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La propuesta establece la inhabilidad para quienes tengan parentesco con senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, ministros, subsecretarios y el Presidente de la República.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con seis votos a favor y uno en contra, la idea de legislar el proyecto conocido como Ley Antipitutos. El proyecto tiene como objetivo impedir el acceso a cargos públicos a cónyuges y parientes de autoridades.
Esta iniciativa, presentada el 8 de agosto de 2017 por el entonces diputado y excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, busca modificar la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
La propuesta establece la inhabilidad para quienes mantengan vínculos de “matrimonio, parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o por adopción” con senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, ministros, subsecretarios y el Presidente de la República. Sin embargo, se incluye “una excepción para los cargos designados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública”.
El diputado José Carlos Meza, quien solicitó desarchivar la iniciativa, celebró la decisión de la comisión, señalando que se trata de “un triunfo en el combate a la corrupción en el Estado”, según consigna BíoBío Chile. Meza recordó que en abril de 2022, la Bancada Republicana solicitó reactivar el proyecto con el fin de evitar que “los cargos estatales se conviertan en un botín para quienes gobiernan en forma circunstancial”.
Meza también destacó que, desde la implementación de la Ley de Transparencia en 2005, los ciudadanos han tomado conocimiento de cómo los gobiernos de turno han instalado a familiares en altos cargos, generalmente con altos sueldos.
El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, anunció que los parlamentarios tendrán plazo hasta el 9 de octubre para ingresar indicaciones al proyecto, que luego serán votadas en particular.
Posteriormente, la iniciativa pasará a la Sala y, tras siete años de tramitación, podrá avanzar a su segundo trámite constitucional en el Senado.
