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Declaraciones develaron que detrás de la querella en la cual se menciona a Palma, así como –entre otros– a Mario Desbordes, Jean Pierre Matus, Mario Carroza y María Teresa Letelier, lo que existía era la intención de inhabilitar a esta respecto de la causa donde murió un joven soldado en Putre.
Tres exconscriptos de Putre, del mismo regimiento al que pertenecía el malogrado soldado Franco Vargas, quien murió en medio de una marcha de instrucción el 27 de abril pasado, son las personas que en junio se querellaron en contra del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, después que Ciper diera a conocer un pantallazo del celular de este último, en el cual se exhibía una conversación entre él y Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Aunque eso era conocido, El Mercurio informó el sábado pasado que, en realidad, los querellantes nada saben acerca de las conductas que se le imputan en dicho libelo al fiscal Palma.
Después del reportaje de Ciper sobre Palma y de otro artículo del mismo medio electrónico, que detallaba los chats del exministro de la Corte de Santiago Juan Antonio Poblete con varias personas –entre ellas, la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier–, el abogado Fernando Leal presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual, en el caso de Palma, se le acusa de haber omitido denunciar como cohecho la oferta de un doctorado y el cargo de Fiscal Regional Centro Norte que le efectuó Migueles por medio de un mensaje de WhatsApp, en noviembre de 2022, mientras se desarrollaba el complejo proceso de designación de Fiscal Nacional.
Debido a la publicación periodística, la Fiscalía Nacional inició un sumario administrativo en contra de Palma, que está a cargo del Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y tras la querella se abrió una investigación penal, que quedó a cargo de la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
Sin embargo, cuando los querellantes fueron citados a declarar en el caso que instruye la fiscal Wittwer, los tres exconscriptos de Putre (dos domiciliados en Maipú y uno en Lo Prado) explicaron que nada sabían de la acusación que avalaron con su firma.
Se trata de Ariel Indo Ortega, quien –al igual que los otros dos jóvenes– prestó declaraciones el 27 de agosto pasado, en dependencias de la Fiscalía Nacional, ocasión en la que dijo que su abogado en la causa de Putre es Fernando Leal y que fue este quien le sugirió presentar la querella, con el fin de inhabilitar a la ministra María Teresa Letelier, de la Segunda Sala de la Corte Suprema, dado que allí se decidiría si la causa se quedaba en la justicia civil o militar.
Otro de los querellantes es Jacob Cárdenas Henríquez, quien también dijo que Leal les recomendó interponer la querella para inhabilitar a la ministra Letelier, lo mismo que expresó el tercer querellante, Cristóbal Sanhueza.
El fiscal que tomó las declaraciones, Matías Montero, preguntó a los tres respecto de cuáles serían, a juicio de ellos, las infracciones en que habría incurrido Palma y todos dijeron –textualmente– no saber al respecto, ni conocer tampoco algo sobre la oferta de Migueles.
Al día siguiente de iniciada la causa penal en contra de Palma, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tomó la decisión de quitar a aquel el caso más relevante que tenía asignado, el relativo a la fundación ProCultura, y entregárselo a Patricio Cooper, Fiscal Regional de Coquimbo.
Antes de ser removido del caso, Palma allanó las dependencias de los gobiernos regionales de Valparaíso y Magallanes, además de varios otros, e intentó hacer lo mismo respecto del Gobierno Regional Metropolitano, pero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le negaron las órdenes de entrada, registro e incautación de aparatos electrónicos que solicitó.
Consultado al respecto, el abogado Leal indicó a El Mostrador que los querellantes cuentan con legitimación para ello, asegurando que el artículo 111 del Código Penal, inciso segundo, establece que “cualquier persona que viva y que tenga domicilio en la provincia donde ocurrieron los hechos que se están investigando, siempre que esos hechos se traten, entre otros, de falta a la probidad en que incurran funcionarios públicos, se puede querellar”.
Además, afirmó que “con ocasión de la contienda de competencias que se promovió ante la Corte Suprema, entre la justicia civil y la justicia militar, por el caso Putre, nos vimos enfrentados a que las decisiones de esa Sala las iban a tener que resolver, entre otros, el ministro Jean Pierre Matus y la ministra María Teresa Letelier. Nosotros pedimos la inhabilitación de ambos. En el caso del señor Matus, lo pedimos porque era un hecho público y notorio que él había trabajado para el comandante en Jefe del Ejército”.
Asimismo, dijo a El Mostrador que “justamente por esos días aparecieron publicados por Ciper los chats de la señora María Teresa Letelier, que daban cuenta de conversaciones obtenidas con el exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó y de Santiago, Juan Antonio Poblete, en donde se hacía todo un lobby y un tráfico de influencias para que ella llegara a la Corte Suprema, sabiéndose además que el señor Poblete era una persona que incurrió en ilícitos en donde también están implicados funcionarios del Ejército, y tiene una simpatía y es prácticamente un calcetinero del Ejército. Entonces, a nuestro juicio, la señora María Teresa Letelier no era una persona imparcial para resolver esto y lo que hicimos fue que todos los chats que fueron publicados en esos días en tres publicaciones de Ciper, todos, los introdujimos en esa querella y la presentamos”.
Pese a ello, reconoció que “nosotros nunca tampoco imaginamos que esto iba a tener el efecto que tuvo. Yo nunca imaginé que el Fiscal Nacional iba a abrir una arista especial respecto de lo que ocurrió con el fiscal Palma. Nosotros la querella la interpusimos respecto de quienes resultaran responsables y lógicamente que los muchachos los detalles de esto no los conocen”.
Del mismo modo, comentó respecto de sus clientes que “son chicos que tienen poco más de 18 años y además son muchachos que están todos con estrés postraumático, producto de lo terrible que les tocó vivir, y las decisiones las toma el abogado que contrataron, y yo todas las decisiones que tomo, a su vez, las converso con quienes son sus padres, que también tienen mandato en este caso”.
Ayer, en tanto, La Segunda publicó in extenso el testimonio que, en la misma causa, prestó Gonzalo Migueles, quien aseguró allí que lo que le dijo al fiscal Palma “no es ningún tipo de ofrecimiento, ya que no tengo las posibilidades de hacerlo, solo fue una palabra de apoyo”, agregando que él tampoco sacó el pantallazo que publicó Ciper. “Yo nunca le ofrecí nada a Palma y yo no tengo ni tuve una amistad con Luis Hermosilla, mi relación con él es accesoria, quizás algún chat por coincidir en algún evento, pero no más que eso y desconozco por qué Palma pensaba que yo tenía una relación cercana con Hermosilla, la verdad es que no es así”, aseveró.
Por su parte, Humberto Alarcón Corsi, uno de los abogados defensores de Carlos Palma, dijo que “los hechos, con el solo mérito de la querella, no daban cuenta de ningún delito: ni de soborno ni de omisión de denuncia. En tal contexto, el devenir de la investigación y las diligencias que se han realizado, lo único que han hecho es corroborar esa situación”, agregando que “eso ha quedado acreditado en forma categórica en la investigación”.
Respecto de quienes presentaron la querella, indicó que “tanto los firmantes de ella como el propio patrocinante de la misma no tenían ningún antecedente, más que el solo mérito de la publicación periodística, de algún tipo de conducta que el fiscal Palma hubiera realizado en torno a haber recibido un soborno, ni menos haber omitido una denuncia por algún delito que les constara a ellos, que es lo que exige el tipo penal”, por lo cual manifestó que esperan que pronto se solicite el sobreseimiento definitivo de la investigación.
Del mismo modo, puntualizó que “los abogados que representamos al fiscal Palma estamos analizando presentar una querella criminal en contra de estas personas, que han hecho que el sistema criminal se ponga en movimiento para investigar hechos que claramente son falsos, que no han existido”.
