La Fiscalía ha señalado que investiga los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. Sin embargo, según el abogado constitucionalista Eduardo Aldunate, el foco de la discusión debería estar en el notable abandono de deberes.
La Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco, tras las revelaciones de su polémica con una empresa bielorrusa -que destapó el newsletter +Política de El Mostrador– y de sus chats con Luis Hermosilla tanto para llegar ella al máximo tribunal, como para favorecer o frenar a otros postulantes.Estas acciones han suscitado preocupación tanto en el Poder Judicial como en el Congreso, que ya prepara una acusación constitucional en su contra.
La Fiscalía ha señalado que investiga delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. Sin embargo, según el abogado constitucionalista Eduardo Aldunate, el foco de la discusión debería estar en el notable abandono de deberes, ya que este es el aspecto más claro que se desprende de los antecedentes disponibles.
“Con los datos que tengo, aunque seguramente son incompletos, diría que estamos ante un caso que cae dentro del notable abandono de deberes”, comentó Aldunate en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.
El abogado subrayó que la receptividad de Vivanco a las propuestas de Hermosilla, incluso si no llegaron a concretarse en decisiones judiciales específicas, es un punto que compromete seriamente su rol. “Todo juez tiene el deber de comportarse de manera tal que no afecte la administración de justicia”, añadió, insistiendo en que, al menos en esta fase, no se puede hacer una imputación penal directa sin mayores antecedentes.
Respecto a los posibles delitos que podrían imputarse a Vivanco, Aldunate se mostró cauto. Si bien reconoció que las conductas descritas podrían encuadrarse en figuras como el cohecho o, en algunos casos, el tráfico de influencias, aclaró que no es un experto en derecho penal y que por ahora lo más claro es el notable abandono de deberes. “No podemos descartar que algunas de estas acciones caigan dentro de la dimensión del cohecho, pero es necesario más análisis”, afirmó.
Independientemente de lo que ocurra en el Congreso con la acusación constitucional, Aldunate recordó que la Corte Suprema también tiene la facultad de remover a Vivanco en ejercicio de sus funciones disciplinarias. Aunque aclaró que este proceso no constituye un juicio formal, explicó que la corte podría basarse en un informe de la ministra para luego resolver sobre su remoción. “No es lo que uno esperaría en el constitucionalismo clásico, pero la corte tiene esa capacidad disciplinaria”, concluyó Aldunate, refiriéndose a la potestad de la Suprema para actuar sin necesidad de un proceso judicial formal.
