Proceso contra “Los Gallegos”: imputada despidió a su defensor y juicio corre riesgo de ser anulado

Luego de todos los problemas que tuvo para partir el juicio en contra de la organización criminal transnacional “Los Gallegos” en Arica, y luego de casi cuatro meses, quedó ayer en un punto muerto, después que una de las imputadas, Luisbeth Salazar Oliveros, despidiera a su abogado defensor en plena audiencia, generando un verdadero jaque al sistema, pues con posterioridad al hecho debió suspenderse la vista de la causa.

Como indica el artículo 283 del Código Procesal Penal, en caso de que un juicio se interrumpa “por un periodo que excediere los diez días”, el tribunal respectivo “deberá decretar la nulidad de lo obrado por él y ordenar su reinicio”, que es lo que no pocos temen que pueda suceder en Arica, dado que asumir la defensa de la acusada no es sencillo: se trata de una carpeta de investigación que tiene más de seis mil fojas, cientos de escuchas telefónicas, cuadros gráficos y pericias de todo tipo, por lo que estudiar todo eso en menos de 10 días no es sencillo, menos cuando –además– la Fiscalía ya ha presentado casi toda su prueba. 

Según fuentes consultadas por El Mostrador, Claudio Cofré, quien defiende a 17 de los imputados, se ofreció para representar a Salazar, pero la opción fue desestimada, dado que además de que podrían existir incompatibilidades, por ser el principal defensor de “Los Gallegos”, también lo es de los líderes de la célula del Tren de Aragua de Iquique, la que será sometida a juicio a partir del 23 de septiembre próximo, fecha en la cual se estima que –de continuar– el proceso de Arica estará aún en marcha.

Ante ello, en la audiencia de ayer, los jueces preguntaron al defensor penal público jefe de Arica (presente en la audiencia) si la institución podía asumir la defensa de la venezolana Luisbeth Salazar Oliveros, quien es sindicada por el Ministerio Público como la regenta de un local nocturno ubicado en calle General Lagos, donde las jóvenes migrantes eran obligadas a prostituirse. 

Al respecto, el Defensor Regional, Sergio Zenteno Alfaro, dijo a El Mostrador que “el Tribunal Oral Penal ofició a la Defensoría Regional de Arica y Parinacota para la designación de un defensor penal público en el caso de una imputada que, en la audiencia de hoy (ayer), renunció a su abogado particular. En virtud de esta solicitud, la Defensoría debe analizar la resolución dictada por el tribunal para determinar la procedencia de dicha designación, conforme a nuestra obligación legal de asumir la defensa de imputados que no cuenten con un abogado de confianza”.

Cabe mencionar que ayer, junto con suspender la sesión, los integrantes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica citaron a una audiencia para esta mañana a los intervinientes, con el fin de discutir la situación.

Según fuentes conocedoras del caso, la relación entre Luisbeth Salazar y su abogado defensor, Alejandro Orizola, se había quebrado ya la semana pasada, pero llegaron a un punto culmen luego de que el lunes prestara su testimonio una oficial de la PDI, que participó del allanamiento realizado en el lugar donde la acusada fue detenida. Salazar manifestó a viva voz su disconformidad con las preguntas que realizó su abogado, luego de lo cual pidió que se le revocara el patrocinio de este, generando la inédita situación.

El Mostrador se comunicó ayer con el profesional, a fin de conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta al requerimiento.

Las mismas fuentes antes mencionadas expresaron que, si se llegara a anular el juicio, de no existir un defensor que pueda asumir el caso antes de los 10 días, sería no solo un enorme fracaso para el sistema de persecución penal en general, sino que se produciría además una flagrante violación de los derechos de los imputados.

En el mismo sentido, el tribunal ayer también envió un oficio a Gendarmería, dados los todos los problemas telemáticos que se han producido en la conexión del tribunal de Arica con los penales donde están presos varios de los imputados.