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Foto: AgenciaUNO
El hijo de la expresidenta Bachelet busca reparación por la querella que Gonzalo Vial Concha y su inversora, defendidos por el abogado Luis Hermosilla, presentaron en 2016 en el marco del escándalo. Dávalos alega que la querella de la que fue absuelto y las cautelares lo afectaron fuertemente.
Todo parece indicar que aún no se ha llegado a lo más profundo del iceberg en el Caso Hermosilla. El pasado 31 de agosto, un reportaje del medio Ciper reveló las gestiones del expoderoso penalista, actualmente en prisión preventiva, en el escandaloso Caso Caval.
En 2022, Luis Hermosilla, en su calidad de abogado, representó al empresario Munir Hazbún en varias causas judiciales e hizo gestiones para que ganara una licitación de Enel. Pero, además, de acuerdo al citado medio, los chats que el abogado intercambió en ese entonces con Hazbún, también muestran que le informaba los avances de un acuerdo para que el empresario Gonzalo Vial Concha retirara una querella por estafa contra Natalia Compagnon, la exesposa del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y quien a esa fecha ya era pareja de Hazbún.
Y es que Hermosilla representaba tanto a Hazbún como a Vial Concha. Ambos empresarios, de hecho, habían iniciado conversaciones para negociar un eventual traspaso de la Universidad del Aconcagua, que Munir Hazbún pensaba comprar a Gonzalo Vial. Sin embargo, había una piedra de tope, la exnuera de Michelle Bachelet.
Tras esta revelación, Sebastián Dávalos, exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia durante el segundo mandato de su madre, Michelle Bachelet, presentó una demanda civil contra Gonzalo Vial Concha y su sociedad, Inversiones Graneles del Sur S.A., por un total de $683.500.000. La demanda, interpuesta el 30 de agosto en el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, busca una compensación por los daños que Dávalos alega haber sufrido a raíz del prolongado litigio relacionado con el Caso Caval.
El escándalo, que comenzó en 2015, se centró en la compraventa de terrenos en la Región de O’Higgins y involucró pagos millonarios de la sociedad Graneles S.A. a la empresa Caval por asesorías, lo que despertó las sospechas de la Fiscalía. En 2016, Vial Concha y Graneles S.A. presentaron una querella criminal contra Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, iniciando una serie de investigaciones que se extendieron durante años.
Dávalos, quien fue absuelto en junio de 2023 por la Corte de Apelaciones de Rancagua debido a la falta de pruebas concluyentes, argumenta en su demanda que las acusaciones en su contra fueron infundadas y utilizadas de manera maliciosa para desviar la atención de una investigación en contra de Vial Concha. Según la demanda consignada por La Tercera, el proceso judicial le impuso severas restricciones y afectó gravemente su vida personal y profesional.
Dávalos señala que sufrió un “constante y despiadado escarnio público” que destruyó su reputación y afectó su estabilidad económica y profesional. Alega haber perdido importantes oportunidades laborales, incluyendo consultorías en el extranjero y posiciones de alta dirección, debido al arraigo nacional impuesto como medida cautelar y al estigma asociado con las acusaciones.
La demanda solicita $483.000.000 por lucro cesante, que representa las ganancias perdidas durante los ocho años de investigación, $120.000.000 por daño moral y $80.500.000 por costas judiciales, incluyendo honorarios legales y otros gastos relacionados con su defensa. Dávalos asegura que estos costos fueron tan significativos que se vio obligado a vender propiedades para cubrirlos.
Consultado por el medio Pulso, Gonzalo Vial Concha expresó sorpresa por la demanda, afirmando que ya se había alcanzado un acuerdo privado que, según él, cerraba el caso. Vial insistió en que el acuerdo fue satisfactorio para todas las partes involucradas y cuestionó la motivación detrás de la nueva acción legal. “Llegamos a un acuerdo privado y las partes quedaron conformes”, dijo Vial, añadiendo que la demanda de Dávalos parece ser un intento de aprovechamiento, dado que ya se había alcanzado un entendimiento.
Dávalos, por su parte, sostiene que la demanda busca una reparación por el daño extenso y prolongado que sufrió durante el proceso judicial. Enfatizó que la resolución de su absolución no debería ser utilizada como un obstáculo para la reclamación de la responsabilidad y la compensación por el impacto negativo en su vida.
