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Una serie de chats entre Luis Hermosilla y Francisco Feres dan cuenta de una verdadera “vía rápida” para que el Grupo Patio obtuviera los permisos que habían sido denegados desde el comienzo del proyecto, a partir de contactos directos con el seremi de la época, Manuel José Errázuriz.
Cada vez que una nueva autoridad asumía en algún ministerio relacionado con el rubro inmobiliario, comenzaban los comentarios en los chats de los hermanos Jalaff Sanz, otrora copropietarios del Grupo Patio y que hoy tienen calidad de imputados en la investigación relacionada con los hermanos Sauer por el factoring Factop, a tal punto que diversas fuentes indican que en poco tiempo más serán formalizados por lavado de activos.
Así sucedió tras la llegada de Sebastián Sichel a la presidencia de Banco Estado –algo demasiado bueno, por ser “íntimo” de Andrés Chadwick, comentó Hermosilla–, y luego del arribo de Felipe Ward al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a comienzos de junio del año 2020, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Dos días después de asumir en la cartera, el 6 de junio de ese mismo año, en una conversación entre Luis Hermosilla y Antonio Jalaff Sanz, el abogado calificó la llegada de Ward al ministerio como algo “positivo”. Y luego agregó: “Estamos trabajando con él un tema pendiente”.
Dichas gestiones buscaban generar condiciones favorables para que uno de los proyectos de Patio superara todas las trabas administrativas formuladas hasta entonces a Parque Capital, un complejo industrial de 400 hectáreas ubicado en el eje noviciado de la comuna de Lampa, concebido en formato “condominio” en una zona rural, algo bastante insólito, según las normativas de la época.
Los chats, en el fondo, buscaban “amarrar” un negocio que había costado afianzarse –a partir de una serie de acciones que aparecen en las conversaciones de WhatsApp–, como cuando Hermosilla comenta a Francisco Feres Nazarala, un reconocido operador político con vínculos transversales, que las gestiones al interior del ministerio eran al más alto nivel, mencionando avances con el propio ministro Felipe Ward, y el entonces Seremi metropolitano de la cartera, Manuel José Errázuriz Tagle.
Sobre este último –miembro de Renovación Nacional y excontralor del partido–, Hermosilla aseguró que habría sido la persona encargada de poner “en acción” las autorizaciones necesarias para aprobar Parque Capital. Así lo explicó el fiscal Orellana, en un capítulo de la formalización de Luis Hermosillla, orientado a definir el rol del abogado como una especie de consigliere de los Jalaff.
A medida que avanzaban las gestiones al interior del Minvu, Francisco Feres Nazarala aseguraba a Hermosilla –en otra conversación de WhatsApp– que el acuerdo con el ministerio requería al menos dos ministros de fe y proponía que estos fueran el propio abogado y el exministro Andrés Chadwick, en ese tiempo inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, tras ser acusado constitucionalmente y destituido el año 2019.
Poco tiempo después, el 13 de agosto de 2020, las gestiones finalmente rindieron frutos. Tras la Cuenta Pública de ese mismo año, Piñera anunció que Parque Capital era uno de los 220 proyectos prioritarios que buscaban reactivar la alicaída economía pospandemia, adjudicándole de forma directa 39 millones de dólares.
Es precisamente esta hebra, ligada estrechamente a personeros vinculados al “piñerismo”, la que ahora busca profundizar la Fiscalía en una nueva arista investigativa, por delitos asociados a tráfico de influencias y lavado de activos en el caso Audios o Hermosilla.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron a este medio que no descartan nuevas formalizaciones y diligencias, destinadas a esclarecer las eventuales acciones en favor del proyecto inmobiliario de los hermanos Jalaff en la comuna de Lampa.
El 25 de mayo de 2021, Luis Hermosilla envió un mensaje a Francisco Feres Nazarala, informándole que había recibido algunos documentos. La conversación es parte de los chats entre el abogado de la familia Jalaff con el otrora ejecutor del plan de cierre del diario La Nación, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador.
Luis Hermosilla: Esto me acaba de mandar MJ Errázuriz.
Feres: Chuchas!!! Lo leo…
Se trataba del Ordinario 214 de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), sobre procedimiento de saneamiento y regularización de loteos en área rural, enviado a Hermosilla por el entonces seremi de Vivienda de la época, Manuel Errázuriz Tagle.
La conversación forma parte de una serie de chats entre Hermosilla y Feres que dan cuenta de las gestiones realizadas por ambos personajes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, buscando avanzar en las aprobaciones del proyecto Parque Capital, a través del hombre encargado de poner en “acción las autorizaciones que requiere el proyecto”, tal como informó el fiscal Miguel Ángel Orellana sobre el rol de Manuel Errázuriz durante la formalización de Hermosilla.
A esa altura, según pudo comprobar El Mostrador, el trabajo de Hermosilla y Feres era a dos bandas. Mientras Hermosilla se relacionaba directamente con el seremi, Feres lo hacía a través de reuniones de lobby. El año 2020, por ejemplo, se reunió en dos ocasiones con el seremi Manuel Errázuriz; una el 25 de febrero y otra el 5 de noviembre.
En ambos encuentros la materia a tratar fue la misma: “Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes”. Según datos de Infolobby, entre gestores de interés y lobbistas, Grupo Patio ha tenido a 20 asesores desplegados en distintos proyectos.
En paralelo, sin embargo, las conversaciones por WhatsApp continuaban. El 27 de julio de 2021, Feres vuelve a preguntarle a Hermosilla por el resultado de las gestiones.
Feres: Hola Luchito, tuviste novedades de Errázuriz?
Hermosilla: Le volví a escribir al sujeto y nada. Llamaré a su jefe para saber si cambió el celular.
Aunque no lo mencionan, en aquel periodo el jefe de Errázuriz era el reciente ministro de la cartera, Felipe Ward, lo que hace presumir que Hermosilla tenía contacto directo con el entonces mandamás de la repartición pública. “Le acabo de escribir nuevamente”, agrega Hermosilla, adjuntando un pantallazo de la conversación.
Doce días más tarde, el 8 de agosto de 2021, Hermosilla le ratifica a Feres que las gestiones, al parecer, han dado resultados. “Mañana hablaré con Errázuriz”, le comenta el abogado, y Feres responde: “Eso es lo que más me importa ahora”.
A las 21:30 horas del 9 de agosto, Hermosilla le comunica a Feres que el seremi le había respondido. “Me acaba de escribir”, le dice, y luego le reenvía un mensaje que Errázuriz le habría mandado.
“Hola Luis. Las 3 IFC favorables fueron firmadas hoy, pero no están numerados. Mañana apenas los tenga numerados te los hago llegar”, le escribe el seremi. Los IFC es la sigla que describe los Informes Favorables de Construcción, elementos vitales para asegurar el avance del proyecto.
Al día siguiente, Errázuriz cumplía su palabra y enviaba los documentos a Hermosilla. “Estimado Luis, envío IFC favorables y numerables”, le escribió a las 15:30 del 10 de agosto. Luego de recibir los informes reenviados por Hermosilla, Feres le respondió que había informado a todos “del inmenso trabajo desplegado… están impecables”, escribe.
Francisco Feres, consultado por El Mostrador respecto de los hechos descritos, aseguró que las situaciones no tienen que ver con irregularidades: “Hay documentos que lo respaldan. Luis Hermosilla era abogado del grupo, pero él no tiene una responsabilidad en las aprobaciones. Él estaba ayudando a que pudiéramos ir aclarando la situación, con documentos, con testigos. Eso es así…. Tratamos de explicar que estábamos siendo objeto de una situación que era administrativamente incorrecta, que nosotros teníamos la razón y no la autoridad”.
Manuel José Errázuriz, en tanto, reconoció a El Mostrador que intercambió mensajes con Hermosilla. “Son mensajes donde yo le envío unas resoluciones que estaban listas, que ya habían sido firmadas. Son informes favorables de construcción de tres cosas que habían presentado. Durante la administración había una oficina del departamento, creo que se llamaba grandes proyectos, que venía del Ministerio de Economía. A nosotros regularmente nos estaban preguntando sobre estados de avance de distintas cosas y me pidieron que había que avisar a él (Hermosilla)”, aseguró.
Para entender el alcance de las gestiones realizadas al interior del Minvu, es necesario comprender cómo el proyecto fue avanzando en el tiempo. El terreno en cuestión, ubicado en la comuna de Lampa, sector Peralillo, en una zona catalogada como “rural”, cuenta con un certificado de copropiedad inmobiliaria fechado el 14 de marzo de 2014.
Los obstáculos en la ejecución del proyecto, partiendo por la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), impedían que fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores se realizaran subdivisiones, construcciones o calles tendientes a originar “nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana regional”.
En caso de aprobarse algún tipo de construcción o equipamiento en esta zona, según la ley, la Dirección de Obras Municipales (DOM) debía enviar un informe favorable a la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola correspondiente.
El proyecto de condominio tipo B en zona rural, fue finalmente aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Lampa, en el año 2014, sin que “las autoridades de la época tomaran conocimiento de su existencia hasta el año 2017, en el marco de una resolución de calificación ambiental solicitada para obras de urbanización”, señaló a El Mostrador la Seremi del Minvu de la RM.
“El año 2017 se informó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que la DOM de Lampa, no estaba cumpliendo con la Ley 19.537 de copropiedad. Por lo cual, se ordenó a la DOM adoptar medidas para cumplir con la ley. Lo que nunca aconteció”, agregó la Seremi.
El Minvu, sin embargo, ya había manifestando sus aprensiones con el proyecto. El 15 de enero de 2016, envió una serie de observaciones a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, advirtiendo sobre construcciones fuera del límite urbano, afectaciones a la flora, como el caso de la acacia caven, y una degradación de 38% del suelo.
El mismo organismo, en febrero de 2018, informó el rechazó a la construcción del proyecto “Obras de aguas lluvias y saneamiento interno Centro Industrial”, perteneciente a Grupo Patio y emplazado en el terreno de la empresa en Lampa. La compañía acusa el golpe y desde entonces comenzó una serie de reuniones de lobby, entre ellas, con Benjamin Muhr, jefe del Departamento de Litigios e Invalidaciones Servicio de Evaluación Ambiental; Andelka Vrsalovic, directora regional del SEA, Región Metropolitana; el intendente Claudio Orrego; y el entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios.
El caso finalmente se destrabó en septiembre de 2020, cuando la empresa consiguió revertir la medida, logrando invalidar el rechazo. Las fechas coinciden, además, con la arremetida de Hermosilla y Feres en el Minvu, quienes activaron su propio “fast track” –o vía rápida– tras la llegada de Ward a la cartera apenas tres meses antes.
Luego de la invalidación, los lotes individuales fueron autorizados en el marco del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. “Mediante este artículo, legalmente, las autoridades de la época no tenían motivo alguno para rechazarlo, ya que cada uno de ellos cumplía con lo señalado por la ley, habida consideración de que el uso solicitado por cada uno de ellos estaba autorizado en esa zona”, comentaron desde la actual Seremi.
Parque Capital, a esa altura, tenía el camino aparentemente despejado, sin ninguna restricción o condición legal que impidiera su desarrollo en esa modalidad de permisos. “Podemos señalar que las primeras comunicaciones respecto de este tema en nuestros registros datan de junio del 2019 y terminan en una invalidación en septiembre del 2020. Antes del 2019 solo tenemos antecedentes de los rechazos del proyecto”, acotaron desde la Seremi Metropolitana.
Lo que parecía una partida jugada, sin embargo, ha vuelto a tener algunos escollos. La resolución 557 del Minvu, del 7 de mayo de este año, complementa los criterios regionales para cautelar que “las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales de la Región Metropolitana de Santiago no originen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal”.
La primera etapa del proyecto contempla 31 sitios y se ampara en la normativa vigente hasta el 07 de mayo, quedando en tramitación todavía la segunda fase que abarca otros 67 lotes, sumando un total de 98 sitios de varias hectáreas cada uno. Esta última etapa, sin embargo, debe todavía obtener un informe favorable de la adenda de recomendación ambiental y ajustarse, por supuesto, a las nuevas normativas emanadas de la resolución 557.
El Mostrador se comunicó con Felipe Ward, quien actualmente es vicerrector de la sede Santiago de la Universidad San Sebastián (USS), pero este no respondió a nuestros requerimientos. Andrés Chadwick, en tanto (presidente de la junta directiva de la USS) dijo que no se iba a referir al tema, al solicitársele su versión.
