El abogado y miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, se refirió al debate que instaló la Asamblea General de la ONU en su sesión número 79, sobre cómo resolver la inefectividad de los organismos multilaterales y la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad.
La sesión número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas, llevada a cabo en Nueva York, dejó como uno de sus principales consensos el llamado Pacto del Futuro, donde los líderes mundiales expresaron su voluntad para reformar las instituciones internacionales. Una de las reformas clave sería reestructurar el Consejo de Seguridad, reforzar la Asamblea General y el Consejo Económico y Social.
El Pacto, si bien no es vinculante, resulta ser un consenso inédito ante los llamados reiterados por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, quien una vez más advirtió sobre la urgencia de renovar el compromiso con la cooperación internacional, frente a la inefectividad y el fracaso del multilateralismo para dar respuesta a los conflictos globales.
En conversación con El Mostrador, el doctor en Derecho por la Universidad de Yale y miembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Jorge Contesse, profundizó en este debate, acerca del cual afirmó que “no será fácil”, sobre todo en lo relativo al Consejo de Seguridad y el poder de veto de sus miembros.
No obstante, la realidad evidencia que “las instituciones que tenemos a nivel de gobernanza internacional fueron diseñadas para un mundo que hoy día ya no existe. El mundo de los años 40, post Segunda Guerra Mundial, es uno que ha cambiado completamente”, señaló.
El abogado, también se refirió a la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial en Chile, donde afirmó que “la pregunta clave es cómo van a responder las instituciones, (…) y cómo avanzar hacia un sistema de justicia moderno, donde la Corte Suprema ha venido haciendo esfuerzos en este sentido, pero desde luego no han sido suficientes”.
-¿Es una señal importante –más allá de que no sea vinculante– el respaldo político para hacer cambios en la gobernanza de la ONU, en particular del Consejo de Seguridad?
–Yo creo que las declaraciones que hace el secretario general de Naciones Unidas deben conectarse con lo que dijo el año pasado durante la Semana de Alto Nivel, donde se reúnen todos los jefes de Estado. Porque en ese discurso, el de septiembre de 2023, él hace un llamado muy similar a lo que hoy día hemos escuchado. Dice, primero, que las instituciones que tenemos a nivel de gobernanza internacional fueron diseñadas para un mundo que hoy día ya no existe. El mundo de los años 40, post Segunda Guerra Mundial, es uno que ha cambiado completamente. Y lo que él decía entonces, que lo reitera ahora, es que necesitamos actualizar las instituciones multilaterales para los desafíos y los problemas que enfrenta el mundo hoy, no con el panorama y el paisaje que existían en el año 1945-46.
No es naif, él sabe que una reforma de este tipo, especialmente en el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante desde el punto de vista de la toma de decisiones, no será algo fácil. Que quienes tienen el poder de veto, que son los cinco miembros permanentes, no van a soltar ese poder. Pero lo que hemos visto es que, ante la inefectividad, la impotencia de los organismos multilaterales, hoy día pareciera que se está construyendo un consenso respecto de que esta arquitectura jurídica y política no da más y no está siendo capaz de responder a los desafíos.
Es un consenso más amplio respecto a reformar Naciones Unidas, me parece interesante cómo se han venido sumando algunas voces que hasta hace un año no estaban expresamente manifestándose en esta dirección. Países que hoy día lo han dicho de manera inequívoca, para hacer que otros Estados participen de la toma de decisiones que es el seno del Consejo de Seguridad. Creo que ahí es donde hay que apuntar y ver cómo se desarrolla de aquí en adelante esa discusión.
-Si bien son cambios que tomarían mucho tiempo, la ansiedad apremia, a propósito de lo que estamos viendo hoy día en el panorama internacional, ¿cuáles son, a tu juicio, los pasos claves en el mediano plazo para que esto se pueda materializar?
-Los desarrollos políticos a nivel doméstico pueden impactar severamente lo que pasa a nivel multilateral. Por ejemplo, la elección de noviembre en Estados Unidos me parece que va a ser clave para determinar de alguna manera cómo podría encauzarse este ímpetu por reformar el Consejo de Seguridad.
Si gana Donald Trump, no hay ninguna posibilidad, más bien lo contrario. Las posibilidades aumentan de que Naciones Unidas termine siendo aún más impotente frente a los problemas actuales. Pero si gana Harris, se abre una posibilidad, dado que Estados Unidos es hoy día el principal actor que financia o no financia, y donde a nivel de la toma de decisiones se transforma, junto con Rusia y con China, en los tres Estados que han usado su poder de veto en el Consejo de Seguridad para frenar ciertas resoluciones en particular.
La tensión y el trabajo se han puesto sobre la Asamblea General de Naciones Unidas, porque ahí están representados todos los Estados. La gran diferencia, que es clave, es que la Asamblea General no tiene el poder vinculante que tiene el Consejo de Seguridad. Pero, a pesar de no tener este poder vinculante, el hecho de que sea allí donde se están dando discusiones respecto de cuestiones que no logran ser aprobadas a nivel del Consejo de Seguridad, está dándole a la Asamblea General un espacio donde, sin tener el poder, sí tiene la autoridad para llevar adelante ciertas discusiones donde el Consejo de Seguridad se ha mostrado incapaz.
Por lo tanto, yo pondría la atención a nivel doméstico, lo que pase en Ucrania, desde luego en Gaza, la elección presidencial en EE.UU., y el rol multilateral que crecientemente está cumpliendo la Asamblea General, alimentando también otros mecanismos, especialmente el mecanismo judicial que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
-¿Cómo ves este debate en la región? Con el rol, por ejemplo, del Presidente Boric que respalda el camino de António Guterres, la vereda contraria a aquella en la que está Javier Milei, además de la crisis en Venezuela…
–A nivel regional yo creo que Chile, a través del Presidente Boric, encarna una situación que es cómoda desde el punto de vista internacional. En el sentido de que la posición que asume el Gobierno, y con esto el Estado de Chile, es una de respeto irrestricto al derecho internacional. Entonces, cuando digo cómoda es porque él dice “yo no tengo problemas en criticar a la dictadura, sea cual sea su sello político, no tengo problemas en denunciar las violaciones a los derechos humanos, sea quien sea el Estado que esté incumpliendo sus compromisos internacionales”. Y es cierto que esto no se ve en otros Estados, que lo que hacen es evidentemente mirar hacia un lado.
Por lo tanto, Chile y el Gobierno hacen bien en plantearse en una posición de respeto irrestricto al derecho internacional. Eso proyecta que Chile es un país que honra sus compromisos internacionales y que, quienes quieren avanzar en causas que promuevan el respeto y la promoción del multilateralismo, tienen a Chile como un aliado.
Esto contrasta obviamente con otros países. Por ejemplo, el caso del Gobierno argentino, que se sitúa en ese plano de crítica a las instituciones multilaterales, a la agenda de las Naciones Unidas, que está presente en distintas partes del mundo y que hemos visto cuál ha sido el resultado.
Entonces, creo yo que Chile y Argentina hoy día son claramente dos polos muy opuestos cuando se trata de las posiciones enfrentadas en cuanto al rol del derecho internacional y las instituciones multilaterales.
-¿Cómo reflexionan estos temas desde el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas?
–En el Comité y en los mecanismos de Naciones Unidas de esta naturaleza, que son mecanismos independientes, de expertos, la posición es parecida a la que intenta instalar el Estado chileno. Donde lo que nos debe guiar son las normas que la comunidad de naciones se ha dado a sí misma. En el caso del Comité, la Convención contra la Tortura, que este año cumple 40 años. En el caso de los Estados y sus distintas aspiraciones e intereses geopolíticos, la Carta de Naciones Unidas.
Entonces, desde ese punto de vista es más fácil entrar en diálogos con Estados que se toman en serio los compromisos internacionales, y es más desafiante, desde luego, hacerlo con aquellos Estados que parecen adecuar sus posiciones según quienes sean los que están del otro lado. Y eso lo vemos nosotros cuando nos toca examinar a Estados en base a los mecanismos de diálogo interactivo que sostenemos y también con las comunicaciones individuales.
En Naciones Unidas algo que está pasando –que es muy sensible y delicado frente a este ataque al multilateralismo– es una crisis creciente, no solo a nivel político, no solo a nivel diplomático, sino que también financiero.
Y en eso, nuevamente, en el Comité y otros espacios, uno está atento a cuáles son los desarrollos a nivel doméstico, porque son finalmente los Estados los que deciden tener estas instituciones y son ellos los que deciden financiarlas o no financiarlas.
Para Contesse, más allá de repensar el sistema de nombramiento de los jueces, con un sistema de justicia que en los dos procesos constitucionales fallidos no fue posible modificar, vale preguntarse cómo avanzar hacia un sistema de justicia moderno. Y respecto de la lectura que hace del momento y las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, se manifiesta sorprendido. “Lo encuentro tremendo, uno no habría esperado una crisis de esta magnitud en el Poder Judicial”, dice.
-¿Te generó sorpresa?
-La sorpresa es la magnitud. O sea, uno puede esperar que haya situaciones de eventual corrupción, de tráfico de influencias, aquí, por allá, y las instituciones reaccionan a eso. Pero que en el seno de la Corte Suprema, que en la cúspide del Poder Judicial, donde los ciudadanos depositamos la confianza respecto de cómo se van a dirimir nuestros conflictos, esté instalada una duda de esta magnitud, sí me causa sorpresa.
Y frente a ello, la pregunta clave es cómo van a responder las instituciones, tanto la Corte, los órganos políticos, que desde luego ya están avanzando en las acusaciones constitucionales para el juicio político, el cuaderno de remoción por otro y, por supuesto, la opinión pública. Esto me recuerda mucho a la manera en cómo se fueron incubando sensaciones de injusticia a nivel de la ciudadanía, que sabemos en qué derivaron y, por lo tanto, me parece que es clave la forma en que las instituciones van a enfrentar y ser muy claras respecto de qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable y cómo se sigue de aquí en adelante.
-¿Cuáles deberían ser los elementos centrales en el debate sobre la reforma al Poder Judicial?
-Si incorporar el poder político transforma el sistema de nombramientos en una especie de cuoteo, donde las credenciales de los candidatos que van a los tribunales o a otros órganos importan menos, y es simplemente una negociación, me parece que esto no va a resultar de ninguna manera.
Por lo tanto, lo primero es un sistema de nombramientos donde realmente prevalezcan las credenciales técnicas que tengan las personas que van a integrar estos órganos. Lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, lo vimos el año pasado con la elección del Fiscal Nacional, cuánto costó llegar a un consenso por una cuestión, no tanto de méritos técnicos, sino de la negociación política que había ahí.
Y por otro lado, que quienes ingresan desde afuera, como es el caso de los ministros Matus y Vivanco, sean personas que no estén en situaciones de alta conflictividad de interés. Lo que se está develando es que este es un grupo muy pequeño y, por lo tanto, lo que se necesita son normas y mecanismos que hagan eso más imposible, que hagan eso más difícil. Nunca vas a poder desterrarlo por completo, pero si tienes un sistema opaco, donde además ingresa la política de manera directa, bueno, el resultado no puede ser muy distinto de lo que tenemos hoy, lamentablemente.
