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Foto: AgenciaUNO
Luego de que El Mostrador revelara la crítica situación de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, especialmente en la Región de Magallanes, las diputadas Morales (FA), Pérez (Ind-UDI), Castillo (PC) y Gazmuri (AH) urgen medidas preventivas ante la falta de políticas públicas.
A pesar de que Magallanes se destaca por tener una de las tasas de delitos en la vía pública más bajas del país, las cifras sobre abusos sexuales infantiles, explotación sexual infantil y violencia intrafamiliar presentan una alarmante realidad en la región.
El Mostrador informó sobre los denominados “parcelazos”, fiestas clandestinas en terrenos arrendados y que constituyen uno de los casos más graves –pero no los únicos– delitos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) que han sido denunciados en la región del Presidente Gabriel Boric.
Según autoridades, Magallanes se ha convertido en un polo de prostitución infantil y juvenil. La situación se agrava porque muchas de las víctimas son menores bajo protección estatal en residencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez).
En julio recién pasado, la Defensoría de la Niñez identificó un aumento progresivo de este tipo de casos, con focos importantes respecto de niñas y adolescentes en el sistema de protección residencial, siendo Magallanes –considerando su cantidad de habitantes– la región que presenta la mayor tasa de incidencia, alcanzando 294 víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes.
Tras la publicación de este medio, las diputadas Javiera Morales (FA), Marlene Pérez (Ind-UDI), Nathalie Castillo (PC) y Ana María Gazmuri (AH), expresaron su preocupación y urgieron a implementar medidas preventivas y de protección más efectivas para combatir estos delitos.
La diputada Morales, representante de Magallanes, señaló que los hogares en la región “son los más peligrosos de Chile y esta realidad no cede”, ya que “el escenario es el mismo cada vez que se publican nuevos datos”. En ese sentido, recalcó que se debe avanzar en prevención, y por eso valora que el gobierno central y regional vayan a iniciar campañas preventivas publicitarias. No obstante, puso el foco en que gran parte de las víctimas son jóvenes que viven en residencias para adolescentes a cargo del Estado.
“Las niñas y adolescentes no están encerradas en la residencia, pueden salir al colegio o a tener vida social, y son en esas salidas donde se cometen estos delitos. La realidad es espeluznante porque muchas de ellas no se reconocen como víctimas de delito, cuando sin duda lo son, y eso hace más difícil la prevención”, expresó la diputada.
A su juicio, la actual residencia de Punta Arenas no reúne las condiciones adecuadas, por su infraestructura. “Por eso levantamos la alerta y el gobierno regional va a comprarles un lugar más apto que administrará Mejor Niñez directamente”, añadió.
La parlamentaria frenteamplista también resaltó la instalación de una oficina de la Defensoría de la Niñez en la región, que hoy está ausente. Su llegada está prevista para fines de este año. En tanto, destacó que la PDI y el Ministerio Público ya tienen unidades especiales encargadas de este tipo de delitos, y todas las semanas se conocen nuevas causas, procesados y condenados.
“Así y todo, son medidas que aún falta por ejecutar por lo que no podemos quedarnos tranquilos. Falta política pública”, sentenció la diputada Morales.
Marlene Pérez, independiente de la bancada UDI y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, enfatizó que la explotación sexual comercial infantil ha estado creciendo de manera sostenida durante los últimos años y las denuncias se han multiplicado por 2,4 veces.
La diputada Pérez recordó que, durante la comisión investigadora sobre la implementación del servicio Mejor Niñez, la antigua directora reconoció más de 200 denuncias al interior del Servicio de Protección Especializada. En este caso, dijo, como en otros lugares del país, “este tipo de delitos ha ido de la mano con la introducción de grupos extorsivos vinculados al narcotráfico que buscan oportunidades en espacios en que principalmente las niñas están expuestas a redes que operan con un alto nivel de impunidad”.
La parlamentaria remarcó que la plataforma actuaresurgente.org ha hecho seguimiento a las estadísticas de este delito y ha constatado que, además, según los antecedentes del Ministerio Público, hay una alta tasa de archivo de causas y una baja tasa de condena de los formalizados.
Por otro lado, la legisladora apuntó que “el Ejecutivo tiene la responsabilidad frente a los organismos internacionales de la implementación del cuarto marco para la acción, que así como los otros marcos anteriores, propuso la erradicación de la peor forma de explotación”. Sin embargo, criticó, “no hemos visto materializado un plan de acción concreto que se exprese en el marco de la Política Nacional de la Niñez recién promulgada y que de cuenta de plazos recursos y acciones concretas para revertir este tipo de situaciones”.
La diputada Pérez también puso el foco en perseguir a las organizaciones criminales que están detrás, además de hacerse cargo de la rehabilitación completa de las miles de víctimas de explotación sexual comercial infantil, que —denunció—”en su gran mayoría no llegan a la oferta pública y que requieren una atención especializada en trauma complejo, lo que hoy día no está disponible, más aún con las listas de espera vigentes tanto en Mejor Niñez como en el Ministerio de Salud”.
Quien también abordó el tema fue la diputada Nathalie Castillo (PC), quien en junio de este año propuso una Sesión Especial en la Cámara para evaluar la implementación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que llegó para reemplazar el estigmatizado Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, hasta ahora, no se han juntado las firmas necesarias para su realización.
Consultada por los casos expuestos en Magallanes, señaló que “se trata de una situación grave, lamentable y dolorosa”. Si bien valora los esfuerzos del Poder Judicial de ponerle freno a estas situaciones, investigando estos delitos y logrando condena a pederastas, afirma que “sigue siendo insuficiente”.
“La institucionalidad, en su conjunto, pero también el sector privado, no ha sabido frenar delitos sexuales contra NNA, al interior de los grupos familiares, pero también para todas y todos que están bajo custodia del Estado, en los servicios de protección”, manifestó.
La parlamentaria del PC planteó que “no escatimamos ni dudamos en señalar que el Estado vulnera los derechos de las infancias”. Según la diputada Castillo, en línea con lo manifestado por el senador Karim Bianchi, quien también propuso una sesión especial en el Senado, pero que tampoco se ha concretado, “al Estado chileno parece no interesarle el bienestar de los niños, niñas y adolescentes o bien está fracasando rotundamente en su intento de mejorar la calidad de vida”.
Castillo reconoce que el Congreso Nacional no se escapa de ese diagnóstico. Por ejemplo, reiteró, “aún los diputados y diputadas no firman la Sesión Especial que busca estudiar la implementación de Mejor Niñez, institución a la que han llovido críticas de los propios trabajadores pero también de organismos especializados de protección a la infancia”.
La revelación de las fiestas sexuales con menores de edad en Magallanes fue, para la diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión Permanente de Familia de la Cámara, estremecedor. “Refleja una dura realidad que ha sido denunciada constantemente y que, a pesar de los esfuerzos, no ha sido afrontada con la seriedad que merece”, lamentó.
Gazmuri reiteró que, lamentablemente, esta situación, que involucra a niños, niñas y adolescentes de todo el país, “no ha sido puesta como una prioridad desde todos los espacios involucrados”. Recordó que ella misma denunció un caso que ocurrió en el Maule, que tuvo como víctima a niñas de un hogar acreditado por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. “El victimario era el representante legal de uno de este hogar de acogida, pero sobre ese caso hoy ya nadie habla”, comentó.
La diputada expresó que, al indagar sobre ese caso (y varios más), en la comisión investigadora que se creó para evaluar la implementación del servicio Mejor Niñez, “desde el Congreso nos dimos cuenta que falta mayor fiscalización y que la implantación del servicio ha sido deficiente, muy lejos de lo que se esperaba”.
También, a raíz de esa instancia, “concluimos que es muy difícil fiscalizar a los recintos que son privados”, añadió. Y es que, coincide la parlamentaria, el modelo de acreditación ha planteado desafíos para una correcta y profunda fiscalización.
Según Gazmuri, para hacer eco de un diagnóstico común, “es importante decir que se necesitan más especialistas trabajando para Mejor Niñez, así como también es importante que el Ejecutivo se comprometa con mayor firmeza en este tema”.
Esto último, lo dice porque la Dirección de Presupuestos (Dipres), hoy encabezada por la frenteamplista Javiera Martínez, por ejemplo, anunció que dejará de financiar el programa Red Calle Niños, destinado al acompañamiento de NNA en situación de calle, “lo que claramente es una muy mala señal”.
“La situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que dependen del Estado es dramática y para enfrentar ese problema, lo primero que se debe hacer es pensar en cómo destinar mayores recursos, no menos. Por otro lado, a esta altura es ingenuo no estar saber que existen redes de explotación sexual infantil, y un poderoso manto de silencio alrededor. Estamos vergonzosamente en deuda”, concluyó Gazmuri.
