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Tras conocerse nuevos antecedentes sobre la ministra de la Corte Suprema y su relación con el imputado penalista, este lunes se iniciarán conversaciones en el Congreso para impulsar un libelo en su contra. Su situación, así como la de otros jueces, también será abordada mañana en el máximo tribunal.
Ayer, el diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, emplazó a la Comisión de Ética de la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento respecto a las acciones de la ministra Ángela Vivanco, cuando ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala del máximo tribunal. Hechos que fueron detallados en el newsletter +Política de El Mostrador, y que tienen relación con las causas asociadas a la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM).
En ese entonces, Vivanco como presidenta de la Tercera Sala acogió el recurso de protección de CBM y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de Codelco. A lo que se suma que el fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. Es decir, que la Tercera Sala resolvió una causa que no estaba en tabla.
En ese contexto, el diputado Aedo, también impulsor del libelo contra el magistrado Jean Pierre Matus, señaló que “cuesta entender, cuesta comprender a toda la opinión pública, que se haya dado un fallo un día antes de que haya sido puesto en tabla esta causa. ¿Qué pasó con el debido proceso? ¿Para qué entonces los alegatos si había una decisión anticipada ante la puesta en discusión de este tema judicial? Creo que la Corte Suprema y su Comisión de Ética tienen que darle claridad al país respecto de este hecho denunciado por El Mostrador”.
La ministra Ángela Vivanco se encuentra bajo escrutinio y surgen nuevos antecedentes en medio del caso Hermosilla y la influencia del imputado penalista en los nombramientos del Poder Judicial. Hoy, un reportaje del medio Ciper reveló una serie de conversaciones por chat entre la magistrada de la Corte Suprema y el expoderoso abogado —actualmente en prisión preventiva—, intercambios que sostuvieron entre marzo de 2018 a noviembre de 2023, y que evidencian una serie de favores cruzados.
La publicación da cuenta que Vivanco escribió por primera vez a Hermosilla con el fin de solicitar su apoyo para llegar a la Suprema. Las conversaciones contienen “huellas inequívocas” de una relación de total confianza, y donde el penalista efectivamente desplegó esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco al máximo tribunal.
De acuerdo al citado medio, después de que ella asumió en la Corte, los favores fluyeron en ambos sentidos. “En una ocasión, el penalista le preguntó si tenía posibilidad de integrar sala en una causa que le interesaba y que involucraba a la PDI. A lo que se suma el hecho de que la ministra le compartió al abogado información que aún no era pública referida a recursos judiciales que afectaban a Carabineros y Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba para Interior”.
Asimismo, en el teléfono de Hermosilla quedó la evidencia de que Ángela Vivanco actuó junto al abogado “para impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y boicotear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora”.
Cabe mencionar que, según reportajes publicados anteriormente, en el marco del caso Hermosilla, hay conversaciones por Whatsapp en las que figuran los nombres de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Ángela Vivanco en distintas circunstancias, pero todas posiblemente ligadas al tráfico de influencias. A lo que se sumó la investigación penal por soborno que abrió el Ministerio Público contra su pareja, Gonzalo Migueles, a quien la PDI le incautó el teléfono en casa de la propia ministra. En esta causa se investiga un eventual soborno de Migueles al fiscal Carlos Palma –a quien también se le incautó el teléfono–, en el marco de gestiones oficiosas para favorecer nombramientos y que han ensombrecido al Poder Judicial.
En ese contexto, el diputado PS y presidente de la comisión investigadora del caso Hermosilla, Daniel Maouchehri, anunció acciones para estudiar una acusación constitucional contra la ministra Vivanco y los jueces involucrados. Lo que se suma a la iniciativa impulsada por el diputado DC, Eric Aedo, quien también se encuentra recabando antecedentes para una AC contra el ministro Jean Pierre Matus.
“La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial, son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado Ciper respecto a la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces en el caso Hermosilla”, señaló Manouchehri.
A sus palabras se sumó la diputada Daniella Cicardini. “Los antecedentes de Ciper respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el Poder Judicial y es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso porque evidencian manipulación de la justicia chilena”, sentenció la parlamentaria socialista. Por lo tanto, dijo, “son antecedentes que ameritan absolutamente avanzar en el estudio de la presentación de una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo junto al diputado Manouchehri y que esperamos conversar con otros parlamentarios y parlamentarias”.
Desde la misma tienda política, el diputado Marcos Iilabaca añadió que “los últimos antecedentes conocidos en el caso de Hermosilla dan cuenta de cómo la ministra Vivanco era parte de esta red de corrupción que hoy día ha horadado el sistema político nacional”. A su juicio, “la Corte Suprema hace rato ha presentado grandes problemas y hoy día ponen en juicio cada una de las resoluciones que este máximo tribunal ha presentado a nuestro país”.
“La señora Vivanco no puede seguir siendo ministra de la Corte Suprema y es necesario poder hacer un mea culpa por parte de los ministros de la Suprema respecto a estos graves hechos y las graves consecuencias”, sentenció el diputado Ilabaca. Y cuestionó: “¿En cuántos casos más la señora Vivanco metió mano? ¿En cuántos casos más otros ministros que posiblemente puedan estar relacionados tienen responsabilidad?”.
Por su parte, la diputada independiente e integrante de la bancada del PPD afirmó que es necesario y oportuno presentar una acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, a propósito de estos hechos que la comprometen más allá con el caso Hermosilla, sugiriendo que “incluso la podrían haber comprometido en la manera en la que ella dictaba sentencias”.
“Esto es gravísimo y me parece correcto perseguir la responsabilidad constitucional y política de la ministra. Hoy creo que la clave también está en avanzar en el proceso penal”, agregó.
La diputada Musante es querellante de un proceso en el Séptimo Juzgado donde precisamente se busca determinar si existe o no tráfico de influencias por parte de los ministros de la Corte Suprema involucrados en el caso Hermosilla. “Vamos a llegar hasta el final de las consecuencias, porque estamos hablando de delitos y en eso vamos a avanzar en la solicitud de diligencias que van a ser claves para esta investigación, pero sobre todas las cosas para determinar las responsabilidades”.
“Este caiga quien caiga tiene que involucrar nombre y apellido de los ministros, si no nos vamos a seguir dispersando como quiere la defensa del señor Hermosilla”, cerró.
Desde la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón planteó que “habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional”. Pero, lo que le llama la atención, comentó, “es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales”.
“Siento que no es momento para estar ni felices ni viendo oportunidades para dar cuñas y anunciando acusaciones, sobre todo cuando la institucionalidad está claramente en juego. Yo creo que este es el minuto para demostrar que somos políticos responsables”, complementó Ossandón.
Los nuevos antecedentes sobre la ministra Vivanco también encendieron alertas en el máximo tribunal del país. “En atención a recientes informaciones de prensa que involucran a integrantes de la Corte Suprema, el presidente de este tribunal, Ricardo Blanco Herrera, expresó su preocupación por esta situación y señaló que serán tratadas con la máxima prioridad en el pleno de mañana lunes 9 de septiembre”, adelantó el Poder Judicial en un comunicado.
Asimismo, se reiteró el compromiso de la Corte Suprema con “su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas”.
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