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Colegio de Abogados afirma que caso Vivanco genera “desconfianza” en el sistema de nombramientos PAÍS Crédito: Agencia Uno

Colegio de Abogados afirma que caso Vivanco genera “desconfianza” en el sistema de nombramientos

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El Colegio se puso a disposición para colaborar en la discusión de una reforma constitucional sobre el sistema de nombramientos, la que permitirá “trabajar en la restauración de las confianzas, fortaleciendo nuestra institucionalidad. Dicha reforma debe ser asumida como política de Estado”.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Colegio de Abogados expresó su preocupación por la desconfianza generada en el sistema de nombramientos del Poder Judicial tras la suspensión de la ministra Ángela Vivanco. La entidad resaltó la necesidad de una reforma constitucional que fortalezca la transparencia y probidad en los nombramientos. Además, valoraron la rápida reacción de la Corte Suprema al abrir un cuaderno de remoción y del Ministerio Público por iniciar una investigación penal. El Colegio ofreció colaborar en la discusión para restaurar la confianza en las instituciones.
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El Colegio de Abogados se refirió a la situación de la cuestionada ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue suspendida por el máximo tribunal del país, los que además decidieron la apertura de un cuaderno de remoción a raíz de los antecedentes publicados el pasado fin de semana por el newsletter +Política de El Mostrador –bajo el título “La ‘muñeca bielorrusa’ que complica a la suprema Ángela Vivanco”–, respecto de la forma en que operó la ministra en un litigio entre una empresa bielorrusa y Codelco, y debido a un reportaje de Ciper que dejó en evidencia la estrecha relación que la jueza poseía con el actualmente preso abogado Luis Hermosilla.

“Atendido el rol fundamental que cumple la Excma. Corte Suprema en la estabilidad institucional y en el resguardo del Estado de Derecho, resulta imperativo que, ante los hechos que se han hecho públicos en estos días y que ponen en entredicho la labor de una integrante de ese alto Tribunal de la República, éstos sean pronta y exhaustivamente investigados para establecer su veracidad y sus alcances, permitiendo la determinación y aplicación de las sanciones que pudieran corresponder”, indican a través de un comunicado, sin mencionar directamente a Vivanco.

En ese sentido, y recordando la presunción de inocencia, valoraron “la pronta reacción que ha tenido el máximo Tribunal del país al anunciar, en la mañana de hoy, la apertura de un cuaderno de remoción. En esta misma línea, valoramos la decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación penal”.

“Asimismo, a juicio de este Consejo contraviene la ética, la lealtad con los intervinientes y los deberes que regulan la relación de los abogados con los medios de prensa, dar a conocer información del proceso que aún no es pública o que bien, podría estar bajo secreto profesional; ello pasa a llevar los deberes que rigen para todos los abogados según dispone el Código de Ética Profesional”, dicen.

Los graves hechos recién conocidos se suman a otra serie de complejas situaciones de las que el país ha sido testigo y que generan razonable desconfianza en el actual sistema de nombramientos de ministros y ministras del Poder Judicial, lo que da cuenta de la urgente necesidad de mejorar los procedimientos y la legislación actual sobre la materia, de modo de transitar a un sistema que otorgue mayores garantías de transparencia, independencia y probidad y, de esa forma, no deje espacio a suspicacias”, agregan en el comunicado firmado por el Consejo General de la entidad.

El Colegio de Abogados añadió que se reunieron con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Tras la instancia, se pusieron a disposición para colaborar en la discusión de una reforma constitucional sobre el sistema de nombramientos, la que permitirá “trabajar en la restauración de las confianzas, fortaleciendo nuestra institucionalidad. Dicha reforma debe ser asumida como política de Estado, con un compromiso transversal, dada la crisis que hoy sufre el sistema que resguarda el Estado de Derecho, a lo cual debe unirse nuestro planteamiento que promueve una urgente reforma constitucional que permita crear una jurisdicción universal, única y efectiva para el control ético, que permita -en casos graves- aplicar sanciones eficaces y oportunas, tales como la suspensión o prohibición del ejercicio profesional”.

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