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Con esta ley el Gobierno espera destinar nuevos recursos para seguridad y la Pensión Garantizada Universal. Respecto del secreto bancario, se mantuvo la autorización de un juez, pero se redujeron los plazos y se definieron causales en las que los contribuyentes no se podrán oponer.
El proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, parte del Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno, fue despachado a ley por la Cámara de Diputados y Diputadas. De esta forma, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, logró un importante avance con la aprobación de esta iniciativa, que busca recaudar el 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones. De este monto, se estima que US$1.200 millones serán destinados al Presupuesto 2025, con especial enfoque en planes de seguridad y en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El ministro Marcel señaló que “este es un momento que nos permite mostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”. Además, el jefe de la billetera fiscal señaló que junto con los recursos del Royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$1.500 millones, lo que representa un aumento del 40% en comparación con 2022.
Son tres los ejes principales de la nueva Ley, que se resumen en la modernización de la administración tributaria, control de la informalidad y delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente y se fortalece la regularización de obligaciones tributarias, así como la fiscalización de los organismos encargados de garantizar la probidad.
Entre las medidas destacadas se encuentran la modernización de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería, Aduanas y los tribunales tributarios. Se promoverá el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la fiscalización y se aumentará la dotación de personal en estas entidades. Asimismo, se actualizarán los delitos relacionados con el ámbito tributario y se incrementarán algunas sanciones, como aquellas relacionadas con el uso de documentos tributarios falsos.
Otro aspecto relevante es la introducción de la figura de colaboración sustancial, que incentivará la autodenuncia, y el denunciante anónimo, que ayudará a detectar irregularidades en materia fiscal. También se aplicarán mecanismos para mejorar la fiscalización de grupos empresariales y se implementará una política de sostenibilidad tributaria, que incluirá la trazabilidad en el comercio de bienes y nuevas regulaciones sobre operaciones digitales y repatriación de capitales.
A pesar de que la mayoría de los artículos fueron aprobados en primer y segundo trámite sin mayores contratiempos, otros sí fueron foco de disenso en el Senado.
La figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias, el mecanismo de flexibilización del secreto bancario, la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) por el SII y sin media tribunales, fueron los principales puntos de desencuentro y que resultaron en enmiendas.
Respecto al secreto bancario, y aunque se redujeron los plazos de respuesta y se definieron causales graves donde los contribuyentes no podrán oponerse al levantamiento del secreto bancario, se mantuvo la presentación del SII ante un juez para acceder a la información bancaria del contribuyente como condición previa.
Otro de los artículos surgidos del acuerdo en el Senado incluyen el que establece nuevos controles del SII para operaciones en efectivo de alto valor: se propone que en transacciones entre 50 y 135 UF, el pagador deba identificarse y utilizar medios legales que faciliten una mayor trazabilidad. El cambio en el límite de dichas transacciones será determinado por Hacienda, con un informe favorable del Banco Central. También se establecen normas que exigen el inicio de actividades para otorgar créditos bancarios a empresas y comerciantes que utilicen terminales de pago (como POS), regulando casos excepcionales.
En lo que respecta a la NGA, se eliminó el consejo externo que evaluaba los casos en los que debía aplicarse la norma, dejando esta decisión en manos de un comité interno del SII. Además, se mantiene su aplicación en sede judicial, donde el director del servicio deberá presentar el caso ante un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA), permitiendo al contribuyente defenderse. El plazo de prescripción se amplía a seis años.
