 depósitos de dinero en efectivo, realizados entre enero de 2020 y octubre de 2023, por un total de $114.541.000, que la UAF calificó como operaciones de “uso extensivo”.
A propósito de esto mismo, la fiscal Lorena Parra explicó en la audiencia del día ayer que Hermosilla “recibió sistemáticamente sobres de dinero en efectivo por parte de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, parte de los cuales fueron posteriormente depositados en sus cuentas bancarias”.
Otra de las cuentas fiscalizadas estuvo en el Banco Scotiabank, cuyos movimientos, entre enero de 2021 y noviembre de 2023, registraron abonos por cerca de $293 millones, y otra del Banco de Chile donde llamó la atención el depósito de un vale vista por parte de María Neira Cabrera, esposa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, a quien Hermosilla representaba en una causa por el uso de gastos reservados.
El documento, en general, advierte que los antecedentes darían cuenta de la “comisión de eventuales delitos base, los cuales habrían involucrado diversas maniobras tendientes a obtener financiamiento de manera ilícita, empleando facturas falsas, presuntos pagos a funcionarios públicos y una compleja red de sociedades relacionadas para su cometido”.
Las cifras fueron creciendo conforme la investigación avanzaba. Otro informe de la Unidad de Análisis Financiero, de abril de este año, estableció que entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, Hermosilla tuvo movimientos bancarios por $4.370 millones.
La información terminó por complementarse tras un último preinforme contable que abordaba un periodo más amplio, entre el 2 de enero de 2018 y el 28 de marzo de 2024, también respecto al banco BCI, incrementando los movimientos a más de 11 mil millones de pesos, tal como lo confirmó ayer un reportaje de El Mostrador.
El estudio, realizado por el forense Pablo Alfaro, por petición de la propia defensa de Hermosilla, estimó que la mayoría de los ingresos –casi 8 mil millones– eran “provenientes de terceras partes” y que el resto –los otros 4 mil millones– correspondían a “cuentas de su sociedad u otras cuentas de la misma persona natural”.
A partir del año 2019, las operaciones comenzaron a incrementarse. Hermosilla giró $880 millones a través de 49 cheques a nombre de Factop y otros cinco documentos a nombre de Comercial Textil Ziko Limitada, por $95 millones. En 2020, tal como consignó un reportaje de Ciper, los montos crecieron considerablemente. Ese año, Hermosilla emitió 56 cheques al factoring de los Sauer por $1.035 millones y otros $80 millones a Ziko.
El año 2021, en tanto, el abogado emitió 80 cheques que contabilizaron $1.377 millones dirigidos a las empresas mencionadas. Al año siguiente giró cheques por $985 millones y el año 2023 lo hizo por un total de $463 millones. El total de todos los años registrados fue el que la fiscal Parra mencionó en la formalización de ayer: más de 5.500 millones de pesos.
No solo eso. La persecutora aseguró que durante los años tributarios del 2020 a 2024, Luis Hermosilla presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, a través de formularios 22, con “montos menores a los que efectivamente percibió en los respectivos ejercicios comerciales anuales, rebajando de forma indebida la base imponible del impuesto global complementario que le correspondía soportar en dichos periodos”. Según sus estimaciones, el perjuicio fiscal de dichas maniobras es superior a los 800 millones de pesos.
Estas maniobras ilegales le habrían posibilitado al abogado mantener un alto estándar de vida, que le permitió comprar un departamento en efectivo en Concón hace dos años, avaluado en 263 millones de pesos, luego que Daniel Sauer emitiera un certificado asegurando que Hermosilla era gerente general de Factop y que tenía una inversión en la empresa de 300 millones. “Lo que de hecho no era verdad”, declaró el dueño de Factop a la Fiscalía.
