PAÍS
Manuel Guerra y Héctor Espinosa (Francisco Castillo/AgenciaUno)
La nueva arista judicial en contra del exfiscal Guerra, a partir de un chat suyo con Luis Hermosilla, abre una serie de preguntas en torno al rol que desempeñó el expersecutor –con fama de “sepulturero”– en otras causas emblemáticas, vinculadas particularmente a personeros políticos.
Una verdadera caja de Pandora. Así fue descrito el celular del abogado Luis Hermosilla por el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, intentando dimensionar las zonas oscuras dentro de las 777 mil páginas que aparecen en el registro de conversaciones incautadas por la Fiscalía.
Figurar allí, hoy por hoy, es sinónimo de contagio, como si Hermosilla fuera el paciente cero de una epidemia difícil de controlar, que ha ido contagiando lentamente otros nombres, en una rutina de trazabilidad delictiva en que nadie quiere figurar. Y que tampoco, hasta ahora, parece tocar fondo.
El último en estampar su nombre en el listado –que incluye a ministros de la Corte Suprema, una animadora de televisión y hasta un excandidato a la Presidencia, entre otros– es el otrora Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
El abogado, hoy académico en la Universidad San Sebastián, figura en una serie de conversaciones de WhatsApp con Luis Hermosilla, las que forman parte de una nueva arista en la indagatoria que lleva a cabo el Ministerio Público, en el denominado caso Audios o Hermosilla.
Los intercambios, según consignó Ciper, habrían comenzado cuando Guerra se encontraba a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo del caso Penta, y continuaron hasta que el abogado decidió abandonar el Ministerio Público y se instaló en la Universidad San Sebastián, donde coincidió con el exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, que fue decano de la Facultad de Derecho. Hoy, este preside la Junta Directiva de la misma institución.
Los cuatro nombres involucrados –Hermosilla, Chadwick, Guerra y Piñera– serían los protagonistas de la trama que intentará develar el Ministerio Público sobre una eventual intervención del exfiscal en el caso Penta, para evitar que la indagatoria llegara hasta el expresidente Sebastián Piñera. Para ello, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, acaba de designar al Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para que dirija la investigación penal que involucra a su otrora excolega.
La filtración de las conversaciones entre Hermosilla y Guerra no solo vendría a confirmar un eventual tráfico de influencias sino algo que hasta ahora parecía evidente: el perfil de “sepulturero” del expersecutor, acusado de lanzar las últimas paletadas de tierra al emblemático caso sobre financiamiento ilegal de la política.
Las esquirlas del celular de Hermosilla parecen haberse enquistado en el corazón del Ministerio Público y extenderse hacia el Poder Judicial.
Manuel Guerra es el último de una lista que todavía no parece cerrarse. No es el único, por cierto, pero representa eso que parece ser el tema central de toda esta indagatoria: el poder de influir en determinados casos públicos, más allá de cualquier precepto legal. Una suerte de justicia diferenciada que no opera de la misma manera para moros y cristianos.
Respecto de este último alcance, Guerra parece ser un alumno aventajado. No en vano tiene fama de “sepulturero” y su trayectoria jurídica así lo demuestra. Su carrera en el Ministerio Público, que partió en el año 2002, ha estado signada por la estrechez política. Militó en su juventud en el Partido Radical (PR) y se comenta que fue muy cercano a Isidro Solís, exministro de Justicia del primer Gobierno de Michelle Bachelet.
Guerra partió como fiscal adjunto en Iquique, luego fue fiscal jefe en San Antonio y Maipú, hasta que el año 2007 fue nombrado director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, puesto en el que permaneció tres años, para luego convertirse en Fiscal Regional de Tarapacá. Posteriormente fue designado por el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán como Fiscal Regional Metropolitano Oriente.
Fue precisamente en este último cargo donde Guerra se ganó fama de interventor, debido a su crucial participación en importantes casos vinculados a delitos tributarios, como Penta y Exalmar.
El caso Penta, por financiamiento irregular de la política, fue tomado por el entonces fiscal casi al final de la indagatoria, modificando el delito de soborno en contra de Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín –dueños de la cuestionada empresa–, lo que permitió que ambos imputados zafaran de la cárcel a cambio de una multa de $857 millones y clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez.
En esta misma investigación, Guerra tuvo otra decisión controvertida, tras sobreseer al senador de la UDI Iván Moreira, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía el año 2019. Sobre este mismo caso, a partir de un chat con Luis Hermosilla, hoy existen serias sospechas acerca de una eventual participación suya para evitar que el caso escalara hasta el expresidente Sebastián Piñera.
En el caso Exalmar, que buscaba dilucidar si hubo delitos en la empresa Bancard, propiedad de Piñera, tras comprar acciones de la pesquera peruana en medio del litigio con el país vecino ante la Corte Internacional de La Haya, Guerra resolvió sobreseer al expresidente de la República.
En el año 2021, el cuestionado persecutor no logró desaforar al entonces senador Manuel José Ossandón (RN), pese a que se le imputó tráfico de influencias, por intentar influir en la Municipalidad de Pirque para que aceptara un acuerdo sobre extracción de áridos con uno de sus hijos.
Los casos donde participó el exfiscal vuelven a aparecer hoy, en medio del escándalo que han destapado los chats de Luis Hermosilla con distintos personeros públicos, particularmente ligados a los ámbitos empresarial, político y judicial. Antenoche, un reportaje de Chilevisión indicó que, además, existen chats entre Hermosilla y Guerra en los cuales quedaría en evidencia que, en 2021, entre ambos consiguieron que la petición de excarcelación del exdirector de la PDI Héctor Espinosa –quien fue formalizado y detenido a mediados de ese año– fuera vista en una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago “favorable” al expolicía, a quien efectivamente se le levantó dicha medida cautelar, siendo remplazada por una menos intensa.
Manuel Guerra es el último de un listado donde nadie quiere aparecer y que está lejos de cerrarse por completo. Esto, a raíz de las propias declaraciones del abogado de Luis Hermosilla –su hermano, Juan Pablo–, quien aseguró que sacar nombres a cuentagotas era una suerte de “cherry picking”, es decir, uso de datos de manipulación selectiva.
El abogado defensor acusó, a propósito de la declaración del Colegio de Abogados, que si se iba a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, debía hacerse de manera completa. “Ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores, y no vayan escogiendo, haciendo cherry picking con las cosas que a él los disminuyen”, comentó en una conversación radial.
La frase generó reacciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien aseguró que era inaceptable que el abogado intentara amenazar a fiscales, ministros y jueces a través de la prensa. “Si él tiene esos antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público”, agregó.
Cabe recordar que ayer, en entrevista con Mirna Schindler, en el programa Al Pan Pan, la abogada María Inés Horvitz, quien representaba al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el caso Penta, dijo que en esa causa Guerra habría incurrido en “comportamientos indebidos”. Según ella, en una audiencia de 2017, Guerra “suprimió los cargos de forma ilegal, sin realizar los actos que la ley señala para proteger los derechos del querellante”. Esto, señala la abogada, fue un intento deliberado para evitar que el CDE pudiera forzar la acusación por delitos de cohecho y soborno.
Además, criticó la falta de acción por parte de las autoridades judiciales, pues a pesar de las quejas presentadas por ella al entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las acciones de Guerra. “Era algo totalmente inusual y sin explicación”, agregó.
La penalista también levantó sospechas sobre las actividades de Guerra después de su salida del cargo de fiscal. Destacó su contratación por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde había investigado al exalcalde Raúl Torrealba. Luego, mencionó su vinculación con la Universidad San Sebastián y Andrés Chadwick, diciendo que “aparece siempre vinculado a ciertos personajes que tienen mucho poder”.
Estas conexiones, a juicio de María Inés Horvitz, sugieren que Guerra podría haber actuado bajo influencias externas. “Mi opinión es que lo hizo porque se lo pidieron”, sugirió. Además, mencionó que la aparición de Guerra en los chats indica que “pareciera claro que los favores fueron retribuidos posteriormente”.
Revisa la entrevista de Mirna Schindler a María Inés Horvitz:
