El sistema de nombramiento de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales ha sido considerado por sus detractores como corrosivo para la probidad del sistema judicial y la política: los dos gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera se esforzaron por modernizarlo.
Al sistema vigente se le critica ser una fórmula compuesta por cuotas de poder que han amasado algunos ministros de Cortes de Apelaciones inescrupulosos al nombrarlos, por ganancias millonarias disfrutadas de por vida por decenas de los auxiliares de justicia, por contrataciones que no requieren transparencia, por consumidores que pagamos lo que se venga en gana por un sistema de atenciones dispares.
El proyecto que hoy está en el Congreso propone poner fin a los llamados “inmortales” y pretende que notarios, conservadores y archiveros sean elegidos por Alta Dirección Pública y no por los votos de los ministros de Corte. Que se transparente a los notarios suplentes y las contrataciones que se hacen, que sea Sernac el que fiscalice cuánto nos cobran por los trámites y que se pueda exigir cierto estándar en la atención.
Una cosa es no estar de acuerdo con algunos aspectos que se intenta cambiar; otra, es querer seguir perpetuando un sistema poco transparente, que sus detractores califican como un botín que alcanza para campañas políticas; además de ser corrosivo –como lo hemos visto en los chats– para la probidad del sistema judicial y la política.
Punto por Punto: Notarios y conservadores: el botín de los inmortales
