Exministro Gómez: “El punto esencial del cambio está en el sistema de administración de justicia”

El abogado y exsenador del Partido Radical (PR), José Antonio Gómez, abordó la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial y las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema, lo que -a su juicio- es un “grave golpe a la credibilidad de una institución tan importante como aquella que imparte justicia”. 

Gómez también se refirió al debate sobre la necesidad de reformar el modelo de gobernanza en el Poder Judicial y su sistema de nombramientos. Al respecto, afirmó que “dadas las consecuencias de la situación en que estamos, existe la posibilidad cierta de hacer ese cambio”, sin embargo, advierte que “va a ser una discusión de larga data”.

El exministro de Justicia, señaló que el foco de la reforma debe estar en cambios al sistema de administración. Y en relación a los nombramientos en la Corte Suprema, opina que se debería tratar de mejorar el actual sistema. “Que exista la participación de los tres poderes del Estado no es malo per se. Lo importante es establecer formas de control y sanciones que sean lo suficientemente drásticas”, dijo.

-¿Cuál es su lectura respecto al ingreso de las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema?
Hay una crisis bastante grave la que está viviendo hoy día el Poder Judicial con toda esta situación de problemas con ministros de la Corte Suprema y hay otras áreas que también probablemente van a aparecer en algún minuto.

Las facultades del Parlamento son propias y, por lo tanto, cuando se producen hechos que son relevantes y graves desde el punto de vista del ejercicio de la función pública, yo creo que tienen esa facultad y la deben ejercer. Ahora, todo eso siempre hay que hacerlo bajo el prisma de que no termine siendo un debate político entre partes, sino que tratar de resolver aquellos problemas que puedan afectar a la comunidad. En este caso en particular, un asunto tan relevante como es el funcionamiento del Poder Judicial, que es una de las instituciones más importantes para la democracia.

-El Ejecutivo anunció el ingreso en octubre de un proyecto de ley para modificar el sistema de nombramiento de los jueces y cambiar el modelo de gobernanza del Poder Judicial. ¿Cómo ve esa discusión en particular, atendiendo a que ha sido algo debatido desde el regreso a la democracia hasta ahora sin mayor éxito?
-Este tema viene desde el presidente Aylwin en adelante, como señalabas tú, donde muchos sectores no querían que se hiciera un cambio profundo respecto a cómo se administraba el Poder Judicial. 

Hoy día, dadas las consecuencias de la situación en que estamos, existe la posibilidad cierta de hacer ese cambio. El problema que veo, es que va a ser una discusión de larga data, es la manera de producir un cambio que va a demorar mucho tiempo en la discusión parlamentaria. Cuando se establece, por ejemplo, la creación de un órgano o consejo de la magistratura, u órganos que son de decisión por fuera del Poder Judicial, eso se va a traducir en un debate largo, intenso y difícil.

Ahora, si uno analiza cómo son los cambios que se han producido en otras partes del mundo, al final es difícil lograr -si es que existe gente que va a estar vinculada a temas de corrupción- un control y resolver el problema. Algunos sostienen que hay que formalizar un sistema de nombramientos donde participen personas que estén fuera del Poder Judicial, pero esas personas van a ser elegidas de alguna manera y lo más probable es que se van a elegir por el mundo político y, por lo tanto, los que pertenezcan a ese organismo también van a representar distintas tendencias.

Entonces no es fácil resolver este problema. En mi opinión, a lo mejor se debería tratar de mejorar el actual sistema de nombramiento, es decir, que exista la participación de los tres poderes del Estado no es malo per se. Lo importante es establecer formas de control y sanciones que sean lo suficientemente drásticas.

-Es decir más allá de esta separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, mantener el mecanismo de nombramientos de los supremos con la participación de los tres poderes del Estado…
-Para que se entiendan las diferencias que pueden existir y que son importantes. Por un lado, está la función del juez, el que dicta sentencias y conoce las causas. Por otro, todo lo administrativo del Poder Judicial. Eso sin duda hay que separarlo. Hoy día la administración la tienen los propios jueces a través de un organismo, pero están integrados los miembros de la Corte Suprema. 

Lo otro que es indispensable es terminar con el sistema de calificaciones, donde los ministros de Corte califican a los jueces y eso produce una cierta permeabilidad a la independencia del juez. Creo que esas áreas hay que analizarlas y ver cómo cambiar.

En mi opinión, el sistema de nombramiento del Poder Judicial, tanto de ministros de Corte, como de la Corte Suprema, tiene ciertos visos de secretismo. Es decir, cuando forman la quina o la terna, cuando hay análisis de los antecedentes, eso tiene que ser absolutamente público.

También debiera existir -respecto de los ministros de Corte de Apelaciones primero- un sistema de antecedentes de los jueces que esté dispuesto en la página y sea conocimiento público. Lo otro, es que si se conocen antecedentes graves respecto de nombramientos, aplicar sanciones graves y duras.

Y respecto a la Corte Suprema, es la misma situación. La Suprema tiene una forma de nombramiento para los ministros externos, y otra forma de nombramientos para los ministros internos. Entonces también ahí hay que establecer una norma de transparencia absoluta, obligación de votar abiertamente y que se conozcan los argumentos.

Cuando llega al Ministerio de Justicia y se lleva al Presidente de la República, también ese trámite debe ser transparente. Y si entre medio de eso hay antecedentes que sean complejos, también aplicar sanciones drásticas. 

Y lo que tiene que ver con el Senado, la misma historia. Que todo sea público y no exista esta posibilidad de relaciones secretas. Si revelan secretismos, que se produzca, por ejemplo, la cesación del cargo del senador, la cesación del cargo del que participó en estas reuniones, pero que sea realmente una sanción ejemplarizadora. 

Por último, no puede ser que no existan plazos para los nombramientos. Es indispensable que se establezcan periodos de máximo 30 días. Y si no se cumple con eso, se nombra al primero de la quina, de la terna según corresponda.

También evitar las formas de nombramientos que se realizan, por ejemplo, en el caso del Fiscal Nacional, o de los ministros de la Corte Suprema. Es decir, que cuando se rechaza el nombre hay que llenar la quina con un nuevo nombre, y así vamos circulando sucesivamente, porque eso permite que el Parlamento vaya rechazando nombres, tal como pasó en la última elección del Fiscal Nacional. 

-Ante la eventualidad de que sea una discusión de largo aliento en el Congreso, ¿cómo ve el rol de los liderazgos en el Ejecutivo para conducir una reforma de este tipo?
-El problema de los liderazgos es bien complejo porque va a depender mucho de las relaciones políticas entre el Gobierno y el Congreso. El tema es si esas reformas van a ser efectivas a corto, a mediano o largo plazo. Y creo que ese es el problema, porque este debate tiene una serie de aristas, por ejemplo, qué va a pasar con la Academia Judicial, qué va a pasar con la Corporación Administrativa, qué va a pasar con la participación de terceros. 

Entonces, va a ser de larga data y creo que el liderazgo habría que ejercerlo para tratar, en un período intermedio, de lograr ciertas reformas que establezcan esta transparencia y estas obligaciones de rapidez en los nombramientos. En la medida en que se vaya discutiendo con mayor profundidad los cambios al sistema de administración de justicia, porque ahí es donde está el punto esencial del cambio.

-En términos más amplios, ¿cómo analiza la afectación en el Poder Judicial a partir de los antecedentes del caso audios, la crisis de credibilidad y confianza en la justicia por parte de la ciudadanía?
–El hecho de que hoy día existan tres ministros acusados constitucionalmente es un grave golpe a la credibilidad de una institución tan importante como aquella que imparte justicia. Creo que eso es de tal gravedad que requiere de mucho liderazgo para resolver el problema.

Porque esta situación produce la sensación pública -y así lo dicen muchas encuestas- que hay justicia para algunos de más fácil resolución porque existen estos contubernios internos respecto del común de la gente, y creo que eso es muy grave para el sistema democrático y para la credibilidad pública. Entonces, en mi opinión hay que trabajar muy rápidamente para lograr recuperar esa credibilidad.