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Crédito: Carlos Saldivia
Miembros de la Corte Suprema confirman que hay división en la mirada sobre cómo debe ser la relación entre un juez y un gestor de intereses, pero advierten que “la práctica Hermosilla” no ha desaparecido. Es un problema del que se sabe y se critica, aunque sin propuestas para lograr transparencia.
Con el caso Hermosilla como telón de fondo y tras intensas negociaciones, el Gobierno llegó a un acuerdo con la oposición para lograr humo blanco luego de tres años: en la semana posterior a la de Fiestas Patrias, el pleno del Senado votará mayoritariamente a favor de la propuesta del Presidente Boric para que las juezas Jessica González y Mireya López asuman como sucesoras de los exministros de la Corte Suprema Guillermo Silva y Haroldo Brito, dos exintegrantes de la Sala Penal, que se jubilaron al cumplir 75 años en 2023.
La llegada de dos juezas se hace en un contexto particular por el que atraviesa el Pleno del máximo tribunal del país: la amenaza de una acusación constitucional en el Congreso, que carece de votos, contra uno de sus miembros –Jean Pierre Matus– por sus chats con el abogado Luis Hermosilla, en prisión preventiva a raíz del caso que se conoce por su apellido o caso Audios; el debate interno entre los 21 supremos sobre la verosimilitud de las explicaciones de Matus acerca de la naturaleza de los mensajes; la incomodidad del Poder Judicial con La Moneda por declaraciones respecto a la evidencia del caso; y la víspera de un fallo sobre la apelación del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, en un juicio laboral por el despido del exfiscal de la Cámara Alta Javier Norero, que la Corte de Apelaciones estimó “ilegal y arbitraria”.
En ese marco, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, acompañado de las ministras Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales (de la Sala Laboral) y María Cristina Gajardo, arribaron, a las 17:00 horas del pasado martes, a la Sala 11 del Senado, junto con 10 integrantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), e informaron sobre el avance de la ejecución presupuestaria del dicho poder del Estado durante el primer semestre del año ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso.
En el Congreso aseguran que “es muy usual” la cantidad de ministros que acompañó a Blanco, pese a que solo Gajardo tomó apuntes; mientras, en Tribunales ven la comitiva como una “especial coincidencia”. En la sesión, que estaba presidida por el senador Rafael Prohens (RN) y solamente integrada por la senadora Luz Ebensperger (UDI), cercana al Poder Judicial, y el diputado Agustín Romero (PREP), la directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo; el subdirector (s), Alex Saravia; el jefe de Finanzas de la Academia Judicial, Giovanni Godoy, acompañados por sus equipos directivos, dieron cuenta de los proyectos implementados por ambas instituciones durante este período.
Al inicio de la sesión el presidente de la instancia, Rafael Prohens, le pidió al secretario de la comisión un receso de 5 minutos, momento que los anfitriones –Prohens, Luz Ebensperger y el diputado Leonidas Montes– se quedaron conversando con los huéspedes con micrófonos apagados y sin que se transmitiera por el canal del Senado.
A la salida de la cita, 3 de los 14 asistentes abordaron con El Mostrador el clima interno por el caso Hermosilla, principalmente acerca de si el lobby político se había dejado de observar en el Poder Judicial, considerando que el abogado Luis Hermosilla –uno de los principales articuladores de postulaciones– se encontraba caído en desgracia.
Algunos de los ministros consultados manifestaron su incredulidad en cuanto a si “la práctica Hermosilla” había desaparecido. “Es una ingenuidad creer que esto ha detenido ese tipo de costumbres, existen varios otros por supuesto (que siguen presentes en esa labor)”, expresó uno, y agregó que “los nombramientos estarían en acuerdo”, en relación con las dos ministras que ascenderían.
En el Congreso confirman que hay división en la Corte Suprema respecto a la mirada sobre la relación entre un juez y un gestor de intereses, pero advierten que hay “otros 50 Hermosillas” operando de similar manera, ya que es un problema del que existe consciencia y críticas, pero sobre el cual hay falta de propuestas para transparentarlo.
“En el teléfono de Hermosilla estamos todos o puede estar o incluso ser mencionado cualquiera”, sostiene una senadora. “Y obviamente también en el teléfono de otros muchos cabilderos, la diferencia es que no se conocen”, añade.
En círculos vinculados al caso, explican que las tres ministras del máximo tribunal que asistieron tienen una visión bastante crítica de los chats entre Hermosilla y el ministro Matus. Y, al mismo tiempo, hay bastante consenso entre los 21 magistrados en que “no es positivo que un poder del Estado aborde la investigación de otro poder del Estado”, en alusión al “acting” del Presidente Boric para abordar el caso Hermosilla y a declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre el punto.
La llegada de los 4 ministros de la Corte Suprema se produjo a 24 horas de la exposición de sus más probables compañeras de trabajo en el máximo tribunal, el lunes pasado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside el senador Alfonso de Urresti (PS), uno de los legisladores oficialistas mencionados en los últimos audios revelados, donde también se nombra al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS).
Aun cuando algunos de los 8 votos de los senadores del Comité de la UDI están en duda para la votación de las ministras propuestas por el Presidente Boric al Senado, el oficialismo habría sellado la semana pasada un acuerdo con RN y Evópoli para lograr el nombramiento de ambas juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, la votación, contemplada para el martes 10 de septiembre, se pospuso debido a que habría cuatro senadores menos y tres pareados para lograr los 2/3 de votos requeridos: 33 votos.
“Estaremos atentos al informe de la Comisión de Constitución. Uno siempre debe partir de la presunción de buena fe. Entiendo que ambas tienen una correcta carrera en el Poder Judicial”, señaló el senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker.
Este miércoles, desde La Moneda, algunos aseguraban que las conversaciones fueron lideradas por el ministro de Justicia, Luis Cordero. Otros, afirmaban que no fue Cordero, sino el expresidente del Partido Socialista y ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, el hombre que había articulado tras bambalinas “las tratativas y el cabildeo” con la jefa del comité de senadores de la UDI, Luz Ebensperger, y con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, tras más de un año de desacuerdos para conseguir dos de los tres reemplazos de la Corte Suprema, con el de Jorge Dahm, a fines de 2023.
“No tengo ningún antecedente para afirmar que (alguna de las magistradas propuestas por el Presidente Boric) no garanticen imparcialidad”, aseguró a El Mostrador la segunda autoridad política del país, el senador José García Ruminot.
“Ambas magistradas dan plena garantía de imparcialidad. No hay elementos de objeción respecto de las labores que han tenido para que sean integrantes de la Corte Suprema. Creo que le hace bien a nuestra Justicia que más mujeres se vayan integrando al Poder Judicial, que tengan vasta experiencia, que hayan tenido una hoja de vida intachable, eso le hace bien obviamente a nuestra Justicia. Espero que se cuente con los 33 votos que se requieren para oficializar su nombramiento por parte del Senado”, agregó el senador por Puerto Montt, Fidel Espinoza.
Según explican fuentes ligadas al tema, en ambos bloques argumentan que –después que el Gobierno retirara del Senado en dos oportunidades el nombre de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, y lo repusiera– la postulación de la jueza para integrar la Corte Suprema ya cuenta con los 33 votos requeridos en la Cámara Alta para su ratificación en el puesto.
“Ahora, el acuerdo ya está listo. Habrían abstenciones, pero se acordó que se aprueben las propuestas”, puntualiza una fuente cercana a las tratativas. Incluso, algunos de los integrantes de la Corte Suprema fueron informados del acuerdo.
Por falta de votos, el Gobierno había demorado tres nombramientos para reemplazar a ministros de la Corte Suprema: Guillermo Silva, en 2022; Haroldo Brito y Jorge Dahm, en 2023. Estos últimos, exintegrantes de la poderosa Sala Penal, en donde se deciden los destinos de los casos de orden criminal más importantes del país. A ellos se sumará el retiro del ministro Juan Eduardo Fuentes, quien se jubila en octubre próximo.
La demora en los reemplazos, sobre todo en la Sala Penal, había generado inquietud en el Palacio de Tribunales, principalmente porque no se recordaba que hubiera una vacante de un magistrado por más de dos años sin que se llegara a un consenso.
La dilación –explican fuentes cercanas al tema– se debía a que, tras el nombramiento de la ministra Soledad Labra, abogada de la Universidad de Concepción, exintegrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y considerada de sensibilidad de centroizquierda, ahora era el turno de una magistrada de sensibilidad de centroderecha, de acuerdo a la tradición que en los años noventa impulsó un sector del PPD para mantener imparcialidad y prontitud para elegir a los jueces.
Sin embargo, el Ejecutivo insistía en proponer a la ministra Jessica González, quien indagó el caso Karadima, pese a que el turno era de un perfil distinto. Para zanjar el impasse, se llegó al acuerdo de que se propondría a González, pero también a una segunda magistrada y a un fiscal judicial de una sensibilidad que no estuviera en sintonía con el oficialismo.
En ese marco, el lunes, luego de una sesión de tres horas y media, por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión de Constitución del Senado acordó informar a la Sala que el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro Astudillo, quien fue propuesto por el Presidente de la República para el cargo de Fiscal Judicial de la Corte Suprema, cumple con los requisitos de idoneidad, formalidades y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.
Además, por mayoría de sus integrantes, la instancia acordó informar a la Sala que las magistradas Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, propuestas por el Mandatario para integrar la Corte Suprema, cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo.
La primera magistrada propuesta, Jessica de Lourdes González Troncoso, quien fue propuesta por el Presidente de la República, es actualmente ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue relatora de la Corte Suprema, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza en el 12° Juzgado Civil de Santiago y oficial del 28° Juzgado Civil de Santiago. La segunda nominación hecha recae en Mireya López Miranda, para proveer la vacante dejada por Haroldo Brito Cruz, quien cesó en sus funciones en el máximo tribunal tras cumplir 75 años de edad.
