Diputado Aedo y acusación constitucional contra ministro Matus: “No podemos cerrar los ojos”

En el marco de la investigación del caso Hermosilla –y tras conocerse los chats entre el abogado y el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus–, el diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, anunció que está estudiando los antecedentes para impulsar una acusación constitucional (AC) contra el magistrado. 

Cabe recordar que en 2019, cuando Matus ejercía como abogado, colaboró en la defensa ante la AC contra el exministro Andrés Chadwick –encabezaba por Luis Hermosilla–, siendo el nexo con el jurista alemán Kai Ambos, a quien se le pagó por un informe en derecho. Esto se enmarca en la investigación por lavado de activos, ya que Hermosilla le pidió a su entonces cliente y dueño de Factop, Daniel Sauer, que girara el pago a una cuenta extranjera, según relató la Fiscalía.

En ese contexto, el diputado Aedo asegura que es “jurídicamente cuestionable” el hecho de que el ministro de la Suprema se ampare en el “secreto profesional” para no haber dado a conocer las conversaciones con Hermosilla, hoy imputado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. A lo que se sumaría el debate respecto a la legitimidad de su nombramiento en el máximo tribunal del país. 

El parlamentario DC también hace un llamado al mundo político a “no cerrar los ojos” frente a este caso. “Si estamos decididos a enfrentar al crimen organizado, tenemos que enfrentar también la posible corrupción en nuestras instituciones”, dice. 

-¿Cuáles son los antecedentes que sustentan el estudiar una acusación constitucional contra el ministro Jean Pierre Matus?
-Hay dos ámbitos que creo que vale la pena tener en cuenta frente a este estudio que estamos haciendo. Uno, es lo estrictamente jurídico, que obviamente es lo que plantea la Constitución. Pero también creo que se abre un debate respecto de la legitimidad del nombramiento. Yo sé que la Constitución indica que, respecto de una acusación constitucional a un ministro de la Corte Suprema, debe ser en relación al ejercicio de su ministerio. En ese sentido, algunas de las intervenciones que ha hecho el propio ministro Matus, cuando se escuda en que no dio a conocer algunos ilícitos por el secreto profesional, dan cuenta de que hay un elemento que para nosotros, desde lo jurídico, nos parece a lo menos cuestionable. 

Hoy día nos enteramos de que había muchos delitos en todos los chats que se están investigando de Hermosilla. Entonces, esa es la arista que nosotros estamos estudiando en lo jurídico. Porque entendemos que muchas de sus otras acciones que son cuestionables, son cuestionables incluso jurídicamente antes que asumiera como ministro de la Corte Suprema, y eso obviamente abre un debate, porque la Constitución dice que tienes que referirte a hechos en el ejercicio del ministerio. Pero este ampararse en el secreto profesional para no haber denunciado delitos, eso sí entendemos que es cuestionable y es lo que estamos investigando. Cuando tengamos una certeza, obviamente vamos a avanzar. 

Pero creo que el debate de esta acusación también tiene que ver con la legitimidad en el nombramiento de Matus. O sea, creo que se abre ese cuestionamiento. Porque en el fondo, de lo que hasta acá conocemos y que hemos ido recopilando, primero, parece casi como un pago por las acciones en relación con la defensa de Chadwick. De distintas formas. No solo que se le pagó al propio Matus con recursos de una empresa que hoy día está siendo investigada por lavado de activos, por fraude al fisco.

Lo segundo, él dice en su declaración a la Fiscalía no saber cómo se pagó a este profesor que llevó adelante el informe en el marco de la acusación de Andrés Chadwick. Y resulta que hoy día, con toda la información que está disponible, sabemos que no solo sabía, sino que facilitó y que fue parte del modelo de cómo se le pagaba a este profesor, según los chats que tiene con el propio abogado Hermosilla. De hecho, dio las instrucciones o entregó la información de cómo hacer la transferencia de recursos a este banco extranjero. Y eso, en mi opinión, para un ministro de la Corte Suprema, para alguien que tiene que ejercer justicia, deja un manto de duda ética demasiado grande.

Un tercer elemento tiene que ver con que, a raíz de toda esta acción, finalmente recibe el nombramiento de la Corte Suprema. Casi como un premio por su gestión. Y eso para mí hay que analizarlo con harto cuidado. Porque ese elemento, aunque es anterior a su nombramiento, genera un vicio en el nombramiento como ministro de la Corte Suprema. Creo que hay que discutirlo.

-Lo plantea entonces como fundamento adicional para una eventual acusación… 
-Es lo que estamos estudiando con harta detención. Pero al menos lo voy a plantear, porque creo que esto sí tiene que abrir un debate. Es decir, aquí se llegó, luego de toda esta acción, a la Corte Suprema. Entonces, la pregunta que se abre es cuál es la legitimidad de este ministro para estar en la Corte Suprema. Yo creo que este debate hay que darlo. No estoy diciendo con esto que sea el elemento central de una posible acusación, por eso he dicho que lo estoy estudiando. Y si tengo la certeza de que están los elementos jurídicos, obviamente que voy a avanzar. Lo estoy consultando con varios constitucionalistas y ellos mismos me han planteado este tipo de interrogantes.

Buscando apoyos y el papel de la oposición

-¿Esto ya lo ha podido socializar con otras bancadas? ¿Qué apoyos tendría desde el oficialismo?
–No lo he conversado todavía con las otras bancadas. Quiero ser bien responsable, voy a hablar en el minuto que yo tenga la convicción de que tengo los elementos para avanzar en esto. Pero sí lo que he recibido, de distintos parlamentarios, del oficialismo en general, es la disposición a estudiarlo también detenidamente y consensuadamente. Hay gente a la que esto le hace todo el sentido.

Repito, en esto quiero ser responsable, porque esto es una acusación grave, pero además porque ha sido mi estilo también de trabajo parlamentario. Es lo mismo que hice, por ejemplo, en el marco de la comisión investigadora de robo de madera, que partimos con algunas personas del mundo político diciendo que ahí solo teníamos reivindicaciones de pueblos originarios. Y finalmente todos llegamos a la conclusión de que lo que operaba eran grupos de crimen organizado que estaban en un negocio ilícito de robo de madera y tráfico de drogas. Lo digo, porque yo voy a avanzar en la medida que tenga convicción firme. 

-Dentro de las reacciones de la oposición, la diputada Ximena Ossandón dijo “no podemos permitir que se utilicen herramientas constitucionales para fines políticos, especialmente en un caso tan sensible como el de Hermosilla”. ¿Qué le parece?
-Más que contestar a diputados o diputadas en específico, solo le quiero decir algo a todos mis colegas. Primero, que voy a avanzar con mucha responsabilidad si tengo todos los elementos, pero lo segundo es que creo que no podemos cerrar los ojos frente a un caso de corrupción enorme, que puede manchar de manera severa y grave la composición del tribunal más alto de nuestra judicatura chilena.

No lo estoy haciendo para buscar un punto político, lo estoy haciendo porque siento una preocupación genuina de que, si estamos decididos a enfrentar al crimen organizado, tenemos que enfrentar también la posible corrupción en nuestras instituciones. Porque, si no lo hacemos, el único mensaje que estamos entregando al crimen organizado es que acá las instituciones no solo no funcionan, sino que están debilitadas y que tú con el pago o con ciertos favores logras entonces llegar al máximo tribunal. Y a mí eso me parece grave. 

Entonces, yo no cerraría los ojos, no escondería la cabeza. Esto no es hacer un punto político en contra de uno u otro sector. Esto es defender la institucionalidad chilena. Y lo que espero de los congresistas, de todos, es que defendamos esta institucionalidad.

-¿Usted esperaría mayor énfasis en los pronunciamientos de los parlamentarios?
-Lo que comienza a quedar en evidencia –y eso lo determinará la Justicia– con los antecedentes que tenemos hasta acá, es que hay tráfico de influencias, hay uso de dinero que viene de fraudes, dinero que es lavado para poder meterlo al sistema bancario, dinero que se utiliza para pagarles a personas para que realicen ciertas acciones. Eso me parece que no hay que dejarlo pasar. Esa corrupción hay que enfrentarla. Serán los tribunales los que determinen si finalmente, a raíz de eso, tendrán que pagar con la cárcel, pero creo que el mundo político frente a esto no puede quedar impávido.

Yo soy parte del mundo político y por lo menos yo no quiero hacer como que aquí no está pasando nada, como que está todo normal. Simplemente, lo que estoy diciendo es que no nos podemos hacer los desentendidos de estos temas.

–El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, invitó “a la Democracia Cristiana a preocuparse de los temas reales de nuestro país”…
-También respondo de manera general. Yo estoy preocupado de la delincuencia, tras la delincuencia está el crimen organizado, y el crimen organizado, una de las cosas que hace, es debilitar las instituciones a través de la corrupción. Eso es de manual del crimen organizado. 

Entonces, cuando a mí me dicen que hay que preocuparse de los problemas reales, la corrupción es un problema real que va de la mano del crimen organizado. Por supuesto que también está el tema de pensiones, los temas de salud, pero los temas de la defensa de nuestra institucionalidad son importantísimos. Cuando debilitas las instituciones a ese nivel, tienes malos resultados para la democracia y, si no enfrentamos el tema la corrupción, va a debilitar nuestra democracia.

Investigación que abrió la Fiscalía al exministro Chadwick

-Hace poco trascendió que la Fiscalía está investigando efectivamente los traspasos de dinero entre Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. ¿Qué le parece esa arista en particular?
-No es cualquier exministro, fue ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, además hoy día es decano de una facultad de Derecho de una universidad privada en el país, por tanto, lo que suceda con Chadwick y todas estas investigaciones obviamente que tiene un alto impacto. Yo espero que la Fiscalía revise el origen de esos pagos, fueron 190 millones de pesos al principio, ahora se habla de 36 millones adicionales, entonces se debe investigar lo que corresponda. 

Pero, más allá de los pagos, es la relación más íntima y de cercanía entre Hermosilla y Chadwick, y los efectos políticos de todo esto. ¿Cuánto influía Hermosilla, por ejemplo, en algunas tomas de decisiones del Gobierno? ¿Cuánto influían los grupos económicos que estaban detrás de esto? Y cómo ese dinero entonces financiaba todas estas relaciones.