Tesis de la defensa de Hermosilla: fue “manipulado para decir las cosas que dijo”

Probablemente una de las escenas más famosas de toda la filmografía relativa a abogados es una de la película Scarface (protagonizada por Al Pacino en 1983, remake de la original de 1932), cuando el personaje principal, el narcotraficante de origen cubano Tony Montana, le pregunta a su abogado qué pena probable enfrenta y le ofrece dinero “para comprar a la Corte Suprema”, frente a lo cual su representante le dice que es un experto en levantar la duda razonable, pero que es difícil hacerlo cuando a su cliente lo grabaron en video con 1.3 millones de dólares que no tiene cómo justificar.

La estrategia que ayer adoptó su hermano y defensor, el también penalista Juan Pablo Hermosilla, fue la misma: tratar de convencer a la jueza Mariana Leyton –que deberá decidir sobre la cautelar de prisión preventiva en contra de Luis Hermosilla y el matrimonio formado por María Leonarda Villalobos y Luis Angulo– de que existen dudas razonables respecto de los delitos que el Ministerio Público le imputa a su defendido. 

Utilizando distintas baterías de argumentos, el defensor sostuvo que no existe el lavado de activos que se le imputa a su hermano, que este no tiene participación en el soborno de dos funcionarios públicos y que el delito tributario del que le acusa el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se configura, dado que el artículo por el que lo formalizaron carece de verbo rector.

Una víctima, no un victimario

Luego del fuerte cruce inicial de palabras que Juan Pablo Hermosilla tuvo con la jueza Mariana Leyton, este se concentró en tratar de derribar las tesis de la Fiscalía y en la que más ahínco puso fue en la relativa al lavado de activos, que es la que más les complica, dada su alta penalidad.

En dicho sentido, aseguró que las operaciones con el factoring Factop fueron nada más que créditos que su hermano contrató con ellos y que antes había hecho lo mismo con el factoring que poseía René Abumohor.

En ese sentido, recordó que su hermano asesora desde hace más de diez años a los Jalaff y que “en 2017, a través de ellos, tiene el primer contacto con ellos, a través de los señores Sauer, sin conocerlos como tal, solo para efectos de poder obtener líneas de crédito”.

Acto seguido, detalló que “solo en 2023 cambia su estatus y pasa a ser abogado (de los Sauer) en relación con un tema puntual”, que era la situación que las empresas Factop y STF, de propiedad de los últimos, enfrentaban en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que los estaba fiscalizando y sancionando.

Sobre las penas que podría enfrentar su defendido –que serían de un mínimo de 18 años, según el cálculo de la Fiscalía–, dijo que son “de las penas más duras, son las penas que enfrentaría alguien que forma parte de verdad del crimen organizado, distribuye drogas y probablemente mata a alguien”. 

Su alegato estuvo también enfocado en explicar que la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y sanciona el lavado de activos, la Ley 19.913, surgió en el contexto de la teoría del “derecho penal del enemigo”, formulada por el profesor alemán Günther Jakobs.

Indicó que “aquí no se trata de neutralizar a Luis Hermosilla y tratarlo como un enemigo, y lo digo en el sentido técnico, a propósito del derecho penal del enemigo, del profesor Jakobs, que plantea el uso del derecho penal como una forma de castigo y control sobre aquellos que considera como enemigos de la sociedad”.

Asimismo, recordó que dicho cuerpo legal, la señalada Ley 19.913, nació en el contexto del combate al narcotráfico y el terrorismo, puntualizando que “participé en la discusión de esta ley. Se trataba de proteger el orden institucional democrático; los carteles de droga y las organizaciones terroristas están poniendo en jaque los gobiernos y Estados democráticos”, alegando –acto seguido– que si su hermano “se dedicare a lavar el dinero del cartel de Juárez, estaríamos discutiendo estas penas”.

En ese contexto, preguntó: “¿Pedirle crédito, una línea de crédito, como señalaba el fiscal Orellana, a un factoring, que funcionaba en ese momento abiertamente, en que intervenía LarrainVial, que tenía una corredora que funcionaba hasta ese momento, el 2017, perfectamente bajo control de las autoridades financieras chilenas, se transforma en lavado de dinero?”.

A su juicio, la Fiscalía decidió que “al señor Hermosilla lo vamos a tratar igual, y esto es literal, lo vamos a tratar igual que lo hubiéramos sorprendido lavando dineros y escondiendo bienes de cualquiera de los carteles de droga que hay en América Latina, del Tren de Aragua, ya que estamos con problemas con las organizaciones. ¿Cómo? Pero si el propio Ministerio Público reconoce que esto es una línea de crédito”. 

En el mismo orden, afirmó que entonces, “según la tesis de mi contraparte, toda persona, institución o empresa que tenía líneas de crédito con ese factoring estaría cometiendo lavado de dinero” y, por ello, si el Ministerio Público “sostiene que es lavado de dinero recibir dinero en líneas de crédito de Factop, bueno, que formalice a todos los cientos de personas que recibieron”.

Asimismo, opinó que “gran parte de las pymes de este país funcionan así, y con cheques”.

También hizo hincapié en que “este delito exige ánimo de lucro” y que, a diferencia de eso, su hermano “se ha empobrecido”, producto del pago de altos intereses que –comentó– se siguen pagando hasta hoy en día.

Sobre las operaciones en efectivo, dijo que no es delito sacar dinero del banco y que “la UAF sabe que hasta 10 mil dólares yo puedo mover en dinero en efectivo en cualquier parte del mundo. Uno va a viajar con la familia y tiene que tener dinero en efectivo”.

Los otros abogados

Parte de su alegato también estuvo dedicado a otros abogados que, según dijo, son quienes orquestaron el fraude, asegurando que su hermano nada tuvo que ver con el mecanismo montado por los Sauer, pues él solo fue contratado para ver las sanciones de la CMF. 

“Aquí hay abogados conocidos, me refiero a que están en conocimiento del Ministerio Público, que son quienes organizan las estructuras, que hoy día se dicen delictuales, que asesoran eso, están totalmente individualizados, y escogen formalizar a Luis, además insinuando derechamente que formaba parte de esta especie de mafia”, se quejó, interrogando: “¿Y por qué no se ha citado a declarar o se ha formalizado a los abogados que montaron esta operación? En cambio, se escoge un abogado que entra al final”.

Igual de vehemente fue para defender la figura del exministro del Interior de Sebastián Piñera: “Se metió hasta el cansancio a Andrés Chadwick, una persona honorable. Yo soy una persona de izquierda, magistrado, no soy de derecha, no comparto sus opiniones políticas, pero es una buena persona y con el nombre de él se ha hecho de todo, insinuando cosas. ¿Tiene alguna pertinencia con esto? Ninguna”.

Grabación fue una “celada”

En cuanto al delito de soborno, aseguró que el audio deja en evidencia que su hermano se fue enterando de varias cosas en esa reunión, la que calificó como “una celada” y que él tampoco podría tener calidad de “inductor” en los sobornos que María Leonarda Villalobos pagaba a Renato Robles (de la Tesorería General de la República) y Patricio Mejías (del SII), pues –según él– estos hechos se venían cometiendo desde antes que Luis Hermosilla comenzara a trabajar como abogado de los Sauer y, por ende, “¿cómo va a ser inductor alguien de algo que ya se viene cometiendo el delito?”.

Según el abogado, “Luis Hermosilla no induce a nadie, Luis Hermosilla actúa –lo que dice la grabación– sobre una dinámica preexistente, no pacta con nadie, no conversa con nadie, no le paga a nadie, no recibe fondos para pagarle a nadie”, agregando que “más bien es manipulado para decir las cosas que dijo” y recordando que, como lo establece la legislación chilena, “no basta la mera confesión para condenar”.

Delitos tributarios

Finalmente, en cuanto a los delitos tributarios que le achaca el SII (el cual estima en más de 800 millones de pesos el perjuicio fiscal, al haber declarado menos ingresos de los que a juicio del fisco correspondía), Juan Pablo Hermosilla recordó que en las fases previas de la audiencia “se dijo que el verbo rector es ‘presentar una declaración falsa’, pero el tipo penal dice ‘las declaraciones”, señaló, en alusión al artículo 97, número 4, inciso 1 del Código Tributario, aseverando que este está mal redactado y que, a su juicio, no se puede aplicar una norma que no posee un verbo rector.

Del mismo modo, criticó que el SII argumentara que los dineros que Luis Hermosilla percibía de parte de la línea de crédito de Factop eran renta (que no declaró). Frente a ello, “confesó” que, si eso es así, entonces “yo también estoy cometiendo un delito tributario y probablemente gran parte de los chilenos, porque yo no he declarado los créditos que tengo con los bancos, porque en mi opinión no son renta. O sea, si yo tuviera que pagar impuestos a la renta sobre los créditos más los intereses que ofrece el sistema financiero, no habría crédito”.

Cabe indicar que ayer, luego de escuchar a las defensas de los otros dos imputados, la audiencia de formalización se suspendió para esta mañana, cuando se producirán las réplicas de parte de los fiscales, el SII, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes particulares (el Partido Socialista), luego de lo cual la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía debe decidir si deja o no a Hermosilla, Villalobos y Angulo en prisión preventiva.