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Fotos: AgenciaUNO
La Corte Suprema amplió el cuaderno de remoción de la suspendida jueza, agregando un séptimo cargo por irregularidades en la tramitación de ocho causas judiciales, incluidos los casos Cascadas y Kodama. La ampliación obedece a los testimonios de cuatro relatores de la Tercera Sala.
Sumando un séptimo cargo, como ya se ha informado, la Corte Suprema decidió ampliar el cuaderno de remoción de la suspendida ministra Ángela Vivanco. La nueva acusación está relacionada con irregularidades en la tramitación de ocho causas judiciales, varios de los cuales, como se relata más adelante, implican millonarios montos.
El 9 de septiembre, junto con la apertura del proceso para removerla, el máximo tribunal suspendió de sus funciones a la jueza Vivanco, quien se encuentra en calidad de imputada por una serie de mensajes de WhatsApp entre ella y el encarcelado abogado Luis Hermosilla, y por la “trama bielorrusa”, donde la fiscal Carmen Gloria Wittwer determinará si existieron delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
La decisión de ampliar el cuaderno de remoción de Vivanco se tomó tras conocer el testimonio de cuatro relatores de la Corte Suprema, quienes aportaron información sobre el desempeño de la otrora influyente jueza de la Tercera Sala.
Hasta el momento, los detalles específicos sobre las irregularidades cometidas por Vivanco en cada uno de los casos no han sido divulgados. Sin embargo, se sabe que entre los fallos en los que estuvo involucrada la ministra se encuentran disputas contractuales, acciones de protección de datos y sanciones por manipulación del mercado financiero, casos que incluyen personajes y asuntos de alta relevancia.
En el caso de Julio Ponce Lerou, el abogado Pedro Anguita, a nombre del primero, interpuso un recurso de Casación en el Fondo, buscando que se anulara la sentencia de segunda instancia del caso Cascadas.
Cabe recordar que en 2014 la antigua Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión del Mercado Financiero, CMF) le cursó a Ponce Lerou una multa por 1.7 millones de UF. En el juicio de primera instancia, ese monto fue rebajado a 75 mil UF, lo que fue confirmado en 2019 por la Corte de Apelaciones.
Pero el caso fue revisado –vía Casación en el Fondo- por la Tercera Sala de la Corte Suprema, de la que forma parte la ministra Vivanco. El exfiscal Carlos Gajardo expresó en su cuenta de X, a este respecto, que en esta causa “se confirmó la rebaja de la multa a Ponce Lerou (3-2 con voto a favor de Vivanco y en contra de Muñoz y Pierry)”, en referencia a los ministro Sergio Muñoz y Pedro Pierry. María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Diego Munita votaron en el mismo sentido que Vivanco.
También en el marco del Caso Cascadas, Alberto Le Blanc Matthaei fue multado por la antigua Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy CMF, por manipular el mercado de acciones mediante transacciones que inflaron artificialmente el precio de las acciones vendidas por el imputado.
La SVS acusó en 2014 que sociedades controladas por Le Blanc -Inversiones Transcorp e Inversiones La Palma-, fueron funcionales al “esquema” que ideó Julio Ponce Lerou con las sociedades cascadas.
La Tercera Sala de la Corte Suprema, el 2 de octubre de 2020, con los votos a favor de María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, así como del abogado integrante Diego Munita, confirmó el fallo y ratificó la multa rebajada a 75 mil UF. En contra votaron el ministro Sergio Muñoz y el abogado integrante Pedro Pierry.
Este caso se inició luego de una resolución del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que no acogió las observaciones formuladas por Francisco de la Vega, frente a una resolución que autorizaba el funcionamiento de la planta de levadura Collico en el río Calle-Calle, en Valdivia.
Ante ello, recurrió de reclamación ante el Tercer Juzgado Ambiental. Este tribunal rechazó dicho recurso y ante ello la defensa de de la Vega recurrió a la Corte Suprema, la que –en definitiva- rechazó la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, con los votos a favor de Angela Vivanco, Jean Pierre Matus y los abogados integrantes Pedro Aguila y Leonor Etcheberry. En contra votó solamente el ministro subrogante Mario Gómez.
Esta causa se inició con un recurso interpuesto por el abogado Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, quien recurrió de protección contra el fallo de un juez arbitral, que ordenó un embargo de bienes por sobre dos mil millones de pesos en contra de la empresa Global Beauty SpA, que representaba Cisternas. Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó la acción constitucional.
Una vez en la Corte Suprema, tras la vista de la causa, la Tercera Sala del máximo Tribunal ordenó acoger el recurso de protección, con los votos a favor de la ministra Vivanco, los ministros subrogantes María Catepillán y Hernán Crisosto, y los abogados integrantes Diego Munita y María Benavides.
En 2018, la empresa Kodama recurrió de casación ante la Corte Suprema, debido a una serie de problemas que se generaron en la construcción del corredor de transporte público Pedro Aguirre Cerda-Alameda-Pajaritos. Según la compañía, incurrió en una serie de gastos extras en las obras, cuya infraestructura debió terminarse en 336 días, pero que se extendieron finalmente en 1.235 días, lo que provocó la extensión del contrato 889 días más allá de lo pactado.
Ante ello, la empresa pidió 19 mil millones de pesos de indemnización al Fisco de Chile, ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago. Este condenó al fisco a pagar 16 mil millones de pesos, pero en la Corte de Apelaciones dicho monto se redujo a mil 130 millones.
Sin embargo, ese fallo fue anulado por la Corte Suprema, lo que permitió al juzgado civil dictar el “cúmplase” por 16 mil millones de pesos, en un fallo en que el único voto disidente del Máximo Tribunal fue de Sergio Muñoz. A favor de la demandante votaron Angela Vivanco, Mario Carroza y los abogados integrantes Diego Munita y María Cristina Gajardo.
En 2021 el fisco pagó los 16 mil millones, pero solo calculó intereses por 15 millones de pesos, lo que llevó a Kodama a objetar la liquidación. Hubo una segunda liquidación, por 17 mil millones, que también fue objetada, pero esta vez el Sexto Juzgado Civil se negó a nuevos ajustes. Ante ello, Kodama apeló, pero el tribunal de alzada mantuvo la decisión de primera instancia.
Debido a lo anterior, Kodama recurrió de queja ante la Suprema en contra de los dos ministros de la Corte de Santiago que rechazaron las nuevas pretensiones de Kodama (Maritza Villadangos y Paola Díaz) y contra el abogado integrante que los apoyó (Jorge Gómez). La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó al tribunal de primera instancia efectuar una nueva liquidación.
A favor de este fallo estuvieron Angela Vivanco y Diego Simpértigue, la ministra subrogante Eliana Quezada y la abogada integrante María Benavides. Solo votó en contra el abogado integrante José Miguel Valdivia.
Según el acta del pleno del 9 de septiembre, se acordó:
