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La idea es mostrar transversalidad en la acción coercitiva sobre la balanza de la Justicia, que dicen perdió su aspecto equilibrado. En el Congreso el destino de Vivanco parece sellado, pero se abre un debate por la posibilidad de que se bajen las acusaciones contra Muñoz y Matus si renuncian antes.
En medio del estupor del caso Hermosilla, en la antesala del 18 de septiembre, en sucesivas reuniones en el Congreso entre Chile Vamos, la DC y el PS se barajaron hasta cinco acusaciones constitucionales, contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz, Mario Carroza y María Teresa Letelier. Sin embargo, tras la primera cueca, en las conversaciones del oficialismo y la oposición se llegó a “un entendimiento que los hizo incluir solo a los tres primeros”.
Una interpretación distinta, hasta ahora, aunque poco generalizada es que sobre la mesa de conversaciones estuvo presente la sensibilidad política de Matus y de Muñoz. Sin embargo, si bien el segundo es considerado de centroizquierda, en la DC, PPD y RN afirman que Matus también es cercano al Partido Socialista. Y en el PS no lo reconocen “como propio”, ya que “hace años se pasó a la derecha”.
“Yo espero que en este minuto nadie esté haciendo un cálculo político, esto es el ‘desde’ para todos. Porque, si no, significa que no estamos dispuestos a ser parte de la solución de un problema multisistémico que tenemos. O sea, yo no no voy a preguntar si uno es de un lado del sistema o si va a quedar más desbalanceado tal o cuál. Acá tenemos que buscar que esto no se vuelva a repetir, porque quizás existen muchos fallos que han sido tremendamente injustos proviniendo en cuna de la Justicia”, sentencia la jefa de bancada de RN Ximena Ossandón.
En Valparaíso relatan que, como pocas veces en el Legislativo, la coordinación era tal que hubo diputados de derecha e izquierda que se ofrecieron a firmar las tres presentaciones. La idea era mostrar transversalidad en la acción coercitiva sobre la balanza de la justicia, ya que para los congresistas su brazo yacía inclinado al usar su espada.
Los firmantes de las presentaciones explican que destituir a jueces no es exprés. El proceso se inicia con la declaración de admisibilidad en la Cámara, sigue la notificación, creación de comisión ad hoc, descargos y votación. De ser aprobada, pasa al Senado, que actúa como jurado sobre el fondo.
“Si es algo rápido, no son menos de tres semanas. El clima indica que hay espacio para bajar la acusación si hay una renuncia de Matus o Muñoz. Pero también hay cierto consenso en que, aunque renunciara Vivanco, en la Cámara al menos se sigue con el proceso”, asegura un legislador de RN cercano a las negociaciones.
El procedimiento parte con el ingreso de presentaciones el próximo lunes 23. Ese día la bancada del PS presentará el libelo contra la suspendida jueza de la Corte Suprema, el que ya está siendo redactado por un equipo de abogados constitucionalistas que dirige el socialista Enrique Aldunate.
Paralelamente, las bancadas de Chile Vamos también redactan su propio libelo contra Vivanco, quien fue candidata a diputada por RN por la comuna de El Bosque y expresidenta de la Unión de Centro Centro en los 90. Sin embargo, en RN reconocen que, de haber puntos coincidentes en el dossier, podrían sumarse al texto oficialista o acordar una fusión de ambos.
Paralelamente en la DC otro equipo de juristas redactó la moción contra el ministro Jean Pierre Matus. Es un escrito que sería presentado con posterioridad al de Vivanco. Y otro equipo de Chile Vamos afina el tercer texto, contra Sergio Muñoz.
Al cierre de esta edición parece haber quedado en stand by la propuesta de la diputada Camila Flores, de realizar una acusación constitucional contra el ministro Mario Carroza.
Se trata de una de las figuras emblemáticas de la Corte Suprema por casos de derechos humanos. Entre ellos, figura Caravana de la Muerte, donde procesó a Juan Emilio Cheyre; el caso Quemados y las muertes de Neruda y Frei Montalva; también, el asesinato de Jaime Guzmán, donde logró la extradición de Mauricio Hernández. Además, bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, cultivó “muy buenas relaciones de trabajo” con las autoridades de la Subsecretaría del Interior, muchos de RN, principalmente en materias de seguridad y otras.
Según Ciper, a Carroza se le cuestiona por explorar la posibilidad de que el juez de Copiapó, Juan Poblete, formalizado por autorización de escuchas ilegales del DINE sobre un periodista, apoyara la nominación de un abogado conocido de un tercer juez, Antonio Ulloa, el cual no podía estar en la votación.
“He leído mucho que está Carroza arriba, pero la verdad es que no he visto que esté. No hay ánimo ni del presidente de partido, ni de la bancada, y se está hablando de cuatro acusaciones, sin Carroza. Dos que se iban a presentar contra Vivanco, una contra Muñoz y una a que vamos a adherir, que es la de la DC sobre Matus”, señala otro de los diputados de Renovación Nacional.
“No veo clara alguna lógica del empate, para ser franco todas tienen fundamento jurídico. Porque la situación de estos tres ministros, al menos, se ha complejizado. No solo en la opinión pública, a partir de las encuestas, sino que también se ha complejizado por lo que está pasando con la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Se instala en la opinión pública que hay ministros que mienten, o que entregan información privilegiada a otra persona, familiar o no. Entonces, no es aceptable que se configure abandono de deberes en el que sea. Cómo se le explica a la opinión pública que es lícito que un ministro, que tiene acceso privilegiado a las causas y lo use, no sea sometido a esta herramienta”, reflexiona el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).
