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Crédito: AgenciaUNO/EFE
Apuntando al fallo del tribunal chavista que ratificó la victoria de Maduro, el Mandatario dijo que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones y reprime al que piensa distinto”. Cancillería reiteró que la postura de Chile sigue siendo “no reconocer el supuesto triunfo”.
Endureciendo el tono sobre la situación en Venezuela, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país caribeño —acusado de servir al chavismo gobernante— que ratificó este jueves la victoria de Nicolás Maduro, “termina de consolidar el fraude” en las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, apuntó el Mandatario a través de la red social X.
“He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro ‘el adjetivo cuando no da vida, mata’, y ellos han asesinado la palabra democracia”, subrayó.
Gabriel Boric recalcó que “la dictadura de Venezuela no es la izquierda”. A su juicio, “es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile”.
En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, dijo que la decisión del TSJ no le sorprende, “como corresponde a un régimen autoritario”. Desde La Moneda, el canciller enfatizó que el anuncio “no modifica en lo más mínimo nuestra posición”.
“Nosotros no reconocemos el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y nuestra posición es simplemente no reconocer el supuesto triunfo de Nicolás Maduro”, manifestó el ministro van Klaveren.
El canciller resaltó que Chile se sumó al llamado de veintidós países de América, Europa y África, además de la Unión Europea, que solicitaron la “inmediata publicación de todas las actas originales” y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados.
La validación del resultado por parte del TSJ fue ampliamente cuestionada por la oposición venezolana, en particular por el abanderado de la principal coalición opositora Edmundo González Urrutia, quien señaló que “ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”. Varios partidos antichavistas se sumaron a la crítica y advirtieron que la decisión judicial sobre las presidenciales “auspicia la persecución política” en el país.
Desde las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, el Presidente Boric ha enfatizado la necesidad de conocer la totalidad de las actas electorales, tanto de veedores internacionales independientes como de la oposición, que el Consejo Nacional Electoral aún no ha dado a conocer de manera desagregada.
Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), el líder chavista obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos), frente al 44,2 % de los sufragios de González Urrutia (4.445.978 votos).
A partir del 10 de enero, fecha en la que comienza el nuevo mandato, Maduro asumirá un tercer período consecutivo para un sexenio al mando del país, gobernado por el chavismo desde hace 25 años.
Desde que llegó al poder en marzo de 2022, Gabriel Boric ha sido una de las voces más duras en la región contra Maduro, una postura que le ha diferenciado de otros líderes progresistas, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también aseguró que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, confirma “el fraude” que denuncia la comunidad internacional. “El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana”, publicó el mandatario en sus redes sociales.
Uruguay figuró, junto a España, la Unión Europea y Estados Unidos, entre los 22 países que solicitaron el viernes pasado la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados de esos comicios.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, dedicada a la investigación de los derechos humanos en este país, denunció “la falta de imparcialidad” tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral. Ambas entidades “han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, señalaron los miembros de la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, poco después de conocerse el fallo del TSJ.
En una declaración emitida a través de redes sociales, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que el chavismo ejerce una “injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
El jurista chileno Francisco Cox, otro de los miembros de la Misión, recordó que hace dos años la Asamblea Nacional (Legislativo venezolano), de mayoría oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para poder controlarlo. En esas circunstancias eligió a los actuales veinte magistrados y magistradas del TSJ, cuya presidenta, Caryslia Rodríguez, “es militante del gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”, recordó.
También el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha sido diputado de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno, y en el cargo de controlador general fue el responsable de “la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado”, agregó Patricia Tappatá, integrante de la Misión.
El TSJ asumió la supuesta “validación” de los resultados electorales a solicitud de Maduro, quien presentó un recurso de amparo -que nunca se conoció- por el que fueron convocados los 10 excandidatos presidenciales, aunque Edmundo González Urrutia declinó asistir.
