La exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) señaló que durante la investigación del caso Penta, Guerra hizo cosas “porque se lo pidieron”. También tuvo críticas para el fiscal nacional, Ángel Valencia, por su falta de transparencia sobre sus inhabilidades.
En prisión preventiva quedaron los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos piezas clave en el caso Audios, que reveló una trama en que se investiga multimillonarios traspasos de dinero, soborno a funcionarios públicos, lavado de activos y delitos tributarios. Dentro de esas tramas, apareció el nombre del exfiscal a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, quien fue criticado por la abogada María Inés Horvitz, al asegurar que hubo “comportamientos indebidos” en la investigación de Penta.
En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) señaló que durante la investigación del caso Penta, Guerra habría incurrido en “comportamientos indebidos”. Según ella, en una audiencia de 2017, Guerra “suprimió el cargo de forma ilegal, sin realizar los actos que la ley señala para proteger los derechos del querellante”. Esto, según la abogada, fue un intento deliberado para evitar que el Consejo de Defensa del Estado pudiera forzar la acusación por delitos de cohecho y soborno.
“Él no quería seguir adelante con esos delitos”, afirmó Horvitz. Además, criticó la falta de acción por parte de las autoridades judiciales. A pesar de las quejas presentadas por ella al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las acciones de Guerra. “Era algo totalmente inusual y sin explicación”, agregó.
Horvitz también levantó sospechas sobre las actividades de Guerra después de su salida del cargo de fiscal. Destacó su contratación por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde había investigado al Raúl Torrealba. Luego, mencionó su vinculación con la Universidad San Sebastián, una institución relacionada con figuras políticas de la UDI, como Andrés Chadwick. “Aparece siempre vinculado a ciertos personajes que tienen mucho poder”, señaló.
Estas conexiones, según Horvitz, sugieren que Guerra podría haber actuado bajo influencias externas. “Mi opinión es que lo hizo porque se lo pidieron”, sugirió. Además, mencionó la aparición de Guerra en conversaciones relacionadas con el caso Penta, insinuando que podría haber recibido favores a cambio de sus acciones en la investigación. “Pareciera claro que los favores fueron retribuidos posteriormente”, concluyó.
María Inés Horvitz no solo se enfocó en Manuel Guerra, sino que también dirigió críticas al actual fiscal nacional, Ángel Valencia, por su falta de transparencia sobre sus posibles inhabilidades. “Fue impactante ver la entrevista en CNN con mi colega Jean Pierre Matus. Valencia no pudo informar por qué no declaró todas sus relaciones previas”, comentó Horvitz.
Para Horvitz, la imparcialidad es una piedra angular en cualquier proceso judicial. “Una garantía fundamental de la justicia es que el tribunal sea independiente e imparcial”, sostuvo. Valencia, quien tiene “una larga lista de personas con las que está inhabilitado”, no fue completamente transparente al respecto, según Horvitz.
Además, la abogada cuestionó el hecho de que Valencia no mencionara su vínculo profesional con personas involucradas en casos de corrupción, como Hermosilla y Chadwick. “Es terrible que alguien que hoy es ministro de la Corte Suprema no considere necesario declarar estas relaciones”, afirmó. Esto, en su opinión, demuestra una falta de respeto a los altos estándares de exigencia necesarios para garantizar la imparcialidad en la justicia.
Más allá de sus críticas al Ministerio Público, María Inés Horvitz también arremetió contra la clase política chilena, a la cual acusó de ser “muy endogámica y acostumbrada a la impunidad”. Según ella, la falta de acción frente a los casos de corrupción es preocupante y refleja un problema estructural en la política del país.
“Lo que me preocupa como ciudadana chilena es que no se den cuenta de que hay que hacer cambios estructurales importantes”, afirmó. En su opinión, es necesario reforzar los órganos fiscalizadores y cambiar el sistema de nombramiento para evitar que la corrupción se infiltre aún más en la administración del Estado.
Horvitz advirtió sobre el peligro de que organizaciones criminales puedan cooptar a funcionarios públicos. “Estamos enfrentando un flagelo que es peor aún: la posibilidad de que el narcotráfico empiece a influir en nuestra política”, alertó.
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