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Foto: AgenciaUNO
Mal inicio de semana para la suspendida jueza. Tras el doble portazo de Contraloría y Fiscalía, el máximo tribunal amplió el proceso en su contra por irregularidades en la tramitación de siete causas vinculadas a los casos Hermosilla y “muñeca bielorrusa”. Defensa tiene plazo hasta el 4 de octubre.
Las esquirlas tras el estallido de la arista judicial del Caso Hermosilla siguen incrustadas en la Corte Suprema, mientras la investigación de la fiscalía avanza, sin darle respiro a la ministra del máximo tribunal que protagoniza la crisis: la suspendida —y en calidad de imputada— jueza Ángela Vivanco.
Pidiendo “la ayuda de Dios” en este arduo momento, Vivanco también se encuentra al borde de una acusación constitucional a raíz del caso “muñeca bielorrusa” y sus chats con el encarcelado abogado Luis Hermosilla, a quien Rodrigo Topelberg —en prisión por la arista Factop— llamó “Satanás”.
Ángela Vivanco se ha defendido, asegurando que el cuaderno de remoción abierto en la Corte Suprema y la suspensión de sus actividades académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica se hicieron “sobre la base de filtraciones”.
Además, buscando controlar los daños, la investigada jueza pidió que la Contraloría General de la República declare ilegal el proceso iniciado en su contra. Su defensa, en tanto, advirtió que si la Fiscalía entregaba los chats con Hermosilla al máximo tribunal, estaría “infringiendo el ordenamiento jurídico”. En ambos frentes recibió un portazo y, ahora, la Corte Suprema endureció el tono al ampliar el proceso de remoción por “irregularidades en la tramitación de siete causas”. Inicialmente, eran seis.
Las causas en cuestión corresponden a: “251.511-2023, 76.398-2020, 99.086-2022, 105.065-2023, 242.258-2023, 6.632-2024, 17.536-2019 y 33.342-2019”. Consulta el buscador jurisprudencial de la Corte Suprema.
La ministra Gloria Ana Chevesich fue la encargada de informar que al mencionado cuaderno de remoción se agrega un informe remitido por la Comisión de Ética de la Suprema y minutas que dan cuenta de testimonios de cinco relatores de la Corte. Además, agregando cinco días de corrido, se extendió de 20 a 25 días el plazo para que la defensa de Vivanco responda. Por ende, el plazo vence el 4 de octubre.
En ese sentido, la magistrada confirmó que la defensa recibirá una copia de dicho informe y de las minutas, junto con información remitida por el fiscal nacional en sobre cerrado. Esto último se refiere a las transcripciones de las conversaciones por WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla que la Corte Suprema recibió hoy de parte de la fiscalía, a pesar de que los abogados de la magistrada alertaron que la entrega de estos documentos al máximo tribunal sería ilegal.
Hoy, la Contraloría rechazó la solicitud presentada por la defensa de Vivanco y decidió no pronunciarse sobre el proceso de remoción. Según consignó La Tercera, el argumento de la contralora subrogante, Dorothy Pérez, se basó en “la reiterada jurisprudencia administrativa” y en los artículos 80 y 82 de la Constitución Política de la República, “que otorga a la Corte Suprema de Justicia la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales del país”.
Por otro lado, esta misma jornada, el fiscal nacional Ángel Valencia hizo entrega de los chats requeridos por la Corte Suprema. La documentación presentada incluye detalles sobre una reunión en el domicilio de Vivanco y conversaciones realizadas a través de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
“Se remiten los antecedentes solicitados, que dicen relación con los capítulos del cuaderno de remoción incoado por el máximo tribunal del país, en cuanto ellos son requeridos para el proceso disciplinario iniciado en contra de la ministra de la Excma. Corte Suprema doña Ángela Vivanco Martínez”, señala la respuesta formal del Ministerio Público al Poder Judicial.
La defensa de Vivanco había solicitado un escrito en el cual solicitaba -entre otras cosas- que se suspenda la tramitación del cuaderno de remoción iniciado el lunes pasado. Uno de sus abogados, Cristóbal Osorio Vargas, argumenta que lo que correspondería -según su criterio- es el inicio de un procedimiento disciplinario, sosteniendo que el proceso de expulsión se inició en función de “una publicación de un medio de comunicación y (de) un expediente no remitido a esta parte de la comisión de ética de la Excma. Corte Suprema”. La petición fue declarada “no a lugar” por el Pleno.
Las conversaciones entre la suspendida Vivanco y el encarcelado Hermosilla datan de marzo de 2018, cuando la jueza habría contactado por primera vez al abogado para obtener un puesto en el máximo tribunal judicial en reemplazo de Patricio Valdés. Luego de obtener el puesto, se registraron una serie de favores y gestiones hechas realizados por ambas partes.
Eso sí, Vivanco sabía hace meses que el escenario estaba complicado. El chat de su pareja Gonzalo Migueles, dado a conocer en junio pasado, enrareció inmediatamente su relación con la mayoría de los ministros de la Suprema. La reacción inmediata de la ministra fue adoptar una actitud confrontacional que luego hizo pública, demandando por la prensa “conocer por qué hechos se realiza la indagatoria en su contra”.
Por otro lado, el newsletter +Política de El Mostrador reveló que Vivanco, cuando ocupó provisoriamente la presidencia de dicha sala del máximo tribunal, acogió el recurso de protección del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Corte Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. O sea que la instancia resolvió una causa que no estaba en tabla.
En la indagatoria a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer se determinará si existieron eventuales delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
La cuprífera estatal confirmó que entregará más antecedentes sobre el caso y, desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, no descartan que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sume a la causa penal contra Vivanco. La causa, según dijo la portavoz de La Moneda, la ministra Camila Vallejo, “abre una línea de preocupación en relación a Codelco, que ha estado tomando acciones que valoramos”.
Cabe mencionar que, en paralelo, mientras se discute una reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial, por sus chats con Hermosilla, cobra fuerza en el Congreso la idea de acusar constitucionalmente tanto a Vivanco como al también ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Desde Chile Vamos también se ha dirigido la atención hacia el juez Sergio Muñoz, acusado de filtrar información “sensible y detallada” a su hija sobre el futuro de proyectos inmobiliarios donde tendría suscritas promesas de compraventa por dos departamentos. El oficialismo dice que buscan “empatar la cancha”.
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