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La ministra Marcela Sandoval celebró la apertura del sitio de memoria Hornos de Lonquén, tras un acuerdo con la familia Ruiz-Tagle, en el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En entrevista con El Mostrador, también abordó las expropiaciones de “Venda Sexy” y de Colonia Dignidad.
Antes, quienes querían visitar el sitio de memoria Hornos de Lonquén, ubicado a 14 kilómetros de la comuna de Talagante, debían pedir un permiso –ya que estaba en manos de la familia Ruiz-Tagle– e, incluso, atravesar un camino con alambre de púas. Hoy, tras un acuerdo judicial entre el Ministerio de Bienes Nacionales y los propietarios del sector, son los familiares de las víctimas quienes tienen las llaves del portón que da acceso al lugar que mantiene vivo el recuerdo de este caso de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Y es que, tras años de permanecer limitado el camino de acceso al sitio donde se encontraban los Hornos de Lonquén, se logró el término por advenimiento –sin necesidad de una expropiación– de la administración del camino, dejando de estar en manos de la familia Ruiz-Tagle y pasando a la administración del fisco, lo que para la cartera de Bienes Nacionales, liderada por la ministra Marcela Sandoval, significa no solo un avance en relación con el respeto a los familiares de las víctimas y a la posibilidad de contar con un sitio de memoria en ese histórico lugar, también es “una forma de reparación”, ad portas de cumplirse 51 años del golpe de Estado.
La entrega de las llaves se realizó al mediodía de este viernes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La ceremonia fue encabezada por la ministra Sandoval, quien, camino a Santiago, conversó con El Mostrador para abordar este y otros temas relacionados con la recuperación de sitios de memoria en el país.
Cabe mencionar que, desde el primer día del golpe de Estado, en medio de la contrarreforma agraria, en todas las zonas agrícolas del país se dio una intensa persecución contra los trabajadores de los fundos, sobre todo contra quienes habían sido activos durante el Gobierno de la Unidad Popular. En Isla de Maipo, los militares a cargo recorrieron los fundos identificando a estas personas, para posteriormente detener de forma violenta en sus domicilios a 11 campesinos, de los que no se dio información alguna sobre su paradero. Transcurrido un tiempo, las búsquedas de los familiares resultaron infructuosas, interponiéndose un recurso de amparo en el año 1974, en favor de los campesinos detenidos.
A fines de 1978 y a raíz de una denuncia anónima ante la Iglesia católica, se informó sobre la existencia de restos humanos en una mina abandonada en los faldeos del cerro Lonquén. Se inició entonces una investigación judicial a cargo del ministro en visita Adolfo Bañados Cuadra, quien más tarde y debido a la participación de uniformados en el crimen, debió declarar su incompetencia y trasladar el caso al fiscal militar Gonzalo Salazar Swett. Este juez castrense, en tiempo breve, aplicó la recientemente dictada Ley de Amnistía, dejando sin castigo a todos los carabineros implicados.
No fue sino hasta el año 2005 cuando el proceso pudo ser reabierto a instancias de los familiares, logrando en 2016 la condena de implicados.
El 30 de agosto, la ministra de Bienes Nacionales anunció oficialmente el acceso al sitio de memoria de Hornos de Lonquén, desde hoy administrado por el fisco.
-¿Cómo fue la gestión con los dueños del sector y las agrupaciones y familias de las víctimas del caso?
-En el Ministerio de Bienes Nacionales siempre acogemos y recibimos a distintas organizaciones que trabajan con la memoria y los derechos humanos. Tenemos un mandato del Presidente Gabriel Boric de recuperar sitios de memoria con distintos procesos. Durante su mandato, y en general, lo hacemos con diálogos, con mesas de trabajo, generando acompañamiento y distintas fórmulas. En este caso, a través de nuestra Seremi Metropolitana, tuvimos que hacer las distintas conversaciones con el privado y se logró este acuerdo y esta firma, que es importante. Hubo intentos en otros gobiernos, pero lamentablemente no se logró avanzar.
Por lo tanto, lo vemos como un gran avance. Esto se logró hace algunos meses, pero lo anunciamos hoy día (30 de agosto), porque nos parecía muy coherente que fuera en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, dado que (el caso Hornos de Lonquén) es el primer indicio de que en Chile se desaparece a personas. Entonces, resulta muy simbólico para las Agrupaciones de de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
-Se lo pregunto por los reparos que apuntan a cierta exclusión y que mencionó este viernes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y también de parte de víctimas de Colonia Dignidad.
-Nosotros tenemos un rol que es recuperar sitios de memoria, aquellos que están en manos del fisco y aquellos que están en manos de privados, como la “Venda Sexy” (Irán 3037). En ese caso fue vía expropiación, pero hay distintas fórmulas. También nos ha tocado articular con las organizaciones, siempre con ellas, como ha sido el espíritu de trabajo de nuestro ministerio. Por ejemplo, en la Fosa de Pisagua, con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de allá, con la Corporación Memorial Cerro Chena.
Y, bueno, también con la organización de sobrevivientes y familiares que hace poco entraron por primera vez al excentro de tortura “Venda Sexy”. Y así, también, en varias regiones del país, porque la verdad es que, como nuestro trabajo también es bien técnico y se tiene que conocer el estado del inmueble, necesitamos tener esta relación bien directa con las organizaciones para tener información de primera fuente.
-Sabemos que su cartera lidera otras iniciativas, pero, a partir de la recuperación del sitio de memoria Hornos de Lonquén y otros, será este el gran hito de su gestión?
-Nuestro mandato específico es trabajar en la recuperación de sitios de memoria. Pero también estamos aportando a otros temas de derechos humanos, en lo que es el levantamiento de datos de georreferenciación de lugares de memoria, rutas de memoria y patrimonio. Y ahí involucramos a distintos actores. La comunidad y todo, pero siempre en conversación con las organizaciones, que de hecho hemos recibido varias veces.
-¿Y se ha evaluado el riesgo de que, si este Gobierno no logra completar la recuperación de algunos sitios, en la próxima administración –si no sigue la misma línea política– se frene este objetivo?
-En este Gobierno tenemos que avanzar lo más posible, tenemos que avanzar con responsabilidad, con firmeza, pero sin miedo. Tenemos que generar logros y avances en materia de memoria y derechos humanos, no por temor a un eventual cambio, porque esto es competencia del Estado de Chile.
-¿Qué otros espacios de memoria están en esta agenda de recuperación?
-Todos estos procesos son lentos, son distintos. Y, la verdad, son complejos, porque efectivamente a veces hay cuestiones administrativas que resolver de los mismos inmuebles, como el estado en que se encuentra la propiedad, y hay que hacer una serie de cosas, pero armamos una mesa de trabajo con la agrupación de ex-presos políticos del Cuartel Borgoño en la Región Metropolitana, que ha llevado también una lucha bien importante por la recuperación de ese lugar, que fue el principal lugar de detención de la Región Metropolitana durante varios años de la dictadura.
Y ahí hemos tenido una mesa de trabajo, que se suma a la gestión sobre la excárcel Isla Teja, con la que esperamos tenga avances en nuestro Gobierno. También está el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, que involucra a dos Estados –Alemania y Chile– y una serie de hitos más pequeños que estamos trabajando en regiones.
-Por eso le preguntaba por la coordinación con las agrupaciones, porque hace poco hicieron un reclamo sobre qué áreas de Colonia Dignidad no deberían ser intervenidas y que la expropiación podría beneficiar a hijos de lugartenientes de Paul Schäfer.
-Quien lidera ese proceso es el Ministerio de Justicia. A ellos les corresponde hacer cualquier proceso expropiatorio y luego pasa al fisco. Ahí, en la Región del Maule, en particular, más allá de Colonia Dignidad, nosotros hemos tenido como ministerio un trabajo con familiares de Parral y otras organizaciones, y hemos puesto también a disposición un inmueble para la creación de un activo de derechos humanos allá en la región. Eso no se ha concretado, pero también lo pusimos sobre la mesa, porque hay a veces varias necesidades que plantean las organizaciones. No es solo un memorial. También se trata de buscar reunir evidencia que podría estar a disposición de la investigación, de la academia, de universidades, etc.
El ministro Luis Cordero, cuando se anunció la expropiación, fue muy claro en decir que iban a tomar todos los resguardos del caso.
-¿Está de acuerdo con lo que dicen organizaciones de derechos humanos, que tanto en la recuperación de sitios de memoria como en el Plan de Búsqueda se llega tarde, aunque lo entienden y plantean una “urgencia ética”?
-Yo creo que todas las autoridades que tenemos relación con el tema hemos dicho, en varias ocasiones, respecto a los temas de memoria y derechos humanos, que efectivamente nuestro país, el Estado de Chile, se ha demorado en reparar a las víctimas y en avanzar en materia de justicia, memoria y reparación.
En este Gobierno hemos sido muy claros en decirlo y por eso el Presidente Boric, con un conjunto de acciones, entre ellas las que me corresponden como cartera de Bienes Nacionales, que es avanzar en la recuperación de sitios de memoria, no solo a nivel metropolitano sino también avanzar en las regiones, colaborar con todas aquellas tareas que permitan poner en valor el patrimonio fiscal para la memoria… Y en eso, por lo menos lo que a mí me corresponde desde el ministerio, nosotros hemos avanzado en estos años y queremos seguir haciéndolo, porque sentimos que esto no es solo por la memoria, es una forma de reparar. Y también una contribución para las futuras generaciones que, sin duda, contribuye a una democracia mucho más sana.
