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Crédito: Agencia Uno
En Tribunales explican que los jueces tienen que tomar duras medidas para mitigar los costos que le ha traído el caso Hermosilla al Poder Judicial. Ante el costo de imagen y prestigio, se aviva el debate interno entre ministros para dar una señal ejemplar.
La caída de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco logró algo que no se había visto en meses: suavizar asperezas y divisiones al interior del máximo tribunal para lograr la apertura de un cuaderno de remoción y unanimidad en la decisión de suspenderla de su cargo. Sin embargo, continúan otras divergencias en torno a sancionar o no al ministro Jean Pierre Matus y sobre medidas para contener “un daño institucional” al Poder Judicial, que mantienen cierto aire de tensión en el Pleno.
Según explican quienes conocen el debate interno del Palacio de Tribunales, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, desde hace semanas observaba la situación de la ministra Vivanco.
Primero, parecía molesto por la sucesión de situaciones incómodas que había generado quien fuera excandidata a diputada de RN por El Bosque, principalmente por sus declaraciones como vocera del máximo tribunal sobre el fallo de las isapres y otras declaraciones consideradas poco prudentes.
Pero en las últimas semanas el malestar de Blanco y más de la mitad de sus pares en la Corte Suprema aumentó, a raíz de la naturaleza de la relación de su pareja Gonzalo Migueles, acusado de intentar influir en nombramientos en el Poder Judicial, según se desprende de los chats del abogado Hermosilla.
Según explican al interior del Poder Judicial, la ministra Gloria Ana Chevesich, conocida como la “Jueza de Hierro”, lideraba las posturas para adoptar medidas urgentes ante Vivanco, debido a que su situación era insostenible, hacía daño a la institución, a la percepción de justicia en la ciudadanía y afectaba a los jueces de carrera, seguidores de códigos de conducta, formas y estilos de vida prudentes. A ella se sumaron los magistrados Andrea Muñoz, Sergio Muñoz, María Soledad Melo y últimamente Adelita Ravanales.
Asimismo, explican al interior de los círculos judiciales, la ministra Chevesich tiene fama de defender la total imparcialidad y prontitud en el cumplimiento de los fallos. Adquirió esa fama en 2003, cuando el Pleno de la Corte Suprema la designó como ministra investigadora del caso MOP-Gate, en el que se revelaron pagos de sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y el que terminó con el exjefe de dicha cartera, Carlos Cruz, condenado por fraude al fisco. Pero quienes la conocen aseguran que eso vine de antes: de la redacción del fallo que desaforó a Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos, antes de llegar a la Suprema como ministra.
Como relatora titular del Pleno del máximo tribunal, con 39 años, el entonces presidente de la instancia, Hernán Álvarez, le encomendó redactar la sentencia con que la Corte Suprema desaforó a Pinochet Ugarte para que fuera juzgado por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. En 53 páginas quedaron los argumentos de los supremos, poniendo un sobrio énfasis en que era imposible que Pinochet no supiera de las ejecuciones de la comitiva del general Sergio Arellano Stark en la Caravana de la Muerte, “por la responsabilidad de mando de un superior que no sancionó al responsable”. Hoy, una frase que ha sido recordada por estos días en círculos judiciales, ya que a para ella la institucionalidad debía reaccionar con dureza con Vivanco.
“Si se considera la regla de la verticalidad del mando (…), ante los excesos producidos no hubo ninguna reacción ni sanción a los responsables (…), debe concluirse que la orden de proceder (..) debió haber sido decretada por el propio comandante en jefe de la época”, dice el histórico fallo escrito por Chevesich que abrió una causa penal contra Pinochet en 2000.
En ese sentido, a lo menos un tercio de los magistrados defendía su postura sobre una sanción. “Los jueces tienen que tomar una medida para que Hermosilla y los chats no sigan afectando al Poder Judicial, que está siendo cuestionado como nunca antes desde el regreso de la democracia. Ante el costo de imagen y prestigio no hay espacio para castigos leves. Se va a remover a Vivanco antes de la acusación constitucional, si prospera. No la puede sacar otro poder del Estado”, señala una fuente cercana al caso.
Entre las intervenciones más duras en el Pleno habrían estado las de las ministras Chevesich y Andrea Muñoz, quienes defendieron que “un juez siempre debe ostentar la conducta que se espera para ejercer su cargo”. Asimismo, explican que el castigo debía generar un precedente para otros chats que pudieran surgir con connotaciones similares.
En las últimas semanas había importantes diferencias entre los 21 miembros del máximo tribunal. Entre quienes buscaban mostrar una señal de probidad, consideraban que había que adoptar un castigo severo para el ministro Matus. Entre quienes estaban por esta postura –explican fuentes del Poder Judicial–, se contaban al ministro Sergio Muñoz y sus pares Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y María Soledad Melo.
Una versión indica que, enfrentando a ese sector, una postura más flexible era defendida por Vivanco, y su grupo cercano de magistrados del Pleno, donde uno de esos cercanos solía ser el ministro Leopoldo Llanos, aunque ahora Vivanco estaría totalmente sola y en su noche más oscura.
El debate en torno a una sanción o indulgencia para el ministro Matus se sustentaba en dos elementos. Mientras unos consideran que la conducta de un juez debe ser intachable durante toda su carrera, otros sostienen que la conversación que mantuvo por chat con Hermosilla fue solo sobre gestiones para ser nominado al Poder Judicial; mientras que la situación de Vivanco es radicalmente distinta: sus actos revisten a lo menos el tráfico de influencias, que es delito y que tendrá un impacto negativo en la imagen del Poder Judicial.
En el máximo tribunal del país explican que el mayor estupor por las revelaciones de los nuevos chats entre Vivanco y Hermosilla fue de la ministra Adelita Ravanales, compañera en su época de estudiantes de Derecho, y quien había apoyado a Vivanco y explicitado que las unía un “lazo de amistad” desde hace más de 25 años. Según se le oía decir a Ravanales, con Vivanco mantenían, en teoría, un fuerte lazo desde los años 80, cuando ingresaron a la escuela de derecho de la Universidad Católica, y hasta sus familias se conocen.
De hecho, aludiendo a esta amistad explícita, la ministra Ravanales solicitó inhabilitarse de la Comisión de Ética del Poder Judicial para analizar el caso de Vivanco y los nexos de su esposo con Luis Hermosilla. Por ello, explican conocedores del tema, los cuestionamientos en 2020 de Vivanco a la postulación de Ravanales a la Suprema la golpearon en lo personal. Particularmente la frase “(nuestro Gobierno) envía nombres que son terceros o cuartos de línea”.
