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Crédito: Cedida/Agencia Uno
Continúa la polémica en el Senado. El fiscal de la Cámara Alta interpuso una acción penal contra el jefe del servicio, Raúl Guzmán, el contralor y “todos quienes los que resulten resulten responsables de ambos delitos”, frase que es interpretada como alusión a senadores de la Comisión de Régimen.
La controversia sobre la gestión del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, parece lejos de extinguirse. Una querella por los delitos de prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público presentó el viernes pasado, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el exfiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, contra Guzmán y “de todos quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”.
En el Senado se interpreta que esta última frase podría apuntar a los “encargados de fiscalizar al jefe de servicio”, es decir, a los legisladores integrantes de la Comisión de Régimen Interior de la Corporación o a quien supervise los actos administrativos anómalos del imputado.
La acción penal de 14 páginas apunta en el presunto primer delito a que Guzmán realizó un sumario irregular y por “interés personal” contra el exfiscal. Mientras que la falsificación de instrumento público, indica, que se adulteró información solicitada por Ley de Transparencia. La querella se interpone días antes del fallo de la Corte Suprema por un recurso de protección por “despido ilegal” presentado por el abogado Norero, que fue acogido por la Corte de Apelaciones el 8 de marzo pasado, contra Raúl Guzmán, quien apeló al máximo tribunal.
Con ese fallo ad portas y pese a no ser funcionario público desde fines de 2023, Guzmán -explica la querella- instruyó, en mayo de 2024, “casi 6 meses después de haber cesado en sus funciones” un sumario contra Javier Norero.
Según la querella, el sumario se abrió ante la inminencia de una posible sentencia favorable a Norero en la Corte Suprema, y en circunstancias en que no es funcionario público, por lo cual no tiene responsabilidad administrativa. Con el sumario -asegura el documento- se “pretende burlar el eventual fallo favorable, que posiblemente sea confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, para que cuando, eventualmente, sea reintegrado, se notifique a mi representado alguna medida disciplinaria que impida su cumplimiento, circunstancia absolutamente injusta y que tipifica el tipo referido”.
El escrito relata que, dado que el sumario formula cargos contra el exfiscal, Norero interpuso una “solicitud de nulidad” y “la suspensión del procedimiento”, ante lo cual la fiscal de la indagatoria elevó la solicitud al jefe del servicio del Senado, Raúl Guzmán, quien rechazó ambas solicitudes.
Según se sostiene, el primer delito cometido por el jefe de servicios es que al dictar dicho acto administrativo Raúl Guzmán, incurrió en “una infracción al principio de abstención establecido en el artículo 12 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos”.
“Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado establece, a propósito del Principio de abstención que ‘Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente‘, señala la acción penal.
Los motivos de abstención que menciona la querella son “el interés personal en el asunto de que se trate (…) o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”, como el recurso de protección pendiente de fallo. El segundo móvil indica la existencia de “enemistad manifiesta con alguna de las personas” relacionadas con el acto administrativo, lo cual le restaría imparcialidad.
El delito de falsificación de instrumento público presentado contra Guzmán, incluye también al abogado Juan Pablo Montes Mery, contralor y jefe de asesoría jurídica del Senado y quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, del delito consumado por la presunta falsificación de una solicitud efectuada por la ley de transparencia activa.
Conforme al relato de hechos del texto, Norero solicitó por transparencia activa al Senado, una serie de elementos, entre ellos los días de vacaciones solicitados por los funcionarios del Senado de dependencia directa del Secretario General entre 2020 y 2023; y las fechas en que fueron aceptadas o no por el jefe de servicio.
En este sentido, se solicitó, también, copia del correo electrónico, de enero o febrero de 2023, donde la Secretaría General del Senado informó las vacaciones autorizadas de las jefaturas, y sus subrogancias, para el mes de febrero 2023.
La respuesta que denuncia Norero de Guzmán señala que “la mayoría de los funcionarios notificados, se opusieron a la entrega de la información” por que les afectaba “la vida privada, la intimidad y la seguridad individual” (…) “la casilla de correo electrónico de los funcionarios, constituye un dato personal en los términos de la Ley N°19.628, existiendo una expectativa razonable de privacidad frente a la injerencia de terceros ajenos a dichas comunicaciones. Razón por la cual no se accede a la entrega”.
Sin embargo, Norero asegura que en 2023 los empleados dependientes de Guzmán recibieron un correo que no mostraba el email del destinatario, entre los cuales se encontraba Javier Norero. Según agrega a lo menos cuadro de los funcionarios accedieron a entregar la sus correos electrónicos, aun cuando el abogado contralor Montes les insistió en que se negaran a entregarlos, por lo cual la respuesta entregada por transparencia sería falsa.
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