Leonarda Villalobos reconoce en una de sus declaraciones que mintió, a modo de “bluff”, reenviando mensajes redactados por ella misma. Dos informes reservados detallan paso a paso las artimañas de la abogada, quien habría utilizado a uno de sus hijos y al testaferro de una de sus empresas.
La extracción y análisis de información contenida en el celular de Leonarda Villalobos, solicitado por la Fiscalía Local de Las Condes, generó dos importantes informes que dan cuenta de una serie de artimañas que la abogada realizó, buscando engañar a sus clientes con información proporcionada por contactos falsos.
Las diligencias fueron llevadas a cabo por el Departamento Antidrogas OS-7 de Carabineros, que a través del sistema UFED –un programa forense de extracción de datos para teléfonos inteligentes– realizó una exhaustiva revisión de los chats de Villalobos, quien se encuentra en la actualidad presa en la cárcel de San Miguel.
Los oficios reservados Nº 217 y Nº 218 –documentos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador– muestran una serie de conversaciones de Leonarda Villalobos con supuestos funcionarios de organismos fiscalizadores, pero que en realidad era personas que resultaron ser cercanas a la abogada y que actuaban como “palos blancos”.
En la revisión de una de las carpetas digitales extraída del celular de Leonarda Villalobos, se encontró la captura de pantalla de un supuesto diálogo con “María Carolina Vial”, quien le alertaba sobre una solicitud de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), respecto de empresas que estaban siendo investigadas por delitos asociados a créditos con antecedentes falsos, transacciones donde aparecía vinculada la propia abogada.
Al revisar los antecedentes de la persona en cuestión, se constató que su nombre coincidía con una gerenta de Scotiabank y que el mensaje supuestamente recibido por Villalobos habría sido reenviado como “pantallazo” a Darío Cuadra Junes, abogado de Factop y uno de los representantes legales de varias empresas de los hermanos Sauer, entre ellas, Guayasamín, Das Limitada y Comercial Textil Ziko.
Sin embargo, en la búsqueda de contactos del celular de Villalobos no se detectó el número telefónico de María Carolina Vial, es decir, no “mantenía interacciones vía mensajería de WhatsApp con un contacto registrado con ese nombre”, a diferencia del receptor del pantallazo, Darío Cuadra, que sí figuraba en su listado de teléfonos registrados.
Atendiendo a la misma dinámica, la diligencia realizada por los investigadores reveló que el mismo mensaje, supuestamente enviado por María Carolina Vial, había sido en realidad mandado al teléfono de Villalobos el 10 de julio de 2020, a las 16:43 de la tarde, por un contacto que fue detectado por la aplicación “Truecaller” como Alessandro Bratti Villalobos, uno de los hijos de la abogada.
“Necesito ayuda con el siguiente rut… dicen que tiene un giro pendiente desde 2014”, escribió Leonarda Villalobos a su contacto denominado “Renato Robles TGR”, quien al enviar una imagen de vuelta deja al descubierto su número de RUT y correo electrónico.
Los investigadores detectaron, a través de la red LinkedIn, que el sujeto era un funcionario de la Tesorería General de la República y que, según datos del Registro Civil, se trataba de un hombre casado, de 64 años, que no registraba antecedentes penales, aunque ahora, como es público, está formalizado por los sobornos que recibió de parte de Villalobos.
En otra oportunidad Leonarda Villalobos le consulta: “Renatito urgente dime que es esto? Y a quién más notificaron plis (sic)”, adjuntándole un documento en formato PDF. El funcionario de la Tesorería le respondió que se trataba de “una resolución para embargar facturación de Factop”.
Robles explicó a la abogada que los recaudadores de la Tesorería estaban contactando a la totalidad de la “cartera morosa”, con la finalidad de que esta se acercara a realizar los pagos. Ante ello, Villalobos le respondió con una instrucción precisa: “Ah ok pero fondéala”. En otra ocasión, solicitó al mismo funcionario que dejara fuera de la fiscalización a algunos clientes.
Según antecedentes de la investigación, Renato Robles recibió alrededor de 1,5 millones de pesos, entre marzo de 2019 y febrero de 2023, provenientes de una de las cuentas corrientes de Villalobos, situación que lo tiene hoy con una medida cautelar de arresto domiciliario total.
En el celular de Leonarda, sin embargo, aparecía otro número que en apariencia correspondería al mismo funcionario, registrado como “Renato Rob Tgr” en su lista de contactos, quien habría escrito a la abogada en otra oportunidad, pero con un tono bastante más taxativo: “Leo, ya no me transfieras lo comprometido (3.0), pero NUNCA me pidas nada. Yo no te haré ningún trabajo más, pero también preocúpate que paguen en la fecha porque me encargaré de revisar mensualmente este pago para ejecutarlo en breve, saludos”, comentó.
Al igual que en otras diligencias, los investigadores contrastaron el contacto registrado con el listado de nombres asociados al teléfono, comprobando que el número en cuestión estaba asociado a Pablo Rocha, psicólogo que actuó como testaferro tras asumir como representante legal de la empresa Commercia, propiedad del esposo de Leonarda Villalobos, Luis Angulo.
Dentro de las interacciones de WhatsApp en las cuales Rocha se hacía pasar por Renato Robles, está el comprobante de un depósito donde aparecen los datos del psicólogo, que permitieron al OS-7 identificar la compañía de soporte telefónico y el dueño del número del cual se estaban registrando las conversaciones.
Los chats continúan. “Leo, nuevamente debo mendigarte el pago de la obligación pendiente de Syner? Dime si lo harás hoy o no”, insiste Robles (Rocha). Luego de adjuntar una boleta de depósito, Leonarda responde: “Ya viejito mañoso, pide que manden el oficio a Enel”.
La empresa Syner es propiedad del empresario Munir Hazbún y se adjudicó una licitación de Enel, tal como consignó Ciper, tras la intervención del abogado Luis Hermosilla, amigo y socio de Andrés Chadwick, que a su vez es hermano del que era entonces presidente de la compañía, Herman Chadwick, quien indicó a El Mostrador que él nada tuvo que ver con dicho negocio y que no conoce a Hazbún.
La maniobra de Villalobos buscaba, al parecer, apurar el pago de Munir Hazbún para cancelar el dinero al verdadero Renato Robles, quien habría recibido la coima a partir de la gestión realizada por el “otro” Renato, o sea, Pablo Rocha, la persona que realmente mandó el mensaje a Villalobos ese mismo día.
Respecto de este tipo de maniobras, la misma María Leonarda Villalobos reconoce en su última declaración que “en algún momento reenvié unos mensajes que yo escribí a mi hijo Alessandro, a quien le pedí a su vez que me los reenviara como una supuesta conversación con Gaspar (José Antonio Gaspar, jefe jurídico de la CMF), indicándome cómo había que proceder”.
Esos mensajes, añade la abogada, se los reenvió luego a Rodrigo Topelberg, a su esposa Yael Speisky y a Luis Hermosilla, comentándoles que se los había enviado José Antonio Gaspar. Hermosilla “se extrañó, pero creyó”, aseguró la abogada, y a la esposa de Topelberg le dijo que se reuniría con gente de la CMF. “Se lo dije de bluff para ver cómo ella actuaba”, declaró.