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Créditos: Agencia Uno.
El Gobierno anunció indicaciones para que el Plan Nacional de Búsqueda pueda acceder a información del Informe Valech que hasta hoy permanece secreta. Testimonios bajo secreto por los próximos 30 años, que en el Congreso algunos sectores oficialistas y toda la oposición se oponen a liberar.
“Hace un año, cuando presentamos el Plan Nacional de Búsqueda, lo hicimos convencidos de que la demanda por verdad y justicia nos pertenece a todas y todos los chilenos, pero es un deber del Estado. Por eso, recuperar y reconstruir estas trayectorias de vida, desde su detención hasta el último lugar en que fueron vistos, es tarea del Estado y no solo de las agrupaciones de familiares”. Esas declaraciones le pertenecen el Presidente Gabriel Boric, las dijo el pasado 30 de agosto en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y, con ello, abrió nuevamente el conocimiento sobre el avance de su mandato en materia de DD.HH.
En esa línea, el Primer Mandatario anunció que ingresarían indicaciones para levantar el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes del Informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los Tribunales de Justicia y el Plan Nacional de Búsqueda.
Dicho documento, realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, registró 40.018 víctimas de la dictadura. En esta instancia, surgida en el Chile de Ricardo Lagos (2003), se constatan las memorias que versan sobre las condiciones en que se dio la prisión política, sus métodos, las torturas, las consecuencias que sufrieron las víctimas. Además, se impulsaron actos reparatorios. El objetivo, entonces, de levantar este secreto, explicó el Presidente, “es para reforzar las capacidades del Estado para ser parte de la solución, en conjunto con las víctimas, con los familiares”.
La instancia que creó dicho documento –encabezada por el ya fallecido obispo Sergio Valech– recogió testimonios que hasta hoy no se conocen, pues la normativa que enmarca la actividad de la Comisión Valech (Ley N° 19.992) dice: «El secreto establecido se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior».
Incluso, establece que «la comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal».
Desde que se creó el informe han pasado 21 años y el posible incumplimiento del plazo de liberación del secreto genera polémica, dado que algunos consideran que esta modificación sería romper un compromiso con quienes entregaron su testimonio. Otros, sin embargo, sostienen que en realidad la reserva de la información opera al servicio de los violadores de los derechos humanos y agentes del Estado cómplices de tales actos, por lo que, en aras de proporcionar reparación, se debiese liberar el secreto antes.
El Presidente Boric insistió, en su discurso, en que “tienen que tener en cuenta que esta información hasta ahora ha estado bajo reserva. Incluso para los familiares. Son relatos que forman parte del Chile que fuimos. Y nos enseñan también el Chile que queremos ser”. Además, precisó que las indicaciones que se pretende ingresar también resguardan la voluntad de quienes quieran mantener en reserva el testimonio: “Por cierto, esta apertura y publicación de la carpeta vamos a hacerla respetando la memoria y la dignidad de las víctimas, así como la voluntad de quienes les amaron y les siguen esperando. Quienes así lo decidan, podrán solicitar que esto se mantenga reservado”.
El anuncio generó respuestas tanto del Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana, como de la oposición. Fue en ese contexto en que el Gobierno ingresó las indicaciones, pero no de levantamiento del secreto, sino de acceso al Informe Valech por parte del programa de Derechos Humanos para el Plan Nacional de Búsqueda.
Cabe recordar que la polémica no es nueva. La expresidenta Michelle Bachelet ya había hecho la propuesta hace exactamente siete años, el 11 de septiembre de 2017.
En dicha oportunidad, el informe de ese proyecto que llegó a la Biblioteca del Congreso Nacional fue firmado por Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric que renunció, luego de pagar los costos del caso indultos con la exministra de Justicia Marcela Ríos.
Voces al interior del Congreso ven que la propuesta del Presidente Gabriel Boric tiene pocas posibilidades de flotar. Desde la oposición ya marcaron su negativa el mismo día en que el Mandatario anunció el ingreso de las indicaciones y leyeron este anuncio como una estrategia electoral.
Tras el anuncio, la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, acusó que “una vez más el Presidente Boric usa los derechos humanos como pretexto para vulnerar los mismos”. La parlamentaria explicó su punto, indicando que “el Estado no puede hacer un llamado de buena fe para avanzar en verdad y reconciliación, y luego desconocerlo”, junto con calificar de “más grave” el hecho de que los dichos del Jefe de Estado tengan “un afán netamente político y que en definitiva se utilice algo tan universal e importante, como la protección de los DD.HH., para gestos mal entendidos”.
En esta misma línea estarían los sectores de Demócratas, Amarillos y la Democracia Cristiana. Ya con esos números en cuenta, es difícil que el oficialismo logre avanzar de manera unánime en esta agenda. Sin embargo, en los partidos de Gobierno hay diferentes voces.
El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), explicó a El Mostrador que su negativa estaba por “respetar el sentir inicial de mucha gente que entregó información en relación al informe Valech y que pidió secreto resguardo de los antecedentes que ahí estaban. Creo que ese deseo inicial de muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos, que entregaron su testimonio bajo esa condición, no podemos nosotros hoy día cambiarlo. Yo por lo menos voy a respetar lo que fue la voluntad de quienes testificaron ahí”.
Ahora bien, Aedo agregó que “si hay alguien que quiera levantar el secreto, obviamente que puede hacerlo, pero obligar a esto a través de una ley, no me parece que sea lo apropiado, si la memoria y si los testimonios que ahí están fueron dados bajo la expresa condición de que iban a ser secretos”.
Es hasta ahí su límite, dijo el parlamentario: “No estoy en condiciones de cambiar, por nuestra mera voluntad, la voluntad de quienes en su momento testificaron, entregaron su testimonio para la historia del país, pero lo hicieron bajo reserva y lo hicieron asumiendo que se iba a actuar con responsabilidad en el futuro y no se iba a alzar el secreto que ellos pidieron, para dar su testimonio, que existiese siempre”.
Entre parlamentarios del Socialismo Democrático hay resquemor con esta medida. Sin embargo, personeros de ese mismo sector reconocen que la presión por avanzar en dicha iniciativa es grande, pues es un proyecto importante del Gobierno, puntualizan. Un ejemplo de dicho sector que estaría a favor del levantamiento es el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, quien aseguró que detrás de esta política “hay un bien superior”.
Serían los sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista quienes estarían por impulsar esta política, pero está por verse si La Moneda logrará convencer a los sectores que oponen más resistencia.
La diputada Emilia Schneider (FA), integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, respaldó el “compromiso firme y claro con la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las horribles y sistemáticas violaciones a derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura”.
La parlamentaria valoró los anuncios del Presidente e indicó que “es fundamental fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda, porque si el Estado fue responsable de hacer desaparecer personas y destruyó familias, el Estado es responsable de buscarlas y de entregarles a esas familias verdad y justicia y reparación”.
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