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Fotos: AgenciaUNO
A la comisión de Desarrollo Social fue citado el nuevo jefe del servicio, Claudio Castillo, quien asumirá el cargo este lunes. La titular de la instancia cuestionó la respuesta de Mejor Niñez tras la decisión del tribunal de Arica de enviar a una residencia a un joven involucrado en un homicidio.
La presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Marlene Pérez (Ind-UDI), anunció que citará —con carácter urgente– al nuevo director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), Claudio Castillo, quien asumirá sus funciones este lunes 2 de septiembre.
El administrador público, exjefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia durante la gestión de Giorgio Jackson (FA) y exjefe de asesores del gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), fue nombrado el pasado 24 de agosto por el Presidente Gabriel Boric, tras finalizar el concurso de Alta Dirección Pública y luego de cuatro meses bajo la subrogancia de la subdirectora nacional, Victoria Becerra.
Según informó la diputada Pérez, la citación, en medio de una serie de desafíos que enfrenta el organismo, se debe específicamente al traslado de un adolescente de 15 años a una residencia de menores ubicada en Arica, a pesar de estar involucrado en un homicidio y de recibir amenazas de muerte por el mismo hecho.
La parlamentaria de la bancada UDI cuestionó la decisión adoptada por el Primer Juzgado de Garantía de dicha ciudad, tras haber enviado al joven a un hogar donde viven niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Sin embargo, la diputada Pérez también criticó la respuesta otorgada por el servicio, donde aseguraron que no correspondía “efectuar ninguna reevaluación” sobre el traslado del adolescente, argumentando que los menores infractores de ley “pueden ser también sujetos de protección”.
“Por más que seamos absolutamente respetuosos de todas las resoluciones judiciales, no deja de llamarnos la atención que un tribunal haya decidido enviar a este adolescente a una residencia donde conviven niños y que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Por eso es que nos preocupa también la posición adoptada por el Servicio Mejor Niñez, porque independiente de que este joven sea un sujeto de protección por parte del Estado, entendemos que existen otras alternativas para evitar que se termine relacionando con otros menores, sobre todo porque se encontraría amenazado de muerte por estar involucrado en un homicidio”, planteó la legisladora.
La presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara advirtió sobre la grave y compleja situación que se podría estar viviendo al interior de la residencia de Arica, ante el riesgo que supondría la presencia del joven para el resto de los menores, como también para los funcionarios.
Por eso, la diputada Pérez acordó que citará a al nuevo director del servicio, advirtiendo incluso que “pareciera que no sirvió de nada haber terminado con el antiguo Sename y haber separado el servicio, entre menores vulnerados en sus derechos y los infractores de ley, porque en la práctica vemos que en algunos casos siguen conviviendo entre ellos”, aludiendo así a la información conocida a principios de julio, que dio cuenta de que 102 menores infractores viven en residencias del servicio.
“Por un lado, nos interesa conocer la postura y la estrategia que impulsará el nuevo director del Servicio Mejor Niñez. Pero por otro lado, nos parece sumamente interesante que también entreguen una explicación sobre este caso, porque una de las principales razones para haber terminado con el Sename era separar a los menores vulnerados en sus derechos con los que son infractores de ley. Sin embargo, hoy vemos que -en la práctica- esto no se estaría cumpliendo”, reiteró la parlamentaria.
Cabe mencionar que, desde el 1 de octubre de 2021, el servicio estatal conocido como Mejor Niñez tiene la responsabilidad de la protección especializada a las infancias y adolescencias vulneradas. A partir de esa fecha, oficinas de protección de derechos, programas de diagnóstico y ambulatorios, familias de acogida, residencias y adopciones, quedaron a cargo del nuevo organismo. En paralelo, el Servicio Nacional de Menores (Sename) –cuyo cierre definitivo está pensado para 2026– quedó a cargo de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil, es decir, de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años, así como de los programas de apoyo para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes. Esas funciones las siguen desarrollando funcionarios del Sename hasta que entre en vigencia en todo el país el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente está en implementación por macrozonas.
En medio del rediseño y pese a los avances, se han registrado críticas situaciones que no solo preocupan e involucran a funcionarios de Sename y Mejor Niñez. Hacinamiento, listas de espera con sobrecupo, mal manejo de fondos públicos y casos de abuso sexual persisten, levantando alarmas también en el Congreso. En ambas Cámaras se han solicitado sesiones especiales para abordar la crisis, pero, hasta la fecha, están estancadas.
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