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Foto: AgenciaUNO
El abogado de Carlos Palma, en una solicitud de sobreseimiento de las causas de cohecho y omisión de denuncia, desmintió que el celular de Palma fuera “reseteado”, como se dijo públicamente. Informe periciales dan cuenta que el mobile que se atribuyó al fiscal era en realidad de Gonzalo Migueles.
El abogado Humberto Alarcón solicitó a la Fiscalía Regional de Los Lagos el cierre definitivo de la investigación contra su cliente, el fiscal Carlos Palma, acusado de cohecho y omisión de denuncia. Según Alarcón, la información divulgada públicamente sobre el “reseteo” del teléfono de Carlos Palma es falsa.
Hace dos semanas, medios de comunicación informaron que el celular del persecutor regional de Aysén había sido “reseteado” antes de ser entregado a Carabineros a fines de julio, en el marco de la investigación sobre el ofrecimiento hecho por Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida jueza Ángela Vivanco, durante el último proceso de elección de fiscal nacional.
El informe de extracción 117-2024 de la Fiscalía Metropolitana Oriente señala que el teléfono reseteado correspondía a un iPhone, mientras que el móvil de la marca Xiaomi contenía toda su información.
Se informó públicamente que el iPhone 15 Pro Max pertenecía a Palma y el Xiaomi a Migueles, pero documentos oficiales de la Fiscalía indican que la propiedad de los dispositivos era distinta: el Xiaomi era el teléfono del fiscal Palma y el iPhone pertenecía a Gonzalo Migueles. Por lo tanto, quien habría reseteado su celular fue Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y no el exfiscal del caso Fundaciones, arista Procultura.
En una solicitud de sobreseimiento de las causas penales, la defensa de Palma señaló lo siguiente:
“Es absolutamente falso lo que se ha filtrado maliciosamente a los medios de prensa respecto a que mi cliente habría reseteado su teléfono”, afirmó el abogado defensor, destacando que estas filtraciones han dañado la reputación del fiscal.
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Según la solicitud de sobreseimiento, los querellantes no tienen pruebas que incriminen a Palma.
Alarcón argumenta que, para que exista el delito de cohecho, debe haber una oferta o beneficio económico “en razón del cargo” de un funcionario público, lo que no ocurrió en este caso, ya que —afirma el defensor— las conversaciones entre Palma y Migueles se dieron en un contexto ajeno a la función pública.
Finalmente, debido a lo que considera una falta de pruebas que respalden las acusaciones y al daño causado por las filtraciones, el abogado de Palma solicitó el sobreseimiento definitivo del caso. En caso de no concederse, exigió que se justifique la negativa y se especifiquen las diligencias pendientes.
