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Crédito: LVS abogados
Los abogados Eduardo Lagos (PR) y Mario Vargas dieron vuelta un fallo adverso en la Corte Suprema cuando la Tercera Sala fue presidida por Vivanco, la “amiga de Hermosilla”. Ambos juristas son fundadores de LVS Abogados, bufete del que también es socio el exdiputado Gabriel Silber (DC).
Eduardo Lagos y Mario Vargas fueron los abogados litigantes que defendieron los intereses de la firma chileno-bielorrusa a través de un recurso de protección en contra de Codelco, en la Tercera Sala de la Corte Suprema. El objetivo era que el Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) no pagara la suma de US$ 20 millones a la cuprífera estatal en boletas de garantía, por incumplimiento de contrato. Una sentencia que ganaron justo cuando la hoy suspendida jueza Ángela Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala de la Suprema, en ausencia del titular Sergio Muñoz –caso actualmente conocido como “muñeca bielorrusa”–. Hoy, al menos uno de los abogados figura en los chats de Luis Hermosilla.
Según reveló El Mostrador, se trató de un litigio por incumplimiento de contrato que comenzó en la Corte de Apelaciones de Copiapó. El tribunal determinó que CBM debía pagar US$ 20 millones (en boletas de garantía) a Codelco. Sin embargo, la Corte Suprema revirtió esto en Santiago, con el voto en contra de la jueza María Cristina Gajardo, dictaminando que debía ser la estatal la que devolviera los recursos por las boletas de garantía cobradas, más otros US$ 5 millones por gastos varios relacionados con la operación. En total, el juicio duró nueve meses, una bicoca para los tiempos judiciales en tribunales: empezó en junio de 2023 y culminó en marzo de 2024, pero llamó la atención que fuera tramitado de forma exprés por la Tercera Sala del máximo tribunal del país.
Lagos y Vargas son fundadores de LVS Abogados, un bufete del que también es socio el exdiputado Gabriel Silber (DC), pareja de la senadora Loreto Carvajal (PPD). La parlamentaria es miembro de la Comisión de Minería del Senado, corporación que ratifica o no los nombres propuestos por el Presidente de la República para integrar el máximo tribunal. En la trama de la arista “muñeca bielorrusa” una elipsis de personajes se repite, varios ligados a Hermosilla.
El abogado Eduardo Lagos Herrera es un exdiputado del Partido Radical (PR) por la Región de Los Lagos (2002-2006) y exvicepresidente de ese partido. Durante su ejercicio parlamentario fue desaforado dos veces. Primero en 2003, tras una acusación de cohecho en una arista del caso Coimas. Hay que recordar que este caso estuvo en el ojo del huracán, tras vincularse a parlamentarios con la concesión de plantas de revisión técnica en Rancagua. De estas acusaciones, Lagos resultó absuelto. En segundo lugar, por “falsificación ideológica”, luego de presentar una licencia de enseñanza media falsa del Instituto Nacional, sobre la cual los radicales recuerdan que era de su hermano.
Desde ese año hasta el 2012 estudió Derecho en la UNIACC. Hoy, los radicales cuentan que no tiene una vida partidaria activa, aunque en el pasado trabajó en las campañas de los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, estructurando una significativa red de contactos.
Mientras terminaba de titularse, en 2016, Lagos y Vargas crearon, junto a la ingeniera comercial Joanna Fuentes, una empresa de seguridad en Chile y Perú llamada Protección. “Gracias a un equipo de abogados especialistas en materias penales, la firma entrega diez diferentes servicios, que van desde prevención y persecución de robos y hurtos, hasta gestión de inteligencia de información, métodos de selección y mantenimiento de personal y rastreo de flotas, entre otros”, contó Lagos en El Mercurio en ese momento.
En octubre de 2021, el exvicepresidente del PR fue formalizado junto a Manuel Valderrama –hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre– por un remate irregular de la minera Santa Laura, realizado en 2015, cuando Lagos era abogado de la empresa.
Por esa fecha, otro de los abogados de esa minera fue José Luis Pérez Calaf, quien más tarde asumió como Fiscal Regional Occidente. Fue durante su periodo a cargo de dicha Fiscalía cuando se inició la investigación del caso relojes de alta gama, que tiene como principal imputado a Marco Antonio López (Parived). Aquí los nombres se vuelven a repetir, ya que Lagos y Vargas asumieron como abogados defensores de Parived, la expareja de Tonka Tomicic.
El socio de Lagos, el abogado Mario Vargas, reconoció en el medio Interferencia que conocía a Luis Hermosilla desde hace una década y que, desde entonces, se ha comunicado decenas de veces por motivos más bien sociales, conversaciones que estarían contenidas en los chats que mantiene el Ministerio Público. Entre sus conocidos, algunos sostienen que siempre ha sido una suerte de “Hermosilla chico”, aunque orientado a defender imputados de menor estrato social. Es más, en un momento trabajaron conjuntamente algunas causas y cabildeos, una de las cuales fue la defensa del pederasta John O’Reilly.
El 28 de junio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que había presentado el abogado Mario Vargas Cociña en abril. Una petición que buscaba evitar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público accedieran a los mensajes que él ha intercambiado con su colega Luis Hermosilla y que están registrados en el teléfono incautado al penalista, en el contexto de la investigación por delitos de corrupción.
“El acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”, señalaba el escrito.
Entonces, en entrevista con T13Radio, Vargas dijo que se “debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla, porque la Fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada (…). La que se obtuvo del exdirector de la PDI debió declararse ilícita”. El rechazo del recurso de Vargas fue con fallo dividido de la Séptima Sala –integrada por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez Alvear (quien votó en contra) y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida– y ocurrió en medio de la crisis por tráfico de influencias en la Corte Suprema, lo que mantenía al máximo la tensión en el Poder Judicial. Y Vargas no apeló.
En ese contexto, el caso de la trama bielorrusa –conocido como “muñeca bielorrusa”– dio un giro repentino. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer, para dirigir la investigación por diversas irregularidades que se habrían cometido, tanto en la tramitación como en la admisibilidad del recurso de protección presentado por el consorcio CBM ante la Corte Suprema. Esto, cuando la ahora suspendida ministra Ángela Vivanco ocupó momentáneamente la presidencia de la Tercera Sala. Según el Ministerio Público, tales hechos podrían revestir los caracteres de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
Como informó El Mostrador, la firma chileno-bielorrusa fue proveedora de servicios para Codelco, pero les fue mal. Tenían la tarea de remover escombros y realizar construcciones en la División El Salvador, pero no cumplieron con los plazos ni con las obras. La minera estatal señaló que la empresa solo logró construir el 23% de las obras encargadas y había un retraso de al menos seis meses, además de un accidente que le costó la vida a uno de sus trabajadores. Todo esto llevó a Codelco a presentar una querella, cobrar las boletas de garantías y quedarse con sus maquinarias. Y la Corte de Apelaciones de Copiapó le encontró la razón a la cuprífera estatal.
Con ese fallo desfavorable, Lagos y Vargas decidieron presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, el que fue rechazado porque los jueces determinaron que el espacio donde debían dirimirse las situaciones pendientes era el juicio arbitral que, paralelamente, tenía CBM con la cuprífera que preside el influyente socialista Máximo Pacheco.
Es después del desastre en Copiapó que LVS Abogados decidió trasladar la causa a Santiago, para insistir con el recién rechazado recurso de protección, pero esta vez ante la Corte Suprema, que sorpresivamente acogió estudiar el caso en junio de 2023.
Como anteriormente se indicó, Mario Vargas es uno abogados penalistas que muchos consideran cercano a Hermosilla. Aunque otros dicen que es su competencia, pero “en segmentos sociales más populares”. Es abogado de la Universidad Católica de Temuco y máster en Derecho Penal de la Universidad de Chile. Durante siete años (2005-2012) fue director de la Defensoría Penal Pública. Desde entonces ejerce de forma independiente.
De la misma manera que su viejo conocido “Lucho”, Vargas ha estado presente en casos penales muy mediáticos. Por ejemplo, fue defensor del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por dejar ciega, sin olfato ni gusto a la senadora Fabiola Campillai, con una bomba lacrimógena en 2019.
En 2020 asumió la defensa de Hernán “Nano” Calderón, el hijo de Raquel Argandoña, en el juicio por haber apuñalado a su padre. Además, fue abogado del exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), cuando lo acusaron, en 2020, de solicitar coimas para obtener proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Igualmente, defendió al exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel y a otras personas.
Compartió la defensa –con Hermosilla– del sacerdote John O’Reilly, condenado a 4 años de libertad vigilada por abuso sexual en contra de una menor del Colegio Cumbres.
Otro de sus clientes fue el director de telenovelas Herval Abreu, acusado por siete actrices de abuso sexual y de poder, caso del que fue sobreseído. También del exsubsecretario de Aviación de Michelle Bachelet y exembajador en Jordania de Patricio Aylwin, Nelson Hadad, quien fue sobreseído de todos los cargos que le imputó el Ministerio Público por presunta infracción a la Ley Electoral y por una causa vinculada con máquinas tragamonedas, donde también estuvo investigado Pablo Zalaquett.
En la lista de clientes figuran igualmente el exsuperintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, en el caso SQM; la arquitecta Cynthia Ross, en el caso Caval; y los generales (r) de Carabineros Julio Pineda Peña y Jorge Serrano Espinoza, imputados por la Operación Huracán.
En 2022 asumió la defensa del entonces alcalde de San Ramón, el socialista Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra en prisión preventiva y es indagado por los delitos de enriquecimiento ilícito por más de $263 millones, cohecho por $17 millones y lavado de activos, entre 2013 y 2017.
Igualmente, Vargas representa a Best Quality, querellantes contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Y defiende al juez titular del Segundo Tribunal y Aduanero (TTA) de Santiago, Óscar Meriño, que está siendo investigado por cohecho. También fue defensor del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, actualmente detenido en Perú.
El abogado DC Gabriel Silber Romo, diputado entre 2006 y 2022, y exvicepresidente de la Cámara, integró las comisiones permanentes de Control del Sistema de Inteligencia del Estado y Minería y Energía. En la actualidad tiene una vida activa litigando casos, según explican en círculos de la DC.
Desde el 1 de febrero de 2023, Vargas y Lagos se asociaron con el exdiputado, formando Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada. En la oficina de El Golf también se ha visto frecuentemente al exdiputado DC, expresidente de la Cámara y devenido lobbista, Aldo Cornejo González.
En septiembre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Silber fue acusado de evadir un punto de control carretero junto con la hoy senadora Loreto Carvajal (PPD). A ambos se les inició un sumario sanitario por infracción a las medidas de confinamiento y restricción de movilidad impuestas.
Junto a ellos y por separado, Mario Vargas, en representación del estudio, aparece en distintas reuniones con autoridades en gestiones de lobby: Evelyn Matthei; integrantes del Consejo de Defensa del Estado; Gendarmería de Chile; Servicio de Impuestos Internos; Conadi; el subsecretario de Fuerzas Armadas; Conaf, y varias municipalidades figuran en la lista de personas e instituciones visitadas.
Según Ciper, Vargas también ha “heredado” causas que estuvieron en manos del actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, el otro magistrado que reconoció haberse comunicado con Hermosilla mientras se postulaba a la Corte Suprema.
