PAÍS
Fotos: servicioproteccion/AgenciaUNO
El arriendo de parcelas es solo uno de los modus operandi en casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, donde se ha identificado como víctimas a menores bajo protección del Estado. También es solo uno de los desafíos para el nuevo director nacional del servicio Mejor Niñez.
El llamado se realizaría a través de redes sociales y el gancho comercial es la presencia de menores de edad que, según denunció el senador independiente Karim Bianchi, pueden ser “pagados” con dinero o drogas, a cambio de encuentros de connotación sexual. Se trata de los denominados “parcelazos”, fiestas clandestinas en terrenos arrendados y que constituyen uno de los casos más graves –pero no el único– de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) que han sido denunciados en la región del Presidente Gabriel Boric. Magallanes –según autoridades políticas, policía y Fiscalía– se ha transformado en un polo de prostitución infantil y juvenil.
A la gravedad que tiene de por sí este tipo de delitos, el senador por la Región de Magallanes, así como también la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía Regional, suman el hecho de que las víctimas –en su mayoría– son niñas bajo protección del Estado en las residencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (también conocido como Mejor Niñez).
“Pareciera que el Gobierno sí supo poner a los niños primero, pero en la lista de víctimas de delitos”, sentenció el senador Bianchi a El Mostrador, en una entrevista en junio pasado. Tras señalar que se han identificado víctimas desde los 8 años, en este contexto pidió una sesión especial en la Cámara Alta para abordar el tema. Hoy –según explicó el legislador–, ya están las firmas, pero no hay acuerdo sobre una fecha para concretarla. “Parece que al Senado tampoco le importan los niños”, fustigó Bianchi.
El senador también señaló que las niñas de las residencias del Servicio de Protección son la mayoría de las víctimas. Y, aunque el organismo luego precisa que se ha avanzado hacia un modelo residencial “lo más parecido a un hogar familiar posible”, Bianchi afirma que las menores se les escapan y, si es que vuelven, presentan una alta reincidencia.
Los “parcelazos” son solo parte de este preocupante panorama. Operativos policiales revelan igualmente que adultos, en conocimiento de su edad, contactan a menores a través de aplicaciones de citas como “Grindr”, y los ofrecimientos a cambio de un encuentro en moteles o en locales de la noche magallánica, además de dinero y drogas, también incluyen tratamientos de belleza en centros de estética de la región.
El senador Bianchi reconoce que los “motelazos” son una situación difícil de identificar, porque estos no exigen identificación al ingresar. Por eso, también, impulsa una iniciativa –que él mismo reconoce como “impopular”– para que recintos nocturnos pidan identificación. Esta propuesta aún no ha visto la luz.
Esto no solo ocurre en el extremo sur del país. Se registran situaciones similares en casi todas las regiones. Según información de la Defensoría de la Niñez, entre los años 2022 y 2023, 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del delito de explotación sexual infantil a nivel nacional.
En su Nota Técnica Nº 5, la Defensoría identificó un aumento progresivo de este tipo de casos, con focos importantes respecto de niñas y adolescentes en el sistema de protección residencial, siendo Magallanes –considerando su cantidad de habitantes– la región que presenta la mayor tasa de incidencia, alcanzando 294 víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes.
Según datos de la Delegación Presidencial de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, este no es el delito más común, pero sí es el más grave en volumen, particularmente en Punta Arenas, que –considerando proporciones– tiene por lejos la tasa más alta de abuso a niñas, niños y adolescentes, con una cantidad de denuncias casi al mismo nivel que Santiago, que tiene en cambio una población cercana a los 8 millones de habitantes.
El Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, señaló a El Mostrador que los “parcelazos” y los “motelazos” están dentro de las investigaciones que encabeza el Ministerio Público sobre ESCNNA. Este año, se registran 44 causas vigentes, solo contando las que involucran a niñas institucionalizadas, con 11 víctimas y 6 imputados formalizados actualmente en prisión preventiva. En Magallanes hay “tolerancia cero” con este tipo de delito, afirmó el persecutor.
Para el jefe de la Fiscalía de Magallanes, se trata de impactantes casos, donde no puede haber consentimiento de parte de las menores de edad. En ese sentido, también confirmó que hay niñas que, estando en las residencias de Mejor Niñez, son contactadas por adultos vía redes sociales y “salen los viernes y vuelven el lunes o el martes”.
Los casos publicados por la prensa local no son pocos. En febrero de este año, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones detuvo a dos trabajadores de una empresa constructora en Punta Arenas, por aprovecharse sexualmente de dos niñas de 13 años de edad de hogares protegidos, hasta donde fueron enviadas por el Tribunal de Familia. Los sujetos les dieron alcohol y droga y las llevaron a un motel. Luego las trasladaron a un domicilio arrendado y procedieron a consumar los delitos por los cuales terminaron formalizados y enviados a la cárcel.
En junio recién pasado, un hombre de nacionalidad extranjera fue puesto a disposición de la Justicia en una audiencia de carácter reservado, por delitos de violación y abuso sexual contra menores en Punta Arenas. El sujeto mantenía encuentros sexuales con la víctima, a quien le ofrecía dinero y drogas. Se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero la decisión no dejó conforme a la Fiscalía, por lo que se presentó una apelación. El sujeto quedó en prisión preventiva en tránsito, hasta que se pronuncie la Corte de Punta Arenas. Se dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
Pero los “parcelazos” no son algo nuevo. En 2018, una fiesta nocturna denominada “Parcelazo Masivo 2.0”, realizada cerca de Punta Arenas, terminó en caos. El evento, celebrado en el sector Llau Llau con entrada a 2 mil pesos, se volvió violento cuando un joven de 25 años fue apuñalado y una adolescente de 15 años sufrió intoxicación por alcohol. El apuñalado fue atendido en el hospital sin denunciar al agresor, y la joven intoxicada también fue trasladada al centro asistencial. La situación se agravó cuando, tras la llegada de la policía, algunos asistentes ebrios chocaron un vehículo contra una reja cercana.
El fiscal Cristian Crisosto destacó que, si bien en los ingresos de delitos sexuales en la región ha habido un aumento, la respuesta ha sido positiva tras un diagnóstico intersectorial –en una mesa en la que también participa el Servicio de Protección– que decantó en un plan de persecución penal sobre este tipo de casos.
El persecutor regional explicó que antes había un desorden en las cifras al contabilizar “caso a caso”, pero ahora hay una “mirada integradora” que, con fiscales preferentes y una unidad especializada, agrupa antecedentes en base a las víctimas. Esto, porque hasta hace poco se generaban múltiples denuncias a raíz de una sola víctima. Por ejemplo, diversas fuentes consultadas recuerdan el caso de una niña vinculada a más de 10 denuncias. Así, se pasó de más 100 causas a las cerca de 40 que se registran actualmente.
Sin embargo, el fiscal Crisosto enfatizó que “esto no se acaba con la condena del violador”. Y es que los niños y niñas afectadas, tras ser víctimas de estos delitos, deben –en la mayoría de los casos– volver a los cuidados estatales.
Es por eso que, junto a otros programas encargados del proceso posterior a los hechos y tras el paso de las víctimas por tribunales, en mayo de 2017, comenzó a ejecutarse en la Región de Magallanes el Proyecto Especializado para la Reparación del Daño de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial (PEE), a cargo de la ONG Raíces, colaboradora del Servicio de Protección.
En marzo de este año, con la presencia del Servicio de Protección, la Defensoría de la Niñez y el programa Mi Abogado, se anunció la puesta en marcha del “Plan de Protección Magallanes”, que facilitará la persecución efectiva y oportuna de este delito.
El senador Bianchi cuestionó que, pese a haber personas identificadas que cometen estos delitos y los lugares donde ocurren, “no hay interés ni involucramiento del Gobierno”. Dijo que hay “cero agenda legislativa” en temas de menores de edad, apuntando al fast track de seguridad pública que actualmente se discute en el Congreso.
Desde el Servicio de Protección Especializada señalan que se debe recordar que en los últimos años se ha avanzado hacia un modelo residencial “lo más parecido a un hogar familiar posible, en el que los niños, niñas y adolescentes son parte de la comunidad, van al colegio, se reúnen con amigos y tienen actividades extraprogramáticas”. De esta forma, agregan, “quienes están en una residencia pueden pedir permiso para salir, lo que evidentemente va de la mano con su autonomía progresiva; o sea, se trata generalmente de adolescentes”.
No obstante, puntualizan que también pueden darse situaciones de salidas no autorizadas. Cuando eso ocurre, “se activan protocolos que incluyen varias acciones que no son excluyentes entre sí, y que pueden ejecutarse de manera simultánea”. El servicio estatal explica que esto incluye oficiar al Tribunal de Familia, solicitando la búsqueda inmediata; realizar una denuncia por presunta desgracia a Carabineros y que los mismos funcionarios se comuniquen con el colegio, sus familias, u otros contactos del niño o niña e, incluso, salgan a buscarlos a los lugares que suelen frecuentar.
Además, precisan que no es que ya no se cuente con una “mirada preventiva” como la que tenía Sename, como han señalado desde la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Antral). En Mejor Niñez reiteran que “el nombre del servicio es claro: Servicio de Protección”.
Esteban Pérez, director del PEE Centro de Acogida de la ONG Raíces Magallanes, afirma que el modelo implementado para reemplazar al estigmatizado Sename “quedó corto”. Reconoce que hoy las residencias de Mejor Niñez no son las “cárceles” a las que se asemejaban los extintos CREAD del Sename y que ya no se prohíbe estrictamente la salida de los jóvenes.
No obstante, revela lo que sería otro cabo suelto, debido a pocas iniciativas: los menores de edad también son víctimas de negligencia y abandono afectivo-emocional, lo que está asociado en muchos casos a problemas de salud mental y adicciones.
“Estamos llegando tarde”, lamenta el director del PEE de Magallanes, dando cuenta de otra grave situación. Pérez se muestra preocupado por casos de menores de edad que, habiendo sido víctimas de delitos sexuales, son derivados a otras iniciativas de cuidados alternativos, como a Familias de Acogida, sin haber concluido o siquiera pasado por el proyecto de reparación. El problema –dice– es que, paradójicamente, en el Servicio de Protección Especializada “hay personas que no tienen especialización”.
El director de ONG Raíces, aunque valora positivamente la puesta en marcha de la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial de niñas, niños o adolescentes y en parte la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, echa de menos, en ese sentido –al igual que funcionarios que han sido críticos con la implementación del nuevo sistema–, al Sename.
Eso sí, Esteban Pérez destaca el hecho de que tanto el Ministerio Público como tribunales hayan abierto unidades especiales para tratar estos casos y recordó que el Presidente Boric ha mostrado preocupación y ha estado presente incluso desde que era diputado, pero lamenta la “rigidez” y los “palos de ciego” de Mejor Niñez, y agrega que en estos casos “Chile dejó de ser preventivo”.
El jueves, el Presidente Boric dijo –durante una entrevista radial en Temuco– que quien asume la dirección nacional tiene hoy dos tareas muy importantes. “Uno, es el enfrentar decididamente, en conjunto con la Defensoría y el Ministerio Público, y todas las autoridades necesarias, la explotación sexual infantil. Y dos, disminuir los homicidios que han tenido como víctimas a menores de edad, muchos de los cuales han pasado en algún momento por el Estado”.
El nuevo director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, asume en medio de este y otros desafíos. El servicio ha estado bajo constante escrutinio, desde su puesta en marcha el 1 de octubre de 2021, e incluso antes, por la implementación del nuevo modelo. Un informe del Poder Judicial reveló, entre otras falencias, que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran “sobrepobladas”. Además, El Mostrador reveló que millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas han sido mal utilizados por los propios funcionarios del servicio, incluso para fines personales. Actualmente, se investiga el destino de $2 mil millones.
La Defensoría de la Niñez, encabezada por el abogado Anuar Quesille, confirma que durante los últimos años se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia hacia la niñez y adolescencia en una serie de ámbitos a nivel institucional, familiar y social. Esto, en línea con los indicadores que demuestran un aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, considerada una de las más graves formas de violencia sexual, equiparable a la esclavitud y al trabajo forzoso.
El organismo precisa que, de las más de 2 mil víctimas de ESCNNA identificadas entre 2022 y 2023, a nivel nacional, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años. “Esta grave vulneración de derechos se da recurrentemente en niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado”, señala.
La Defensoría detalla que, en 2023, en todas las regiones, los centros residenciales del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ingresaron un total de 441 circulares a la Fiscalía por delitos de explotación sexual, que implicaban un total de 296 niñas, niños y adolescentes. Esto es el 24% de las víctimas identificadas por el Ministerio Público dicho año y, según el reporte entregado por el Servicio de Protección, el 59% fue ingresado por residencias a cargo de colaboradores acreditados. El 32,5% de las residencias ingresó al menos una circular por este motivo durante el año.
El organismo liderado por Quesille –quien el mes pasado visitó Punta Arenas a raíz de la alta tasa de explotación sexual de la región– ha realizado una serie de recomendaciones al Estado para abordar la problemática con la urgencia que requiere un delito tan grave como es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), desglosando dichas recomendaciones en las áreas de promoción de derechos. Entre ellas:
Las recomendaciones también apuntan al sector privado, que puede tener un rol fundamental en la prevención y detección a tiempo de esta vulneración, tanto para la industria tecnológica, proveedores de servicios digitales, como del sector financiero, comercial y turístico.
La Defensoría de la Niñez espera que el Marco Contra la Explotación Sexual, que es liderado por la Subsecretaría de la Niñez, aborde estas importantes acciones y que “todos los actores, tanto del sector público como del privado, se apropien en sus roles esenciales para incidir en su concreción”.
Cabe mencionar que el pasado 5 de agosto se llevó a cabo la firma de un convenio en el marco del fondo de seguridad del FNDR del Gobierno Regional de Magallanes. El proyecto, adjudicado por la Delegación Presidencial de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, lleva por nombre “Campaña de prevención del abuso sexual infantil”, que busca la sensibilización y detección temprana de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, mediante cápsulas televisivas.
Serán cuatro cápsulas que tienen el objetivo de sensibilizar, prevenir, detectar tempranamente y entregar información sobre instituciones que otorgan apoyo a las víctimas. Esto será difundido por medios televisivos regionales, por alrededor de tres meses, y el producto quedará en contenido digital a disposición de las instituciones para su difusión.
En dicha ocasión, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, manifestó que “nuestro principal problema y preocupación delictual en la región es justamente contra niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, nuestra región cuenta con una de las tasas más altas de víctimas a nivel nacional, lo que da cuenta de una cifra alarmante, de la cual todas las instituciones y autoridades debemos preocuparnos, ocuparnos y trabajar en conjunto. Buscamos visibilizar a la comunidad y que surjan alarmas a la comunidad cuando haya ciertos indicadores que puedan dar cuenta de algún tipo de abuso”.
