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Fotos: AgenciaUNO
Fracasaron los argumentos de la defensa liderada por su hermano. La Corte de Apelaciones confirmó la medida cautelar para ambos abogados imputados en el caso Hermosilla. El penalista continuará en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y Villalobos en la Cárcel de Mujeres de San Miguel. [ACTUALIZADA]
Problemas de conexión a internet retrasaron cerca de 30 minutos la resolución de la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desde las nueve de la mañana revisó los alegatos de la defensa de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Ambos se encuentran en prisión preventiva, imputados por el Ministerio Público como autores de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, en el caso que lleva el apellido del imputado penalista.
La espera aumentó la expectación sobre una jornada marcada por intensas críticas y acusaciones, tanto contra el Ministerio Público como hacia el Gobierno, especialmente por parte del abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla.
A pesar de sus argumentos, la defensa no logró revertir la medida cautelar que mantiene a Luis Hermosilla en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el pasado 28 de agosto, después de haber pasado un día en la cárcel Santiago 1; y a Villalobos recluida en el módulo 2 de la Cárcel de Mujeres de San Miguel.
La Corte de Apelaciones de Santiago —integrada por los magistrados Miguel Vázquez Plaza, Lidia Poza Matus y Luis Hernandez Olmedo— confirmó la prisión preventiva de ambos abogados por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Las alegaciones de la defensa de Luis Hermosilla efectuadas en estrado, referidas a la tergiversación que ha tenido el sistema procesal penal reformado y que tiene como contraparte a tres abogados que representan al Estado -Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y Servicio de Impuestos Internos- y un querellante adicional, deben ser desestimadas”, señala el fallo.
En efecto, añade el tribunal, “de partida el análisis que hace esta Corte no es sobre la corrección del sistema que constitucional y legalmente se encuentra establecido, ni tampoco de política criminal, sino que se ciñe a los requisitos para la imposición de una medida cautelar personal, a los hechos formalizados, los antecedentes de investigación que se exponen por las partes y la eventual calificación jurídica que puedan tener en esta etapa temprana, en el caso particular, de inicio de la etapa de investigación formalizada, lo cual se ha efectuado en los fundamentos anteriores”.
Por otra parte, en cuanto a la eventual vulneración de garantías legales y constitucionales alegadas por la defensa, “lo cierto es que esta no es la oportunidad para dilucidar su infracción, al tratar esta audiencia únicamente sobre el análisis de imposición de una medida cautelar personal”, concluye la resolución.
Consulta la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Durante la audiencia de apelación, Juan Pablo Hermosilla acusó al Ministerio Público de abusos y de “pervertir” el sistema procesal penal. A su juicio, la presunción de inocencia ha sido vulnerada y los imputados han sido privados de libertad de manera “apresurada” y sin un fallo final. También criticó a los altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al Presidente Gabriel Boric y a los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero, reiterando su acusación de intervención indebida.
La defensa de Hermosilla cuestionó la legitimidad de las acusaciones de lavado de activos presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sugiriendo que responden a presiones públicas. Además, criticó la filtración de información del caso y la “politización” del proceso.
Por su parte, la abogada de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, rechazó las acusaciones de cohecho y destacó la cooperación de su clienta con las investigaciones. Borda también criticó el “machismo sistémico” en el sistema judicial y la falta de instalaciones adecuadas para mujeres en casos similares.
Tras los alegatos y la resolución, Juan Pablo Hermosilla expresó que “mi labor no es ser juez, los que determinan las resoluciones judiciales son los jueces. Yo cumplo con defender los principios y defender lo que ustedes han escuchado que defiendo, y el resto ya no depende de mí. Claramente, la corte no nos halló la razón a nosotros en nuestra argumentación”.
El defensor dijo que asume la decisión “con dureza, siempre cuando uno pierde estas causas es duro para uno. Si uno trata siempre de hacer todos los esfuerzos por ganar”.
“Esta es una causa extraña, esta es una causa que -en mi opinión- está muy contaminada por muchas cosas, y nosotros vamos a seguir ejerciendo en forma dura nuestro derecho a defensa”, sentenció Juan Pablo Hermosilla.
Alejandra Borda tampoco quedó conforme con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, pero —recalcó— “si creemos que se mencionó algo importante, que efectivamente se reconoce la situación de las diferencias de la posición que tienen las cárceles para hombres y mujeres respecto de delitos económicos”.
“La indicación, la instrucción que dará la Corte a Gendarmería, es que se garantice su seguridad, situación que nosotros nunca cuestionamos hasta la fecha”, complementó la abogada.
“Esto abre necesariamente la necesidad de debatir las condiciones a las que hombres y mujeres están sometidos en este país, sobre todo frente al sistema penitenciario. Creemos que si bien es un revés importante, vamos a seguir luchando por esto”, sostuvo.
La abogada de Villalobos afirmó que hay dos flancos importantes: “Uno es seguir cooperando con la investigación y pretendemos de todas las maneras posibles el poder acreditar lo que ha sido nuestra línea desde un principio. Y, por otro lado, la Corte nos señaló que esta no era la instancia para discutir. Si bien existían efectivamente diferencias entre el trato que recibe una mujer y un hombre en la misma condición. Esta no es la instancia”.
Por lo tanto, cerró, “tendremos que abocarnos al estudio y determinación de cuál es la instancia correcta y presentar las acciones que correspondan”.
Cabe mencionar que, este miércoles, un equipo de abogados de la defensa, encabezado por el abogado Francisco Sepúlveda, acudió a la Fiscalía Metropolitana Oriente para recoger un disco duro portátil con la información del teléfono de Hermosilla. El archivo ha sido catalogado como la llave de la caja de Pandora que ha abierto el caso.
Más temprano, Juan Pablo Hermosilla anticipó que el proceso de organización de los archivos que recibieron de la Fiscalía podría tomar entre dos y tres semanas, debido a la complejidad y volumen de la información. En cuanto a la divulgación de los datos, el abogado expresó su intención de buscar temas de interés público sin violar la privacidad ni el secreto profesional. “Estoy abierto a recibir consejos de editores y otros expertos para asegurar que lo que se publique sea relevante y manejado adecuadamente”, señaló.
Además, criticó el posible “cherry picking” de los chats que se han filtrado hasta ahora. “Queremos detener esta manipulación del caso derivada de la filtración y mostrar toda la información de interés público de manera equitativa”, aseguró. El abogado prometió que se permitirá a todas las partes involucradas en el caso, incluyendo a los actores del Poder Judicial y el Ministerio Público, la oportunidad de dar su versión antes de la publicación de cualquier información.
