El ritmo del “fast track” que abrió un nuevo foco de tensión entre el Congreso y Elizalde

Cuando el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, baile para Fiestas Patrias su segunda cueca como titular de la cartera, el acuerdo de fast track legislativo en seguridad habrá cumplido 1 año y 5 meses en Valparaíso. A pocas semanas de la inauguración de las fondas, el secretario de Estado desconcertó al Congreso al responsabilizar al Poder Legislativo por el atraso en la tramitación del paquete de medidas y alteró los ánimos al afirmar que algunas comisiones carecen de eficiencia parlamentaria para sacarlos adelante.

El fatal fin de semana que dejó 11 homicidios en la Región Metropolitana reabrió el debate sobre el denominado fast track 2.0 de seguridad, suscrito entre el Gobierno y el Legislativo, mientras que las declaraciones de Elizalde dejaron averiado el ambiente de acuerdos en Valparaíso para el regreso de la semana distrital.

En el Congreso explican que las palabras del ministro obedecen a una estrategia de La Moneda que apunta a justificar ante el electorado que, a pesar del aumento de dinero a las policías, de los militares en las fronteras y las medidas carcelarias, hay un fracaso en la lucha contra el crimen organizado. Pero también, aseguran, apuntan a un intento por desnudar a sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista que se oponen a elementos de la agenda de seguridad.

De hecho, el martes, desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric reforzó esa línea y expresó su preocupación por el lento avance del llamado fast track legislativo en materia de seguridad.

“El avance ha sido significativo, pero necesitamos aprobar varios proyectos de ley con urgencia. Hoy hablé con la ministra (Carolina) Tohá y están discutiendo los detalles del Ministerio de Seguridad. Espero que se apruebe rápido, porque la seguridad es la primera prioridad de los chilenos y también de este Gobierno”, subrayó el Mandatario.

La semana pasada, el ministro Elizalde asistió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer sobre el estado de la agenda priorizada en materia de seguridad. Durante su presentación informó que, de los 32 proyectos incluidos en dicha agenda, solo uno ha sido aprobado, mientras que 30 están en tramitación y uno está pendiente de ingreso. La única iniciativa aprobada hasta ahora es el proyecto sobre reincidencia.

Las seis iniciativas más relevantes se encuentran empantanadas “por desacuerdo entre los ministros sobre a cuáles darles prioridad” y cuya implementación resulta “clave” para el combate contra la delincuencia. Se trata de la reforma a la persecución penal con énfasis en reincidencia; el Ministerio de Seguridad Pública; el Sistema de Inteligencia del Estado; el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas; el de Inteligencia Económica y secreto bancario, y el de Reglas de Uso de la Fuerza. A ellos se suman otros proyectos de ley que no fueron parte de este paquete priorizado de medidas. Entre ellos, están las normas de resguardo de infraestructura crítica, la protección de zonas fronterizas y la creación de los Tribunales de Ejecución de Penas.

Los demás proyectos –que incluyen temas como seguridad municipal, fortalecimiento del Ministerio Público y la Ley Antiterrorista– siguen en diversas etapas de tramitación. Según dio cuenta Elizalde, solo uno de los 32 proyectos de la agenda ha sido despachado para su promulgación. Se trata de la llamada “Ley de Reincidencia”, que busca poner fin a la “puerta giratoria” que permite a los delincuentes volver rápidamente a las calles una vez que han ingresado a prisión.

La situación generó críticas de varios diputados de oposición, quienes expresaron su frustración por la lentitud en la tramitación de estos proyectos. El expresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), manifestó su incredulidad ante el ritmo lento del fast track en seguridad, un tema crucial ante la actual crisis. “Quisiera saber, ministro Elizalde, ¿qué los llevó a incumplir ese acuerdo?“, cuestionó Longton.

Asimismo, la senadora Paulina Núñez (RN) criticó la gestión del Gobierno en materia de seguridad y pidió un cambio en el equipo del Ministerio del Interior, así como una reevaluación del programa “Calles sin Violencia.”

“No sirve de nada proponer medidas si quienes están a la cabeza no han demostrado la capacidad para implementarlas de manera efectiva. Es inaceptable que, en medio de una crisis de seguridad, las cifras de homicidios sigan siendo alarmantes. Se requiere un cambio profundo en el equipo en Interior y la Segpres, porque el partido se está perdiendo y estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero no con los mismos actores”, dijo la senadora Núñez.

Desde Renovación Nacional explican que, de los 32 proyectos prioritarios para el Gobierno, “solo 15 están en trámite y apenas 9 tienen urgencia”, haciendo hincapié en que “todos deben tenerla y hay que establecer una fecha límite para contar con las herramientas legales necesarias”.

En el oficialismo aseguran que apuntar al Congreso como el culpable de la lentitud del fast track legislativo obedece a la construcción de un relato desde el Segundo Piso, que se extenderá además a los temas emblemáticos del programa de Gobierno, como una justificación de lo que no se pueda cumplir. Puntualizan que, en el caso de la agenda de seguridad, “para nadie es un misterio que el Gobierno tiene un problema con los apoyos del PC y el FA en estos temas de la agenda legislativa y no logra ponerse de acuerdo en qué temas quiere priorizar”.

“Un ministro que dice blanco, el otro dice negro y el otro dice azul. Y al final no se logra coordinar y saber cuál es la línea en la que el Gobierno quiere avanzar. Y, probablemente, lo más complejo es que el Gobierno tiene un problema con el Frente Amplio y el Partido Comunista en la agenda de seguridad. Eso le genera un problema al Gobierno, porque al final del día los proyectos se terminan aprobando con los votos de la Nueva Mayoría, más votos de derecha. Y, además, también claramente hay una verdadera cueca al interior del Gobierno para ordenar la agenda legislativa”, sostienen desde el Senado.

Una muestra del “despelote” se vivió en la Comisión de Constitución, donde se dio prioridad a una serie de proyectos que no guardaban relación con la agenda de seguridad. Entre ellos, el tema de los notarios y, en los últimos días, desde el gabinete de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se busca poner en tabla el proyecto de ley que modifica el Régimen de Sociedad Conyugal del Matrimonio, que duerme el sueño de los justos desde 2008 y que persigue establecer la plena igualdad entre los cónyuges en la administración de sus bienes.

Ello no fue del agrado del ministro Elizalde. “El proyecto de RUF y el de infraestructura crítica que no se habían votado en la Comisión de Defensa, no se habían votado a petición del Gobierno. Cuando el senador Pedro Araya (PPD) asumió la presidencia de esta, rechazó la dilación y lo despachó a la Sala para ser votado en general y se aprobó”, señala un integrante de la comisión.

En paralelo, al socialista que alguna vez se jactó de rechazarle la Embajada de Argentina a Michelle Bachelet, se le suma otro incómodo conflicto en el Senado. El miércoles pasado, los abogados de la Federación de Asociaciones del Congreso (Fedacon) y la ANEF se reunieron en el tercer piso de la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de una audiencia por la demanda que tienen contra el Estado por vulneración de fuero sindical. En el documento, el nombre del Álvaro Elizalde aparece varias veces mencionado por sucesos ocurridos cuando era presidente de la Corporación. A pocos metros de allí, se encuentra la oficina de la Oficial de Programación de la OIT, Patricia Roa, esposa del secretario de Estado y cercana a las funcionarias que habrían participado de la audiencia.