Sin declaraciones, tres abogados, entre los que no se encontraba Juan Pablo Hermosilla —hermano y principal defensor del penalista—, recibieron la copia del temido celular, que contiene más de 700 mil páginas de mensajes y otros datos que ya han revelado nuevas aristas del caso. [ACTUALIZADA]
En un evento marcado por la alta expectación, la Fiscalía Metropolitana Oriente entregó esta tarde a las 17:00 horas lo que ha sido denominado como la llave de la caja de Pandora en el caso que involucra al expoderoso abogado Luis Hermosilla.
La defensa del penalista, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, recibió un disco duro que contiene una copia del contenido de su teléfono móvil, un iPhone 14 Pro Max.
La entrega se realizó en las oficinas de la Fiscalía Oriente, donde los abogados Francisco Sepúlveda, Julián Parada y Alejandra Scognamillo, en representación de la defensa de Hermosilla, recibieron el extenso archivo digital compuesto por más de 700 mil páginas de transcripción de mensajes. Este voluminoso respaldo incluye una vasta cantidad de datos, tales como archivos digitales, fotografías, videos, contactos, aplicaciones, búsquedas, redes sociales y registros de llamadas.
El proceso de entrega se llevó a cabo sin declaraciones de los abogados presentes, quienes se reservaron sus comentarios. Y es que la comunicación oficial en relación con el caso es dirigida por el hermano del imputado penalista, Juan Pablo Hermosilla, quien no asistió a la recepción del archivo.
Tras la apertura de nuevas líneas de investigación sobre el caso Hermosilla, en el temido iPhone 14 existirían conversaciones aún no reveladas del abogado con diferentes políticos, jueces y autoridades de gobierno que podrían abrir otras aristas, tal como ya amenazó su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla.
La semana pasada, el defensor confirmó la petición al Ministerio Público de la llave de la caja de Pandora, tras declarar que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.
Cabe mencionar que las revelaciones de un reportaje del medio Ciper, en noviembre del año pasado, con más de 100 minutos de audio donde Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y su cliente, el empresario Daniel Sauer, conversaban sobre la realización de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con la finalidad de obtener información privilegiada y favores, desataron una ola de reacciones desde los más altos sectores políticos y empresariales.
Previo a la entrega del archivo a la defensa del abogado, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, remarcó que “el Ministerio Público ha abierto distintas líneas de investigación y a nosotros nos interesa que esas líneas lleguen hasta las últimas consecuencias”.
“En esta máxima que hemos dicho que es caiga quien caiga, ya que al final la corrupción termina dañando la democracia”, agregó la autoridad, en diálogo con el noticiero 24 horas. La ministra Vallejo indicó que esperan que se establezcan la responsabilidad en los distintos delitos posibles y que “las sanciones estén a la altura evidentemente de las infracciones y los delitos cometidos”
“En esto hay total tranquilidad por parte del gobierno. Somos los más interesados en que esto llegue hasta las últimas consecuencias y el Presidente lo ha dicho, nuestra ministra de Interior, nuestro ministro de Justicia”, sentenció la secretaria de Estado.
Para este jueves 5 de septiembre se fijó la audiencia de apelación por la prisión preventiva de Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos.
En noviembre de 2023, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente inició la investigación de oficio en el caso Hermosilla, que llevó a la incautación del teléfono móvil iPhone Pro Max del abogado. La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, autorizó la medida, subrayando que “el secreto profesional del abogado no cubre los actos delictivos del propio abogado”.
La decisión de incautar el dispositivo generó una serie de especulaciones sobre el contenido del teléfono, con el ministro de Justicia, Luis Cordero, anticipando que podría convertirse en una “caja de Pandora”. De hecho, el propio Hermosilla ha declarado que “tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él”.
Hasta ahora, la incautación del teléfono ha desatado una serie de investigaciones adicionales, incluyendo la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por violación de secreto.
Entre los contactos que podrían ser revelados se encuentran el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la fiscal regional de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, quienes en el pasado han tenido comunicaciones con Hermosilla. También se ha mencionado la posibilidad de que salgan a la luz nuevas comunicaciones con el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien ha negado la existencia de mensajes en los que solicitara a Hermosilla interceder en su nominación al máximo tribunal en 2021. Reportajes de Ciper han revelado que Matus mantuvo contacto con Hermosilla cuando el abogado asesoraba al gobierno de Sebastián Piñera.
Un reciente nombre en los contactos de Hermosilla es el del exfiscal Manuel Guerra, que ha llevado a una investigación penal por el intercambio de información sobre causas como el caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar.
Otra figura que ha defendido su inocencia es la jueza de la Suprema, Ángela Vivanco, quien salió al paso tras un reportaje de Ciper revelando un diálogo de su pareja con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante la discusión del Senado sobre la propuesta de fiscal nacional del Ejecutivo. Palma también ha sido acusado de haber entregado información al abogado sobre una causa por tráfico de drogas en Aysén.
Hoy, la Fiscalía Oriente abrió una nueva arista, a raíz de las menciones al exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward (UDI). El ente persecutor analizará si Ward, quien fue titular del Minvu durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, incurrió en irregularidades al desempeñar sus funciones. La investigación se enfoca en la posible agilización indebida de permisos de construcción para el proyecto Parque Capital en la comuna de Lampa, llevado a cabo por la empresa Grupo Patio, vinculada a la familia Jalaff.
La familia Jalaff también está bajo la lupa tras la formalización de Álvaro Jalaff por delitos tributarios en el contexto del caso Factop, también relacionado con las conversaciones de Hermosilla y las facturas ideológicamente falsas de las empresas de los hermanos Daniel y Ariel Sauer.
Según consigna La Tercera, conversaciones de índole personal del penalista no serían compartidas, así como tampoco aquellas que tengan relación con sus clientes mientras desarrollaba labores de abogado. En ese sentido, no serían revelados algunos diálogos con el exministro Andrés Chadwick o el actual jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, que fue su defendido hasta que se conoció el caso Audio.