Crisis en Mejor Niñez se profundiza en Arica tras caso “parcelazos” en Magallanes

A la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados está citado el nuevo director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia —aún conocido como Mejor Niñez—, Claudio Castillo, quien asumirá el cargo este lunes, a solo días de su nombramiento.

El traslado de un adolescente de 15 años a una residencia de menores ubicada en Arica, a pesar de estar involucrado en un homicidio y de recibir amenazas de muerte por el mismo hecho, es el principal motivo tras la citación, según informó la presidenta de dicha comisión, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI).

Si bien la parlamentaria cuestionó la decisión adoptada por el Primer Juzgado de Garantía de dicha ciudad, la diputada Pérez también criticó la respuesta otorgada por el servicio estatal, donde aseguraron que no correspondía “efectuar ninguna reevaluación” sobre el traslado del adolescente, argumentando que los menores infractores de ley “pueden ser también sujetos de protección”.

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En medio de este y una serie de desafíos que enfrenta Mejor Niñez desde su puesta en marcha el 1 de octubre de 2021, la situación también encendió las alarmas en la asociación nacional de trabajadores del organismo de protección especializada. Para Antrap, el caso es de suma gravedad y nuevamente “refleja los problemas fundamentales en la instalación de un servicio que prometió separar la protección de derechos de lo referido a la Justicia Juvenil”.

“Si bien compartimos la preocupación por la decisión de la judicatura de trasladar a un adolescente a una de nuestras residencias familiares, creemos que es crucial poner sobre la mesa el tema de fondo: los vacíos jurídicos que permiten la convivencia, en las residencias de protección, de adolescentes vulnerados en sus derechos, junto con aquellos que, además, presentan causas relacionadas con la Responsabilidad Penal Adolescente. Consideramos que esta población requiere de residencias especializadas y ajustadas a sus necesidades, lo que implica desarrollar una oferta programática específica”, advirtieron desde la asociación de trabajadores.

Antrap resalta que, aunque esta situación ha sido analizada, incluso con la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “aún no existe una solución efectiva desde el Estado”. En términos concretos, a su juicio, “no hay voluntad política ni recursos financieros suficientes para la atención de los NNA gravemente vulnerados en sus derechos, aunque persiste la retórica de que a este gobierno y al Presidente Gabriel Boric le preocupa la niñez y la adolescencia“.

Críticas a tratamiento del caso en la prensa

Cabe mencionar que el caso en cuestión se dio a conocer el día 24 de agosto a través de Radio Paulina y luego fue abordado por La Tercera, donde se consignó una declaración de la presidenta de la asociación nacional de funcionarios del servicio (Anfusepna), Blanca Berrocal, quien también manifestó su preocupación, señalando algunos detalles del traslado.

Para Antrap, la información publicada en estos medios “constituye una grave infracción, ya que la divulgación de datos sensibles como la identidad de NNA y la ubicación de la residencia vulnera nuevamente los derechos del adolescente y expone a riesgos graves a los funcionarios de nuestro servicio, así como a los otros adolescentes que se encuentran en dicha residencia”. Por ejemplo, señalaron, “podrían enfrentarse a incursiones o agresiones por parte de bandas criminales, lo que contraviene precisamente el propósito de protección”.

La asociación presidida por Felipe Ramírez —que fue supervisor del Sename en el Maule— lamenta específicamente que La Tercera haya publicado el 27 de agosto una nota en la que proporciona antecedentes judiciales del caso y “ofrece información errónea que favorece la estigmatización de este joven y los demás residentes”.

En ese sentido, reiterando su compromiso con la protección de infancias vulneradas, el directorio nacional de Antrap manifiesta su rechazo sobre cómo se comunicó la situación a la opinión pública. Por eso, exigen al nuevo jefe del servicio, Claudio Castillo; a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; y a la diputada Marlene Pérez, “que se tomen las medidas correspondientes con el fin de esclarecer los hechos y juzgar responsabilidades funcionarias”.

Defensor de la Niñez visita Arica

Junto a la Antrap, la Defensoría de la Niñez está entre las entidades más críticas del servicio ahora liderado por el administrador público Claudio Castillo, quien fue nombrado el pasado 24 de agosto por el Presidente Gabriel Boric, tras finalizar el concurso de Alta Dirección Pública y luego de cuatro meses bajo la subrogancia de la subdirectora nacional, Victoria Becerra. Previamente, Castillo fue jefe de asesores del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Giorgio Jackson (FA) y jefe de asesores del gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).

De hecho, el organismo encabezado por el abogado Anuar Quesille, alertó deficiencias, incluso desde 2018, desde la tramitación de la ley que creó Mejor Niñez que reemplazó al Sename. La principal crítica: “No hubo cambios en el sistema de financiamiento y de la lógica de la oferta y demanda para proveer programas de protección”.

En paralelo al desarrollo del caso del preocupante traslado, Quesille llegó esta semana hasta la región de Arica y Parinacota, para abordar las temáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes de la zona norte, las que se suman a situaciones en todo el país. Recientemente, se abrió otro flanco en el sur.

Recordemos que, tal como publicó El Mostrador este lunes, a través de redes sociales se estarían difundiendo fiestas clandestinas, en terrenos arrendados y que tienen como gancho la presencia de menores de edad, en los denominados “parcelazos”, donde hay explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescente, en la Región de Magallanes y que fue denunciado por el senador independiente de la zona, Karim Bianchi.

Consultado por este medio, Quesille remarcó que, si bien la implementación de los servicios es una estrategia que está conforme a los estándares, aún hay muchos desafíos en su implementación. Uno de esos desafíos, dijo, es precisamente “generar una oferta que permita otorgar protección a niños y niñas y adolescentes vulnerados conforme a las causales de ingreso”. Es decir, “sabemos que existen dificultades propias, no solamente del funcionamiento de la residencia, sino que también para la seguridad de los adolescentes los que entran”.

El defensor resaltó que es importante tener en cuenta el punto de partida. “Si un niño, niña o adolescente es víctima de vulneración a sus derechos, es deber del Estado otorgar protección especializada. Pero si además surge la circunstancia de que ese adolescente ha sido víctima de vulneración a sus derechos pero se encuentra en conflicto con la ley porque cometió un delito, hay un deber adicional del Estado de otorgar una atención especializada”.

Según Quesille, actualmente, “no están las condiciones que permitan justamente otorgar esa oferta de manera integral”. Esto, mencionó, es un tema que ha sido incluso diagnosticado en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. De ahí la citación al nuevo director nacional. No obstante, según del defensor, “la estrategia es la correcta, pero actualmente en esta materia estamos frente a un desafío que es importante y preocupante desde el punto de vista de lo que nosotros hemos visto como Defensoría”.

Consultado por el tratamiento del caso en los medios, el llamado de la Defensoría de la Niñez es categórico: “Yo comparto las preocupaciones que hay en cuanto a los problemas que tiene el sistema, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica dicha situación, de manera tal de no volver a vulnerar los derechos de niños y niñas y adolescentes que además ya presentan una vulneración y ya están en conflicto con la ley”, manifestó Anuar Quesille.

Cabe mencionar que, en paralelo a la labor del servicio de protección, lo que fue el Servicio Nacional de Menores (Sename) –cuyo cierre definitivo está pensado para 2026– quedó a cargo de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil. Es decir, de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años, así como de los programas de apoyo para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes. Esas funciones las siguen desarrollando funcionarios del Sename hasta que entre en vigencia en todo el país el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente está en implementación por macrozonas.

“Hijo de extranjero transeúnte”

Durante la visita al norte de la Defensoría de la Niñez, que se desarrolló entre el 26 y este 29 de agosto, Quesille sostuvo una serie de reuniones y actividades para tratar con las autoridades locales los temas que más preocupan a la Defensoría de la Niñez en la zona, como las vulneraciones de derechos en contexto de movilidad humana, violencia, acceso a la educación y seguridad pública, entre otros.

El defensor de la Niñez, quién también realizó una visita inspectiva al complejo fronterizo Chacalluta, señaló que estas preocupaciones fueron abordadas con las distintas autoridades locales, como el Delegado Presidencial de la región, Ricardo Sanzana y el delegado provincial de Parinacota, José Aruquipa Flores; el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola; el Fiscal Regional, Mario Carrera; el Gobernador Regional, Jorge Díaz; el alcalde de General Lagos, Alex Castillo; representantes de la municipalidad de Putre; organismos internacionales que trabajan en la región como Unicef y OIM; y en encuentros con funcionarios de las Oficinas Locales de Niñez y con niños, niñas y adolescentes que forman parte del Consejo consultivo de la OLN Arica y Putre.

En temáticas de movilidad humana, según el INE, el 8,5% de los niños, niñas y adolescentes son extranjeros, por sobre el 6,7% promedio del país. Por lo mismo, el defensor destacó en dichos encuentros con autoridades algunos de los nudos críticos detectados, como la forma en que la ausencia de protocolos ha dificultado la gobernanza y actuar en pasos fronterizos desde la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su interés superior; o cómo en ciertas comunas se sostienen brechas importantes que han afectado la efectivización del derecho a la identidad, donde NNA son inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”, apátridas y o con falta de regularización migratoria.

Respecto a violencia y seguridad, la Defensoría de la Niñez identifica, según análisis de datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que la región de Arica y Parinacota el 2023 presentó más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de derechos en materia policial. Si bien son afectados por múltiples formas de violencia, dentro de las más preocupantes están los delitos de Violencia Intra Familiar, siendo la segunda región del país con más alta tasa en esta materia, y violación, siendo la región del norte del país con la mayor tasa de NNA víctimas de este delito.

Finalmente, otro de los temas destacados por el Defensor en estas instancias fue la existencia de ciertos territorios con interseccionalidades y vulneración de derechos profundas y complejas, destacando el Cerro Chuño, donde se identifica la vulnerabilidad de campamento y no acceso a servicios, la contaminación por desechos mineros, y la instalación del crimen organizado en aquella población.

Por último, Quesille presentó EducaNiñez en Putre y Arica, una plataforma virtual de educación dirigida a funcionarios públicos, con el fin de reforzar su rol garante de derechos de la niñez en la función pública.

“EducaNiñez busca hacer énfasis en el rol de garante de derechos que tenemos todos los funcionarios públicos. Y quisimos venir hasta la región, para apoyar además, buenas iniciativas que se han levantado, como es la elección de la alcaldesa infantil y los consejos consultivos de niños y niñas. El objetivo es llegar a todo el país con esta plataforma, que mejore los procesos y permita dar respuestas oportunas a las necesidades de niños y niñas”, señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

El servicio Mejor Niñez—una etiqueta de la cual hoy buscan distanciarse— ha estado bajo constante escrutinio. Junto a las preocupaciones de los funcionarios y la defensoría, el Poder Judicial reveló —entro otros aspectos— que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran “sobrepobladas”. Además, El Mostrador reveló que millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas han sido mal utilizados por los propios funcionarios del servicio, incluso para fines personales. Actualmente, se investiga el destino de $2 mil millones, casi la mitad de los $4.500 millones que el servicio desembolsó para comprar “gift cards” canjeables en tiendas del retail y que se implementaron en residencias administradas por el Estado precisamente en este proceso de transformación.