PAÍS
Parte de lo incautado en uno de los casinos (PDI)
Un total de 1.800 máquinas tragamonedas decomisadas en distintas ciudades del país y la incautación de al menos 500 millones de pesos en efectivo fue el resultado de una investigación que se inició en Concepción.
Ganancias diarias por montos que bordeaban los 20 millones de pesos en algunos locales, lavado de activos y la presencia de un brasileño que proveía de máquinas tragamonedas en prácticamente todo el país, son algunas de las revelaciones que salieron a flote luego de un masivo operativo efectuado la semana pasada en contra de casinos ilegales instalados en distintas ciudades del país, cuyo epicentro estuvo en Concepción, donde la PDI desplegó centenares de efectivos que incluso cortaron el tránsito en algunas de las principales calles del centro.
En total, considerando los allanamientos efectuados desde las regiones Metropolitana hasta la de Aysén, fueron incautadas mil 800 máquinas tragamonedas, se decomisaron más de 500 millones de pesos en efectivo y se detuvo 19 personas, seis de las cuales quedaron en prisión preventiva.
Tres de ellas están sindicadas por la Fiscalía de Alta Complejidad de Biobío como las cabezas de tres clanes implicados en los hechos, todos ellos cohesionados por un líder en común: Marlo Alarcón Opazo, un hombre de un perfil muy bajo, domiciliado en Concepción, y que en poco más de 10 años levantó un pequeño imperio de juegos de azar que generó tantas ganancias, que comenzó a generar otras sociedades (al menos 12) que dieron lugar a otros negocios.
Uno de ellos apareció hace tres años –en plena pandemia– en calle Barros Arana, la principal arteria comercial de Concepción. Se trataba de un enorme centro de estética, de tres pisos, de aspecto muy elegante y provisto no solo de la más moderna tecnología, sino también de los más finos cosméticos.
Sin embargo, como muchos sospecharon desde el principio, ese centro no era más que un local destinado a lavar dinero, en este caso, el obtenido en forma ilegal, gracias a los casinos clandestinos que plagaban el centro de la ciudad, uno de los cuales se conectaba internamente con el megasalón de belleza.
Asimismo, Alarcón fue acusado de montar un jardín infantil cuyo objetivo era exactamente el mismo.
Como indicó la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, “efectivamente son tres organizaciones criminales que están vinculadas”, por relaciones familiares y de amistad y, aunque aún no se entregan las cifras involucradas, la persecutora explicó que “es dinero que muchos de nosotros no vamos a ver en todo el desarrollo de nuestras vidas”.
Sin embargo, cada dos o tres días era frecuente que las sociedades implicadas realizaran depósitos bancarios por montos de entre 20 y 40 millones, en efectivo.
Una evidencia de lo anterior consta en una querella (que se encuentra en tramitación) que el Banco Santander presentó en 2022 en contra de Alarcón, la que se inició después que este depositara 20 millones en efectivo en una sucursal de dicha entidad. Se trataba de 15 millones en billetes de 20 mil, 2 millones en billetes de dos mil y 3 millones en billetes de mil pesos, los que ingresó a la cuenta de Entretenimientos Top Five Ltda., que hasta ese momento tenía un saldo de 50 millones de pesos.
Por un error del banco, quedó constancia de un depósito de 20 mil millones de pesos y, según el libelo, entre el momento en que se constató la equivocación y se reversó la operación, Alarcón efectuó una primera transferencia desde esa cuenta a otra, por un valor de mil millones de pesos, y luego una segunda por 900 millones.
A diferencia de ello, explicó la fiscal del caso, Pamela Lillo, en una entrevista con radio Futuro, en las demás sociedades que poseía Alarcón, que no eran del giro de juegos, todas ellas registraban pérdidas en sus declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ante ello, Alarcón y los demás líderes fueron formalizados por asociación ilícita, el delito de casinos ilegales, lavado de activos e infracciones tributarias de comercio clandestino y comercio ilegal.
Al respecto, Cartagena indicó que “esta no es la única organización criminal que hoy en Chile está funcionando de esta manera. Esto es importante decirlo. Este es un trabajo que hay que hacer y que recién empieza”.
La investigación se inició a partir de una serie de querellas interpuestas en 2022 por la Municipalidad de Concepción, luego de que el año anterior esta clausurara varios casinos clandestinos –la mayoría de los cuales solo cuentan con patentes de locales de pool– y los dueños de estos rompieran los sellos y reiniciaran las actividades.
A raíz de todo ello, Alarcón, así como representantes de otros casinos, interpusieron a su vez una querella en contra del alcalde de Concepción (Álvaro Ortiz, DC) y varios directivos municipales, acusándolos de abuso de funcionario público contra particular.
Asimismo, se querellaron por prevaricación en contra de los titulares de los tres Juzgados de Policía Local de la comuna. En la primera acción, argumentaban que el alcalde y varios de sus directivos “prohíben un trabajo o industria que no se opone a la ley, a las buenas costumbres, seguridad y salubridad públicas”, argumentando –sobre la base de un peritaje realizado por una universidad peruana– que las máquinas que poseen “son de habilidad y destreza, donde se generan sus resultados en forma pseudoaleatoria y que, en consecuencia, obedecen a juegos electrónicos legítimos”, argumentos que no convencieron al Ministerio Público, que decidió no perseverar en ambas querellas.
Respecto del operativo, la prefecta inspectora Claudia Chamorra, jefa de la PDI en el Biobío, detalló que este implicó más de 750 detectives en siete regiones, que actuaron en Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Laja, Coronel, Los Ángeles, Angol, Traiguén y Coyhaique.
Asimismo, indicó que “no solamente son casinos ilegales, sino que además hay un rubro económico que se está gestando y que pertenece principalmente a la configuración del lavado de activos, donde a través del recurso ilícito obtenido por los casinos clandestinos, se generan nuevos cursos de acción y actividades económicas de aparente rubro comercial regulado”.
Asimismo, explicó que se contó con el apoyo de peritos de las secciones de infoingeniería, sonido y contabilidad forense del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), así como de oficiales de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, que actuaron en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos.
Por parte del Ministerio Público, en tanto, la Fiscalía de Alta Complejidad fue apoyada por abogados de la Unidad de Delitos Económicos y lavado de activos de la Fiscalía Nacional.
